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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), dio a conocer que, en el macrocaso que investiga la violencia contra miembros del partido político Unión Patriótica, concluyó que hubo, al menos, un total de 5.733 víctimas. Según dijo la presidenta de la Sala de Reconocimiento, magistrada Belkis Florentina Izquierdo, estas personas fueron asesinadas entre 1984 y 2016, y los principales perpetradores habrían sido paramilitares y agentes del Estado.
La Sala de Reconocimiento estableció que 5.733 personas fueron asesinadas o desaparecidas en ataques dirigidos contra la Unión Patriótica. Y determinó que esta violencia fue ejecutada, principalmente, por agentes de Estado y paramilitares de forma masiva y sistemática. pic.twitter.com/x6vUkW1oAQ
— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) April 22, 2022
Por otra parte, la JEP sostuvo que la investigación de estos hechos se hará por tres periodos: entre 1984 y 1993, 1994 y 1999, y 2000 y 2007. Asimismo, esta jurisdicción consideró que “las regiones más afectadas fueron el Ariari-Guayabero, Magdalena Medio, Urabá, Cundinamarca-Sumapaz y Tolima”. Según las cifras entregadas, del total de víctimas en este macrocaso, “5.195 eran militantes de la UP y 538 víctimas que no eran miembros de la Unión Patriótica”.
Este análisis de la JEP será la hoja de ruta para investigar el exterminio que sufrió el partido político. Según los magistrados, da cuenta de que “de las 5.733 víctimas, 4.616 fueron víctimas de homicidio y 1.117 fueron desaparecidas forzadamente”. Aunado a ello, la magistrada Izquierdo, dijo que “la violencia contra la militancia de la UP fue prevalentemente letal, pues aproximadamente dos de cada tres hechos de violencia contra ese partido se concretaron en asesinatos y desapariciones forzadas”.
La cifra de víctimas que entregó la JEP este viernes está respaldada por siete bases de datos diferentes, en las cuales, a través de los años, quedó consignado el número de víctimas y los hechos que los victimizaron. Dentro de los registros revisados por esta jurisdicción, están: uno de los informes que entregó la Fiscalía a la JEP, información del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), de la Cancillería junto con el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC), el Registro Único de Víctimas de la Unidad de Víctimas (UARIV). Así mismo, un informe de la Corporación Reiniciar, que reúne a víctimas de la UP e información que levantó la propia Sala de Reconocimiento.
La JEP manifestó que por hechos ocurridos en Magdalena Medio y Nordeste Antioqueño, entre 1985 y 1993, están investigando a algunos exmiembros de la Brigada XIV del Ejército: el Batallón de Infantería No. 3 Batalla de Bárbula y el Batallón de Infantería No. 42 Batalla de Bomboná. Asimismo, esta jurisdicción sostiene que investiga a comparecientes que pertenecieron al Batallón de Infantería No. 21 Batalla Pantano de Vargas, adscrito a la VII Brigada del Ejército, por hechos ocurridos en Ariari Guayabero y piedemonte llanero entre 1985 y 1993 y, entre 1999 y 2006.
En Cundinamarca y Sumapaz, dice la JEP, se está investigando a miembros del Departamento de Policía de Cundinamarca y del Batallón de Artillería No. 13 General Fernando Landazábal Reyes, de la Brigada XIII del Ejército, por hechos ocurridos entre 1991 y 2001.
La JEP también manifestó que identificó “la participación de agentes estatales pertenecientes a los órganos de inteligencia civil y militar en connivencia con grupos paramilitares y oficinas de sicarios que ejecutaron crímenes contra la UP”. Según esta jurisdicción, “estos hechos no están concentrados en una sola región, sino que ocurrieron mayoritariamente en capitales departamentales durante el primer periodo de victimización”. Dentro del caso, asegura el tribunal, han comparecido integrantes del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) “pertenecientes a la Dirección Nacional, a la Dirección de Orden Público y de Protección y a las seccionales departamentales de Antioquia y Santander”.
Asimismo, la JEP sostuvo que a la fecha, en el macrocaso sobre el exterminio de miembros de la UP “ha acreditado a 212 víctimas individuales, y a la UP, al Partido Comunista Colombiano (PCC) y al sindicato Sintramienergética, en calidad de sujetos colectivos”. De la misma manera, la jurisdicción consideró que este caso en particular, y a diferencia de los demás que investiga, está “determinado por el hecho de que la totalidad de sus víctimas compartían como característica central el pertenecer, militar o simpatizar” con un partido político.
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