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El exsubdirector del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), José Miguel Narváez, camina por la cornisa en sus intenciones por someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La Sala de Definición del órgano de esclarecimiento y justicia transicional acaba de rechazarlo parcialmente, pues la propuesta que presentó no cumpliría con la verdad que ya se conocía en la justicia ordinaria. Narváez fue condenado, en 2021, a 26 años de prisión por el homicidio del humorista Jaime Garzón y es investigado por distintos crímenes en asociación con paramilitares del más alto rango.
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“La JEP, bajo sus propósitos de investigar los crímenes más graves y representativos del conflicto armado, y juzgar a los máximos responsables, le dio un ultimátum a Narváez para que en una diligencia reservada presente una propuesta clara y detallada de aporte a la verdad plena, reparación y no repetición, sobre los graves hechos por los que ha sido investigado en la justicia ordinaria. Por ejemplo, los homicidios de Jaime Garzón Forero, Manuel Cepeda Vargas, sus relaciones con el paramilitarismo, las chuzadas del DAS, el secuestro de Piedad Córdoba, la tortura de Claudia Julieta Duque y otros delitos”, señaló la JEP.
La decisión contempla, además, que la justicia ordinaria deberá seguir procesando a Narváez por las relaciones con paramilitares que quedaron plasmadas, por ejemplo, en la sentencia por el homicidio de Jaime Garzón. De acuerdo con la Corte Suprema de Justicia, que confirmó un fallo anterior y rebajó la pena cuatro años, Narváez indujo al mismísimo Carlos Castaño Gil para ordenar el crimen ocurrido el 13 de agosto de 1999. En el expediente quedaron retratadas las declaraciones de Salvatore Mancuso y Diego Murillo, alias Don Berna, entre otros.
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Por otro lado, Narváez fue subdirector del DAS durante la administración de Jorge Noguera Cotes (2002-2005), quien fue condenado, en 2011, a 25 años de prisión por la Corte Suprema de Justicia. La alta corte determinó que Noguera Cotes permitió que el DAS fuera infiltrado por el paramilitarismo, cuando se trataba del órgano estatal de inteligencia durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. De hecho, el 11 de septiembre de 2017, la Corte Suprema lo condenó a otros siete años de prisión como responsable de las “chuzadas del DAS”, en la cual magistrados, periodistas y opositores al gobierno de turno fueron despojados de su intimidad.
Además, Narváez es procesado por el homicidio, en 1994, del entonces senador Manuel Cepeda Vargas, líder político de la diezmada Unión Patriótica (UP) y padre del hoy congresista Iván Cepeda. Asimismo, está acusado como presunto determinador del secuestro de la política Piedad Córdoba, en Medellín en 1999. También se tiene la hipótesis de que indujo a Carlos Castaño a ordenar el crimen, tras supuestamente tildarla de “militante del Eln” o “diplomática de la guerrilla”. Esa es una hipótesis que recientemente se volvió a mover y que había quedado plasmada en los computadores del líder fariano Raúl Reyes, muerto en bombardeo en Ecuador en 2008.
Narváez solicitó someterse a la JEP en agosto de 2019. Por ahora, las pruebas recaudadas por el órgano de justicia le permiten concluir, a la fecha, que el solicitante “contribuyó en forma directa a las Auc como ideólogo en el diseño o construcción de un patrón de actos ilícitos en contra de la población civil”. Incluso fue categorizado como “catedrático de las Auc”, impulsor de ideas criminales para perseguir y exterminar académicos, periodistas y políticos, señalados de pertenecer a grupos guerrilleros.
En su sometimiento, Narváez se comprometió a hablar con la verdad, no obstante, al parecer sus promesas no fueron suficientes para la JEP. “A partir de estos casos puedo contribuir a la comprensión de la guerra política que se desarrolla en el país y que proyecta sus efectos, además de las violencias físicas, en otras formas de confrontación en escenarios judiciales, políticos y propagandísticos que conducen a polarización, enemistades e injusticias que impiden la realización de un clima de paz en Colombia”, explicó el exsubdirector del DAS.
A pesar de las intenciones de Narváez, la JEP consideró que la “verdad presentada” no era lo suficientemente clara para profundizar sobre patrones de macrociminalidad. No aceptó responsabilidad alguna y tampoco mencionó o reconoció a las víctimas. Así las cosas, Narváez tendrá una última oportunidad para presentar un compromiso claro y concreto, en el que señale sobre cuáles hechos en específico aportará un relato verás y contundente. Además, cuál es el capítulo del conflicto armado que ayudará a esclarecer y la información que tenga sobre otros involucrados en las “chuzadas del DAS”, la incursión de las Auc en la inteligencia del Estado y la persecución a la UP. Por los ataques al partido político, el Estado colombiano es procesado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“Al realizar su aporte a la verdad, el señor Narváez Martínez debe tener presente la relevancia de los casos en los cuales se encuentra comprometido, así como el rol que se afirma cumplió en cada uno de ellos, considerando no solo su presunta injerencia en la ideología y actividades criminales de las Auc por casi una década, sino la influencia que ejerció al más alto nivel en actividades de inteligencia por parte de un organismo del Estado como fue el DAS para perseguir y estigmatizar a defensores de derechos humanos, periodistas y políticos que se consideraban afines con los grupos de izquierda, que eran considerados ‘enemigos’”, concluyó la JEP.
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