JEP imputa a 10 ex-Farc por delitos de lesa humanidad en el Cauca y sur del Valle
La Sala de Reconocimiento entregó su primera imputación en el caso 05 y encontró que dos columnas de la antigua guerrilla que hacían presencia en estos municipios perpetraron ataques contra la población civil, asesinaron a miembros de la Fuerza Pública desarmados, entre otros crímenes. Su objetivo era “lograr el control territorial y social”.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó a 10 exmiembros de las Farc por crímenes cometidos en el suroccidente del país. Se trata de la primera decisión de fondo en el caso 05 de la Sala de Reconocimiento de Verdad, que investiga los hechos más graves de la guerra que ocurrieron en los territorios del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca. En el caso hay registradas al menos 178.149 víctimas, agrupadas en 138 sujetos colectivos.
(En contexto: Excomandantes de las extintas Farc reconocieron crímenes en Cauca y sur del Valle)
La JEP acusa a los exguerrilleros de uso de minas, reclutamiento de niños, asesinato y desaparición de líderes de esta región del país, destrucción del medio ambiente, entre otros crímenes. Los imputados pertenecieron a las columnas Jacobo Arenas y Gabriel Galvis del Bloque Occidental de las antiguas Farc y deberán responder por crímenes de lesa humanidad como confinamiento, desaparición forzada, confinamiento, entre otros.
“El objetivo de estas dos columnas móviles fue crear un corredor entre el centro y el occidente de Colombia y ejercer dominio y control para construir una sofisticada estructura armada en el sur del país que les permitiera tomarse Cali, Popayán, Pasto y el litoral pacífico”, explicó el magistrado que condujo el caso, Raúl Sánchez. El objetivo con las tomas guerrilleras que se vivieron en esta región era declarar un gobierno provisional, desde ahí expandir su presencia y obtener el poder por las armas.
En concreto, la Sala de Reconocimiento encontró diez patrones de violencia en las actuaciones de estos dos frentes de la antigua guerrilla. En primer lugar, perpetraron ataques para expulsar a las autoridades de la zona, dejando cientos de muertos y heridos entre la población civil. Segundo, la muerte y desaparición forzada de indígenas, campesinos y otras personas protegidas mientras este grupo armado desarrollaba su política de control territorial y social.
(Lea también: La JEP denunció a funcionarios de Néstor H. Martínez por ocultar información)
Las antiguas Farc, concluyó la JEP, también desaparecieron a civiles considerados informantes, colaboradores y personas que consideraban enemigos en los 17 municipios que cubre el caso 05. De otro lado, la violencia perpetrada en estos territorios generó tal zozobra en la población civil, que quienes no compartían la visión de la guerrilla fueron desplazados, sufriendo desterritorialización. En quinto lugar, la JEP asegura que indígenas, campesinos y afrodescendientes que no compartieran su visión eran perseguidos.
En sexto lugar, la Sala de Reconocimiento acusa a las antiguas Farc de reclutar a niñas y niños, en especial desde finales desde los años noventa y tuvo un aumento significativo desde 2011. La mayoría e las víctimas de este crimen eran menores de edad indígenas o afro. Asimismo, la JEP encontró que la exguerrilla utilizó minas antipersona para asegurar su control territorial. Por ejemplo, en 2003, la columna móvil Gabriel Galvis minó la zona de páramo del sur del Valle del Cauca.
(Le puede interesar: Se avecinan las primeras sentencias de la JEP: ¿qué esperar?)
La antigua guerrilla que operaba en estos departamentos también desarrolló “ajusticiamientos” y consejos de guerra, en los que miembros de la organización guerrillera desconoció protocolos del DIH. Asimismo, las comunidades étnicas de la zona sufrieron confinamientos, que incluyeron la imposición de horarios, la restricción de transitar sitios sagrados, entre otras. Y, finalmente, la JEP encontró que con su política de expansión, la antigua guerrilla afectó gravemente el medio ambiente, por ejemplo, a través de la instalación de explosivos o del cobro de rentas por la minería ilegal.
En el macrocaso se investigaron las violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario más graves cometidas durante el conflicto en 17 municipios de estos dos departamentos. En concreto, en Santander de Quilichao, Suárez, Buenos Aires, Morales, Caloto, Corinto, Toribío, Caldono, Jambaló, Miranda, Padilla y Puerto Tejada, en el Cauca; así como en Palmira, Pradera, Florida, Candelaria y Jamundí, en el Valle del Cauca.
(Lea también: La voz ancestral afro que comenzó a retumbar en la JEP)
Entre los diez exmiembros de las Farc imputados no hay miembros del secretariado, pues comenzaron de abajo hacia arriba. Se trata de Diego Ardila Merchán, José Gregorio Lasso Céspedes, Efrén Núñez Pulido, Remigio Valero Ríos y Gloria Ramírez Basto, quienes hicieron parte de la comandancia de la columna móvil Gabriel Galvis; así como Reinel Natalio García Mujica, Braulio Vásquez Fonseca, James Castro Jaramillo, Heriberto Reina Suaza y José Antonio Muñoz, quienes formaron parte de la comandancia de la columna móvil Jacobo Arenas.
Luego de recibir la imputación, los diez exmiembros de las Farc imputados tienen 30 días para decidir si aceptan los hechos y las conductas que determinó la Sala de Reconocimiento. Si aceptan esta imputación, la JEP debe citarlos a una audiencia de reconocimiento, en la que le pidan perdón al país y las víctimas, luego de lo cual podrían enfrentar sanciones reparadoras y privación de sus derechos por hasta ocho años. De lo contrario, el proceso pasaría a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), que es la fiscalía de la JEP, y en ese caso se enfrentarían a una pena de hasta 20 años de prisión.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó a 10 exmiembros de las Farc por crímenes cometidos en el suroccidente del país. Se trata de la primera decisión de fondo en el caso 05 de la Sala de Reconocimiento de Verdad, que investiga los hechos más graves de la guerra que ocurrieron en los territorios del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca. En el caso hay registradas al menos 178.149 víctimas, agrupadas en 138 sujetos colectivos.
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La JEP acusa a los exguerrilleros de uso de minas, reclutamiento de niños, asesinato y desaparición de líderes de esta región del país, destrucción del medio ambiente, entre otros crímenes. Los imputados pertenecieron a las columnas Jacobo Arenas y Gabriel Galvis del Bloque Occidental de las antiguas Farc y deberán responder por crímenes de lesa humanidad como confinamiento, desaparición forzada, confinamiento, entre otros.
“El objetivo de estas dos columnas móviles fue crear un corredor entre el centro y el occidente de Colombia y ejercer dominio y control para construir una sofisticada estructura armada en el sur del país que les permitiera tomarse Cali, Popayán, Pasto y el litoral pacífico”, explicó el magistrado que condujo el caso, Raúl Sánchez. El objetivo con las tomas guerrilleras que se vivieron en esta región era declarar un gobierno provisional, desde ahí expandir su presencia y obtener el poder por las armas.
En concreto, la Sala de Reconocimiento encontró diez patrones de violencia en las actuaciones de estos dos frentes de la antigua guerrilla. En primer lugar, perpetraron ataques para expulsar a las autoridades de la zona, dejando cientos de muertos y heridos entre la población civil. Segundo, la muerte y desaparición forzada de indígenas, campesinos y otras personas protegidas mientras este grupo armado desarrollaba su política de control territorial y social.
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Las antiguas Farc, concluyó la JEP, también desaparecieron a civiles considerados informantes, colaboradores y personas que consideraban enemigos en los 17 municipios que cubre el caso 05. De otro lado, la violencia perpetrada en estos territorios generó tal zozobra en la población civil, que quienes no compartían la visión de la guerrilla fueron desplazados, sufriendo desterritorialización. En quinto lugar, la JEP asegura que indígenas, campesinos y afrodescendientes que no compartieran su visión eran perseguidos.
En sexto lugar, la Sala de Reconocimiento acusa a las antiguas Farc de reclutar a niñas y niños, en especial desde finales desde los años noventa y tuvo un aumento significativo desde 2011. La mayoría e las víctimas de este crimen eran menores de edad indígenas o afro. Asimismo, la JEP encontró que la exguerrilla utilizó minas antipersona para asegurar su control territorial. Por ejemplo, en 2003, la columna móvil Gabriel Galvis minó la zona de páramo del sur del Valle del Cauca.
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La antigua guerrilla que operaba en estos departamentos también desarrolló “ajusticiamientos” y consejos de guerra, en los que miembros de la organización guerrillera desconoció protocolos del DIH. Asimismo, las comunidades étnicas de la zona sufrieron confinamientos, que incluyeron la imposición de horarios, la restricción de transitar sitios sagrados, entre otras. Y, finalmente, la JEP encontró que con su política de expansión, la antigua guerrilla afectó gravemente el medio ambiente, por ejemplo, a través de la instalación de explosivos o del cobro de rentas por la minería ilegal.
En el macrocaso se investigaron las violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario más graves cometidas durante el conflicto en 17 municipios de estos dos departamentos. En concreto, en Santander de Quilichao, Suárez, Buenos Aires, Morales, Caloto, Corinto, Toribío, Caldono, Jambaló, Miranda, Padilla y Puerto Tejada, en el Cauca; así como en Palmira, Pradera, Florida, Candelaria y Jamundí, en el Valle del Cauca.
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Luego de recibir la imputación, los diez exmiembros de las Farc imputados tienen 30 días para decidir si aceptan los hechos y las conductas que determinó la Sala de Reconocimiento. Si aceptan esta imputación, la JEP debe citarlos a una audiencia de reconocimiento, en la que le pidan perdón al país y las víctimas, luego de lo cual podrían enfrentar sanciones reparadoras y privación de sus derechos por hasta ocho años. De lo contrario, el proceso pasaría a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), que es la fiscalía de la JEP, y en ese caso se enfrentarían a una pena de hasta 20 años de prisión.
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