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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció que abrirá un macrocaso de violencia sexual durante el conflicto armado. Así lo dio a conocer la Sala de Reconocimiento, luego de dar apertura formal al macrocaso 10: graves crímenes e infracciones al Derecho Internacional Humanitario cometidos por las Farc. Con el presente anuncio, se escucha a víctimas quienes durante años exigieron que se investigue específicamente la violencia de género.
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“Además del macrocaso 10, la Sala está en las etapas finales de concentración del macrocaso 08, sobre los graves crímenes cometidos por la fuerza pública en asocio con estructuras paramilitares y otros agentes del Estado; el macrocaso 09, sobre los crímenes cometidos en contra de pueblos y territorios étnicos; y el macrocaso 11, sobre la violencia sexual y otros crímenes motivados por el género, sexo, orientación o identidad de género de la víctima”, señaló la JEP.
Entre las voces más fuertes que exigieron un macrocaso de violencia sexual estuvo la periodista y activista de género Jineth Bedoya Lima. En marzo de 2021, mientras las Corte Interamericana de Derechos Humanos escuchaba a Bedoya, la experiodista de El Espectador pidió que en Colombia, en la JEP, se abordaran casos como el suyo con enfoque de género. Fue víctima de violencia sexual por paramilitares cuando cubría la crisis carcelaria en Colombia, por lo cual la Corte condenó al Estado por negligente.
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Solo cuando Bedoya hizo la petición, la Agencia de Defensa Jurídica del Estado envió una carta al magistrado Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP, ahiriendo a la petición. “Si bien la JEP ha desarrollado algunas estrategias e instrumentos teniendo en cuenta un enfoque de género, y ha priorizado algunas situaciones territoriales en donde la violencia sexual y de género se incluyen como uno de los crímenes a investigar, quiero sumarme a la petición de Jineth Bedoya para que la JEP priorice y le dé un tratamiento especial a los delitos sexuales cometidos en el conflicto”, señaló la representación de Gobierno.
La magistrada Julieta Lemaitre, de la Sala de Reconocimineto, explicó el origen del macrocaso 11 sobre violencia sexual: “Recibimos muchos informes sobre crímenes sexuales, y otros delitos, cometidos por una motivación distinta: orientación sexual, principalmente. Crímenes que las mismas víctimas dicen: ‘esto me pasó por ser mujer’. Un ejemplo que es culturalmente accesible a todo el mundo es cuando los actores armados violan a las mujeres cuando las encuentran solas. Encontramos diversos crímenes contra personas que visiblemente tienen una orientación sexual diversa, por el simple hecho de tener esa orientación que culturalmente es rechazada”.
Según el Registro Único de Víctimas, de 1985 a 2021, más de 30.086 mujeres han sido víctimas de delitos contra la libertad y la integridad sexual. De acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica, además, entre 1959 y 2017 se registraron alrededor de 15.711 víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto. Nueve de cada diez personas fueron mujeres. “Sería muy importante que la jurisdicción atienda este llamado a la priorización de estas conductas con el propósito, además, de generar las condiciones para construir y desarrollar el enfoque de género en la justicia transicional”, le dijo la directora de Sisma Mujer, Linda Cabrera, a El Espectador en diciembre pasado, esperando noticias como las de hoy 15 de julio.
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La JEP también recibió críticas académicas, como las que se encuentran en el informe Estudio sobre la Situación y las Oportunidades del Derecho a la Reparación de las Víctimas y Sobrevivientes de Violencia Sexual y Reproductiva en el Conflicto Armado. Elaborado por tres abogadas y una antropóloga, se deja claro que, aunque el Estado cuenta con una política de reparación administrativa “ambiciosa”, los retos por los que debería responder están en la reparación integral: salud, educación y herramientas para fortalecer su dignidad, entre otras.
“Aunque hasta la fecha la JEP no ha respondido como debe a la magnitud y gravedad de estas formas de violencia dentro del conflicto armado, todavía es posible que pueda dar prioridad a un caso sobre la violencia sexual, lo que a su vez podría llevar a que se ordenen sanciones propias contra los máximos responsables que reconozcan verdad y responsabilidad. Estas sanciones deben incluir una dimensión reparadora y podrían convertirse en un ejemplo de justicia de género y reparación a nivel mundial”, se lee en el informe. Por ahora, la JEP se comprometió a investigar la violencia sexual, atendiendo el llamado de las víctimas.
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