JEP imputa a excomandante del Ejército Jaime Lasprilla por falsos positivos

Una nueva imputación por falsos positivos anunció la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). 35 militares entre ellos cinco generales (r), fueron imputados por crímenes de guerra y de lesa humanidad ocurridos en el departamento de Huila entre 2005 y 2008. Entre los imputados está el excomandante del Ejército, Jaime Lasprilla.

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Los militares, que hicieron parte del Batallón de Infantería No. 26 ‘Cacique Pigoanza; del Batallón de Infantería No. 27 ‘Magdalena’; de la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas No. 11 y de la IX Brigada; fueron imputados por 200 casos de falsos positivos, 32 de los cuales fueron víctimas de desaparición forzada, además de ocho tentativas de homicidio documentadas por la Sala de Reconocimiento de Verdad.

Los cinco generales que fueron imputados como máximos responsables son tres antiguos comandantes de la IX Brigada a título de autores por omisión, es decir, el mayor general Miguel Ernesto Pérez Guarnizo, el general (r) Jaime Alfonso Lasprilla Villamizar, quien llegó a ser comandante del Ejército Nacional y el brigadier general William Fernando Pérez Laiseca.

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“La Sala subrayó que los generales imputados debían proteger los bienes jurídicos de la población, controlar efectivamente a sus subordinados y, a pesar de contar con medidas razonables a su alcance para hacerlo, incumplieron sus obligaciones constitucionales. Desde el mando que ocuparon fueron permisivos, laxos en los controles y no ejercieron sus competencias de prevención, investigación y sanción. Esto facilitó la difusión, permanencia y encubrimiento de los crímenes”, explicó la JEP por medio de un comunicado.

La JEP agregó que las acciones de los tres generales retirados transmitieron la percepción que desde la IX Brigada se permitía el lanzamiento irregular de operaciones para perpetrar homicidios bajo la modalidad de combate simulado y, con ello, que era posible acudir al pago irregular de recompensas para financiarlos. También fueron imputados como coautores los generales (r) Édgar Rodríguez Sánchez y Marcos Evangelista Pinto Lizarazo y 30 militares más que se desempeñaron como integrantes de los pelotones, comandantes de pelotón y compañía de las cuatro unidades. La Sala considera que esos uniformados siguieron un acuerdo común, con división del trabajo criminal e hicieron aportes esenciales en las fases de planeación, ejecución y encubrimiento de los hechos.

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“Más allá de la responsabilidad penal individual que se les atribuye en el Subcaso Huila, la Sala de JEP observa una falla sistémica de las instituciones, militares y civiles, encargadas de la protección de la población en el Huila. Los mecanismos de control disponibles fallaron o fueron insuficientes para proteger los bienes jurídicos de las personas más vulnerables. Y solo se adoptaron medidas cuando las atrocidades fueron conocidas por la opinión pública”, explicó la JEP.

Por último la justicia especial explicó que aunque escuchó en versión al teniente coronel (r) Martín Orlando Galindo Páez, antiguo comandante del Batallón de Infantería No. 27 ‘Magdalena y a seis oficiales (mayores, tenientes coroneles y coroneles) integrantes del Estado Mayor de la IX Brigada, no imputó a ninguno de ellos, porque consideró que no hay bases suficientes para considerarlos máximos responsables. Por esa razón, todos ellos serán remitidos junto a otros 187 integrantes de la fuerza pública y 453 personas más mencionadas en informes y versiones a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas para que les resuelva su situación jurídica.

El general (r) fue comandante del Ejército entre 2014 y 2015, llegó al cargo luego de un remezón a la cúpula militar que se anunció en febrero de ese año. Hasta ese momento se había desarrollado como Jefe del Comando Conjunto de Operaciones Especiales (CCOES) y en 2011 fue designado como Jefe del Comando de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega. El general retirado desempeñó la mayoría de su carrera militar al sur del país y logró la captura de dos jefes de la guerrilla alias Payaso y alias El Boyaco, miembros clave del bloque Oriental de las ya desmovilizadas Farc.

Para llegar a este punto la JEP tuvo en cuenta siete informes aportados por entidades estatales, organizaciones de víctimas y defensoras de derechos humanos; 129 versiones de integrantes de la fuerza pública ante la JEP, más de 100.000 folios de expedientes digitales que fueron obtenidos mediante inspecciones judiciales a las unidades militares priorizadas, así como 65 procesos de la Justicia Penal Ordinaria y la Justicia Penal Militar, entre otros documentos.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Una nueva imputación por falsos positivos anunció la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). 35 militares entre ellos cinco generales (r), fueron imputados por crímenes de guerra y de lesa humanidad ocurridos en el departamento de Huila entre 2005 y 2008. Entre los imputados está el excomandante del Ejército, Jaime Lasprilla.

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Los militares, que hicieron parte del Batallón de Infantería No. 26 ‘Cacique Pigoanza; del Batallón de Infantería No. 27 ‘Magdalena’; de la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas No. 11 y de la IX Brigada; fueron imputados por 200 casos de falsos positivos, 32 de los cuales fueron víctimas de desaparición forzada, además de ocho tentativas de homicidio documentadas por la Sala de Reconocimiento de Verdad.

Los cinco generales que fueron imputados como máximos responsables son tres antiguos comandantes de la IX Brigada a título de autores por omisión, es decir, el mayor general Miguel Ernesto Pérez Guarnizo, el general (r) Jaime Alfonso Lasprilla Villamizar, quien llegó a ser comandante del Ejército Nacional y el brigadier general William Fernando Pérez Laiseca.

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“La Sala subrayó que los generales imputados debían proteger los bienes jurídicos de la población, controlar efectivamente a sus subordinados y, a pesar de contar con medidas razonables a su alcance para hacerlo, incumplieron sus obligaciones constitucionales. Desde el mando que ocuparon fueron permisivos, laxos en los controles y no ejercieron sus competencias de prevención, investigación y sanción. Esto facilitó la difusión, permanencia y encubrimiento de los crímenes”, explicó la JEP por medio de un comunicado.

La JEP agregó que las acciones de los tres generales retirados transmitieron la percepción que desde la IX Brigada se permitía el lanzamiento irregular de operaciones para perpetrar homicidios bajo la modalidad de combate simulado y, con ello, que era posible acudir al pago irregular de recompensas para financiarlos. También fueron imputados como coautores los generales (r) Édgar Rodríguez Sánchez y Marcos Evangelista Pinto Lizarazo y 30 militares más que se desempeñaron como integrantes de los pelotones, comandantes de pelotón y compañía de las cuatro unidades. La Sala considera que esos uniformados siguieron un acuerdo común, con división del trabajo criminal e hicieron aportes esenciales en las fases de planeación, ejecución y encubrimiento de los hechos.

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Por último la justicia especial explicó que aunque escuchó en versión al teniente coronel (r) Martín Orlando Galindo Páez, antiguo comandante del Batallón de Infantería No. 27 ‘Magdalena y a seis oficiales (mayores, tenientes coroneles y coroneles) integrantes del Estado Mayor de la IX Brigada, no imputó a ninguno de ellos, porque consideró que no hay bases suficientes para considerarlos máximos responsables. Por esa razón, todos ellos serán remitidos junto a otros 187 integrantes de la fuerza pública y 453 personas más mencionadas en informes y versiones a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas para que les resuelva su situación jurídica.

El general (r) fue comandante del Ejército entre 2014 y 2015, llegó al cargo luego de un remezón a la cúpula militar que se anunció en febrero de ese año. Hasta ese momento se había desarrollado como Jefe del Comando Conjunto de Operaciones Especiales (CCOES) y en 2011 fue designado como Jefe del Comando de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega. El general retirado desempeñó la mayoría de su carrera militar al sur del país y logró la captura de dos jefes de la guerrilla alias Payaso y alias El Boyaco, miembros clave del bloque Oriental de las ya desmovilizadas Farc.

Para llegar a este punto la JEP tuvo en cuenta siete informes aportados por entidades estatales, organizaciones de víctimas y defensoras de derechos humanos; 129 versiones de integrantes de la fuerza pública ante la JEP, más de 100.000 folios de expedientes digitales que fueron obtenidos mediante inspecciones judiciales a las unidades militares priorizadas, así como 65 procesos de la Justicia Penal Ordinaria y la Justicia Penal Militar, entre otros documentos.

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