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Como lo había anticipado este diario, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) confirmó la reactivación de $10.000 millones que serán asignados desde el Gobierno de Estados Unidos para fortalecer las labores de la Jurisdicción en temas de justicia, verdad, reparación para las víctimas y fortalecer la eficacia de las salas y secciones de la JEP en la investigación, juzgamiento y sanción de los crímenes cometidos durante el conflicto armado.
La decisión fue informada a la JEP por la Oficina de Investigaciones de Crímenes de Guerra de la American University Washington College of Law señalando que el Departamento de Estado del país norteamericano dio luz verde para la asignación de los recursos. Con ese valor se busca financiar el proyecto denominado “Aumentando el Impacto de la JEP con un enfoque holístico de la Justicia Transicional”, el cual se venía ejecutando desde 2022.
La iniciativa, según informó la JEP, busca fortalecer las capacidades del órgano de justicia transicional en diferentes frentes para garantizar justicia y reparación a las víctimas y continuar con las investigaciones judiciales y sanciones contra los máximos responsables. El proyecto, además, cuenta con la participación de la American University Washington College of Law, el Laboratorio de Justicia y Política Criminal (LabJPC) y la Organización Internacional para el Estado de Derecho y el Desarrollo
La primera fase de ese proyecto ya contaba con varios avances. Por ejemplo, había generado insumos para la evaluación del modelo de gestión judicial y apoyó la investigación del macrocaso 02, que indaga la situación territorial de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas (Nariño), con el fin de abordar la violencia sexual, los crímenes medioambientales y otros aspectos relevantes de crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública.
También, indicó la Jurisdicción, el proyecto fue clave para el fortalecimiento del macrocaso 09, que investiga crímenes no amnistiables cometidos contra pueblos y territorios étnicos en el contexto del conflicto armado. Además, fue determinante para formalizar diálogos con expertas en violencia sexual para los adelantos del macrocaso 11, el cual investiga la violencia basada en género, la violencia sexual, la violencia reproductiva y otros crímenes motivados por prejuicio hacia la orientación sexual durante el conflicto.
La segunda fase, sin embargo, no ha sido implementada, pues dependía de los recursos que ya fueron reactivados. Ese etapa estaba prevista a iniciar en enero de este año y finalizar en septiembre de 2026. Con este dinero, la JEP prevé que se gestione el diseño metodológico de estrategias de revisión y análisis de información, la participación de expertos para la elaboración de insumos sobre patrones ilustrativos y máximos responsables, el establecimiento de estadísticas sobre crímenes y el abordaje de crímenes de género en el macrocaso 09.
También se apoyarían las investigaciones en el macrocaso 11 en lo que tiene que ver con miembros de la fuerza pública y busca generar un fortalecimiento de las capacidades de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), conocida como la fiscalía de la JEP, en los juicios adversariales que enfrentan los comparecientes imputados como máximos responsables que deciden no reconocer responsabilidad.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
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