JEP inicia investigación sobre la financiación del paramilitarismo en Antioquia
Esta orden se da como parte de las investigaciones que hace la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre el caso del parqueadero Padilla, denominado como la base de la contabilidad del paramilitarismo en Antioquia durante los años noventa. Jacinto Soto, alias Lucas, es procesado en la justicia ordinaria por delitos relacionados con la financiación de ese grupo criminal.
La Jurisdicción Especial para la Paz abrió la investigación con la que pretende desentrañar una de las verdades más esquivas del conflicto armado colombiano: identificar quiénes fueron los financiadores del paramilitarismo en Antioquia durante los años noventa. En los expedientes judiciales estos hechos son conocidos como el caso Parqueadero Padilla, que hace referencia a una locación en el centro de Medellín donde la Fiscalía encontró la contabilidad del grupo criminal encabezado por los hermanos Carlos y Vicente Castaño.
Como parte de las primeras acciones investigativas de este caso, la W Radio informó que la JEP citó a declarar a quien administraba esa oficina subrepticia en el corazón de la capital antioqueña: Jacinto Alberto Soto Toro, a alias Lucas, quien tiene al menos tres procesos pendientes con la Fiscalía General por delitos relacionados con la financiación de hechos criminales de ese grupo criminal.
De acuerdo con el documento publicado por la cadena radial “Según versiones rendidas por otros paramilitares ante el proceso especial de Justicia y Paz, del Parqueadero Padilla (desde donde se manejaban las finanzas de la organización con el liderazgo de alias ‘Lucas’) salieron recursos económicos que financiaron esta y otras masacres. Considerando entonces el conocimiento que puede ostentar el testigo en relación con la instrucción que adelanta esta Sala de Justicia en el subcaso Antioquia, se ha determinado la pertinencia de convocar al señor Jacinto Alberto Soto Toro a diligencia de testimonio reservado”.
En este momento, Soto está preso y está siendo procesado por su presunta participación en la masacre de Coredó y el asesinato de tres investigadores del CTI que investigaban al paramilitarismo en Antioquia. Además, tiene un proceso por su presunta coordinación en las masacres del Aro y la Granja, en Ituango (Antioquia).
Durante las diligencias de indagatoria ante la Fiscalía Lucas ha negado cualquier participación en estos hechos y dice que hay un complot en su contra para que declare en contra el expresidente Álvaro Uribe. Sin embargo, no ha mostrado pruebas de ello.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
La Jurisdicción Especial para la Paz abrió la investigación con la que pretende desentrañar una de las verdades más esquivas del conflicto armado colombiano: identificar quiénes fueron los financiadores del paramilitarismo en Antioquia durante los años noventa. En los expedientes judiciales estos hechos son conocidos como el caso Parqueadero Padilla, que hace referencia a una locación en el centro de Medellín donde la Fiscalía encontró la contabilidad del grupo criminal encabezado por los hermanos Carlos y Vicente Castaño.
Como parte de las primeras acciones investigativas de este caso, la W Radio informó que la JEP citó a declarar a quien administraba esa oficina subrepticia en el corazón de la capital antioqueña: Jacinto Alberto Soto Toro, a alias Lucas, quien tiene al menos tres procesos pendientes con la Fiscalía General por delitos relacionados con la financiación de hechos criminales de ese grupo criminal.
De acuerdo con el documento publicado por la cadena radial “Según versiones rendidas por otros paramilitares ante el proceso especial de Justicia y Paz, del Parqueadero Padilla (desde donde se manejaban las finanzas de la organización con el liderazgo de alias ‘Lucas’) salieron recursos económicos que financiaron esta y otras masacres. Considerando entonces el conocimiento que puede ostentar el testigo en relación con la instrucción que adelanta esta Sala de Justicia en el subcaso Antioquia, se ha determinado la pertinencia de convocar al señor Jacinto Alberto Soto Toro a diligencia de testimonio reservado”.
En este momento, Soto está preso y está siendo procesado por su presunta participación en la masacre de Coredó y el asesinato de tres investigadores del CTI que investigaban al paramilitarismo en Antioquia. Además, tiene un proceso por su presunta coordinación en las masacres del Aro y la Granja, en Ituango (Antioquia).
Durante las diligencias de indagatoria ante la Fiscalía Lucas ha negado cualquier participación en estos hechos y dice que hay un complot en su contra para que declare en contra el expresidente Álvaro Uribe. Sin embargo, no ha mostrado pruebas de ello.
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