Expulsan de la JEP a militar condenado por desaparición en el Palacio de Justicia
El militar en retiro fue condenado a 40 años de prisión por su responsabilidad en la desaparición de la exguerrillera del M-19, Irma Franco Pineda, y de dos empleados de la cafetería del Palacio de Justicia durante la toma de noviembre de 1985. Ahora la justicia ordinaria retomará las riendas del caso.
En la mañana de hoy se conoció una decisión de la Sala de Definición de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), con la que se le cierra el camino al proceso en contra de un exmilitar que había sido aceptado por el tribunal de cierre por su responsabilidad en desapariciones forzadas durante la retoma del Palacio de Justicia.
Se trata del sargento mayor del Ejército, Ferney Ulmandín Causaya, condenado a cuarenta años de prisión por su participación en la desaparición de tres personas durante los hechos del 6 y 7 de noviembre de 1985.
El militar en retiro fue hallado responsable en la desaparición de Irma Franco Pineda, exguerrillera de M-19, y de los civiles Carlos Augusto Rodríguez y Bernardo Beltrán Hernández, que trabajaban en la cafetería del Palacio de Justicia.
Lea también: En 2024 hubo 76 masacres en Colombia: ¿mejoró la seguridad o se potenció el miedo?
Según la JEP, su decisión de expulsar a Ulmandín Causaya del sistema especial se fundamentó en que habría incumplido sus compromisos con el tribunal de cierre, al no hacer aportes reales de verdad sobre los hechos por los que ha sido investigado.
“Aunque describe sus actividades durante los días de los hechos, su versión no proporciona elementos nuevos ni relevantes que contribuyan a esclarecer su participación y la de terceros en las conductas frente a las cuales la justicia ordinaria determinó su responsabilidad penal, particularmente en las desapariciones forzadas ocurridas durante las acciones militares”, indicó la JEP.
Según el relato del militar en retiro, quien hacía parte del grupo de inteligencia del Ejército, su trabajo estaba limitado a la recolección de información relacionada con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y no con la guerrilla del M-19, que perpetró la toma del Palacio.
Además, le dijo al tribunal que durante los dos días de la toma y retoma violenta solo fue a la Casa del Florero para entregar equipos de comunicaciones, pero no habría hecho parte de ninguna otra operación ni acción militar.
Le puede interesar: Nuevos detalles del asesinato de un policía en Puerto Tejada (Cauca)
Por esa razón, la Sala de Definición consideró que el aporte a la verdad de Ulmandín Causaya va en contravía de los intereses de verdad de las víctimas y no es coherente con el material probatorio recolectado y analizado por la justicia ordinaria en el proceso en el que lo halló culpable.
El tribunal también señaló que no hubo ánimo de aporte a la reparación por parte del militar en retiro. Por el contrario, en su única declaración al respecto se desvinculó de cualquier acción real de reparación. “Oro a Dios para que se pueda encontrar la verdad de los responsables de los hechos, si sucedieron”, señaló Ulmandín Causaya.
Luego de que la JEP le comunicara su decisión a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el hombre quedará a disposición de la justicia ordinaria para que garantice el cumplimiento de la condena que ya le fue impuesta y avance en otra investigación que hay vigente en su contra.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
En la mañana de hoy se conoció una decisión de la Sala de Definición de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), con la que se le cierra el camino al proceso en contra de un exmilitar que había sido aceptado por el tribunal de cierre por su responsabilidad en desapariciones forzadas durante la retoma del Palacio de Justicia.
Se trata del sargento mayor del Ejército, Ferney Ulmandín Causaya, condenado a cuarenta años de prisión por su participación en la desaparición de tres personas durante los hechos del 6 y 7 de noviembre de 1985.
El militar en retiro fue hallado responsable en la desaparición de Irma Franco Pineda, exguerrillera de M-19, y de los civiles Carlos Augusto Rodríguez y Bernardo Beltrán Hernández, que trabajaban en la cafetería del Palacio de Justicia.
Lea también: En 2024 hubo 76 masacres en Colombia: ¿mejoró la seguridad o se potenció el miedo?
Según la JEP, su decisión de expulsar a Ulmandín Causaya del sistema especial se fundamentó en que habría incumplido sus compromisos con el tribunal de cierre, al no hacer aportes reales de verdad sobre los hechos por los que ha sido investigado.
“Aunque describe sus actividades durante los días de los hechos, su versión no proporciona elementos nuevos ni relevantes que contribuyan a esclarecer su participación y la de terceros en las conductas frente a las cuales la justicia ordinaria determinó su responsabilidad penal, particularmente en las desapariciones forzadas ocurridas durante las acciones militares”, indicó la JEP.
Según el relato del militar en retiro, quien hacía parte del grupo de inteligencia del Ejército, su trabajo estaba limitado a la recolección de información relacionada con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y no con la guerrilla del M-19, que perpetró la toma del Palacio.
Además, le dijo al tribunal que durante los dos días de la toma y retoma violenta solo fue a la Casa del Florero para entregar equipos de comunicaciones, pero no habría hecho parte de ninguna otra operación ni acción militar.
Le puede interesar: Nuevos detalles del asesinato de un policía en Puerto Tejada (Cauca)
Por esa razón, la Sala de Definición consideró que el aporte a la verdad de Ulmandín Causaya va en contravía de los intereses de verdad de las víctimas y no es coherente con el material probatorio recolectado y analizado por la justicia ordinaria en el proceso en el que lo halló culpable.
El tribunal también señaló que no hubo ánimo de aporte a la reparación por parte del militar en retiro. Por el contrario, en su única declaración al respecto se desvinculó de cualquier acción real de reparación. “Oro a Dios para que se pueda encontrar la verdad de los responsables de los hechos, si sucedieron”, señaló Ulmandín Causaya.
Luego de que la JEP le comunicara su decisión a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el hombre quedará a disposición de la justicia ordinaria para que garantice el cumplimiento de la condena que ya le fue impuesta y avance en otra investigación que hay vigente en su contra.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.