![Entrega de cuerpos de personas desaparecidas en medio del conflicto armado en Dabeiba Antioquia por parte de la jurisdicción especial de paz JEP](https://www.elespectador.com/resizer/v2/5Y5OAEWX3FCFLKP6ZCDUNDNW6M.jpg?auth=761317e94c56708817966226e568ecfb94c84bd86f44cc4ebc2c70460372db5d&width=920&height=613&smart=true&quality=60)
Este jueves 30 de noviembre y luego de años de incertidumbre, los familiares de Diana María Úsuga Gómez recibirán sus restos. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) logró identificarla como una de las víctimas de falsos positivos que fueron desaparecidas por miembros de Ejército en el cementerio Las Mercedes, de Dabeiba (Antioquia) por lo que ordenó su entrega.
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La entrega hace parte del caso 03, que investiga los falsos positivos, y 04 que se encarga de la violencia en la región del Urabá. A la fecha, según la JEP, 11 víctimas han sido identificadas de más de 40 cuerpos exhumados en ese cementerio y se han llevado a cabo 64 sesiones de versión voluntaria con 28 comparecientes que corresponden a miembros activos e inactivos de la Fuerza Pública.
Este acto será dirigido por la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz y harán parte la Unidad para las Víctimas; el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Dabeiba y de Medellín. Igualmente, será invitada la comunidad internacional.
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El pasado 30 de noviembre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó que les remitan toda la información de los procesos y actuaciones penales y disciplinarias que existan en el caso de asesinatos y desapariciones forzadas ocurridas en Dabeiba (Antioquia), específicamente aquellos que habrían sido ocultados en el cementerio Las Mercedes y que fueron cometidos por miembros de la Fuerza Pública. Particularmente los casos de los ocho comparecientes que ya aportaron verdad y reconocimientos por los hechos imputados.
En este caso se estudiaron los asesinatos y desapariciones forzadas que fueron presentadas como bajas en combate por parte de la Fuerza Pública en la zona de Urabá de 1997 a 2002, que posteriormente habrían sido ocultados en los cementerios municipales para que no pudieran ser identificados. Según la información recopilada por la JEP, la mayoría de las víctimas eran hombres de entre 20 y 35 años en situación de vulnerabilidad. La JEP imputó por ello a 10 militares, de los cuales ocho han aceptado culpas.
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