JEP imputa a Pablo Catatumbo y 14 exjefes de las FARC por delitos de lesa humanidad
Los exguerrilleros tendrán que responder por los delitos de secuestro, homicidio, desaparición forzada, violencia sexual y delitos ambientales, entre otros, que fueron cometidos por ese extinto grupo armado en Nariño. Según la JEP, esta es la investigación más grande que se ha hecho hasta ahora.
Desde Tumaco, Nariño, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció la imputación al exintegrante del secretariado de las Farc y excomandante del Bloque Occidental de esa guerrilla, Pablo Catatumbo, y 14 exjefes de las FARC, por crímenes de guerra y de lesa humanidad de los que son considerados los máximos responsables en Nariño.
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La imputación corresponde al caso 02, el cual prioriza la situación territorial de Ricaurte, Tumaco y Barbacoas (Nariño), entre 1990 y el 1 de diciembre de 2016. Allí, la JEP ha logrado identificar alrededor de 3.000 hechos, principalmente, contra la población indígena, la mayoría de ellos del pueblo Awá, e integrantes de Consejos Comunitarios de Río Chagüí, Alto Mira y Frontera. “La investigación que presentamos es la más amplia que ha presentado la JEP hasta ahora por el territorio que prioriza. Tres municipios que fueron particularmente azotados por la guerra”, dijo el presidente de esa jurisdicción, Roberto Carlos Vidal.
En ese contexto, la JEP imputó a Pablo Catatumbo en su calidad de comandante del Comando Conjunto de Occidente y Edgar López Gómez, más conocido Pacho Chino, como coordinador del Comando Conjunto de Occidente y comandante del Frente 29. También fueron imputados Luis Eduardo Carvajal, conocido como Rambo, Hedier Espinosa Feria, Groelfi Rodríguez Moreno, Wilfrido Ávila Fuentes, Rubiel Torres Mondragón, Arlez Porras Gómez, Fabio Murcia Camacho, Jair Enrique Acosta, Ricardo Palomino Ducuara, Alberto López Palomino, José Geidin Castro, Diego Alberto González y Juan Carlos Caicedo.
¿Qué encontró la JEP?
La JEP determinó que bajo una política de control social y territorial en Nariño por parte de la extinta guerrilla de las FARC, se ejecutaron 6 patrones macrocriminales que generaron daños graves, diferenciados y desproporcionados contra pueblos indígenas, pueblo negro afrocolombiano, comunidades campesinas, poblaciones urbanas y rurales, mujeres y niñas, personas con orientaciones sexuales e identidades y expresiones de género diversas, la naturaleza y los territorios ancestrales y colectivos.
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En este sentido, la JEP encontró que entre 1997 y 2016 se documentaron 314 hechos de asesinatos selectivos, masacres y desapariciones forzadas contra la población civil. La jurisdicción también documentó, entre 1990 y 2016, 334 hechos de desplazamiento forzado, con 27.087 víctimas y 44 confinamientos, asociados a combates, órdenes directas del grupo guerrillero o como consecuencia de otros hechos victimizantes.
La JEP también determinó que entre 2001 y 2015 fueron reclutados 102 niños y niñas con pertenencia étnica. Del total, 13 eran niñas y 89 eran niños. Además, entre 1990 y 2016 se documentaron 168 hechos de violencia sexual y de género contra mujeres y niñas, y violencia por prejuicio contra personas con orientaciones sexuales e identidades y expresiones de género diversas, en los que se identificaron 254 víctimas directas.
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En esta decisión y de manera inédita, la JEP también documentó como esta guerrilla afectó al medio ambiente. En total, la JEP encontró que las extintas FARC llevaron a cabo 71 hechos de destrucción contra la Naturaleza, mediante el vertimiento de más de 70.000 barriles de crudo, derivado de los ataques contra la infraestructura del Oleoducto Trasandino (OTA) y el control y desarrollo de actividades de minería criminal de oro.
En este sentido, se determinó que los hechos ejecutados en el marco de los seis patrones de macrocriminalidad configuran los crímenes de lesa humanidad, exterminio, persecución contra pueblos indígenas y afrocolombianos; mujeres y niñas; y personas con orientaciones sexuales e identidades y expresiones de género diversas; asesinato; desaparición forzada y desplazamiento forzado, entre otros, motivo por el cual fueron imputados los 15 exmiembros de las FARC.
“Los 15 imputados deberán responder de manera diferenciada por los crímenes no amnistiables atribuidos por la Sala, de acuerdo con su rol de liderazgo o participación en la comisión de estos. En las siguientes etapas procesales, los comparecientes podrán reconocer su responsabilidad fáctica, jurídica y restaurativa para satisfacer de manera integral los derechos a la verdad, justicia y reparación que demandan las víctimas”, explicó la JEP.
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¿Qué sigue en el proceso judicial?
Luego de conocerse la imputación, la JEP explicó que luego de que este auto sea notificado a los 15 exmiembros de las FARC, estos tendrán 30 días hábiles para reconocer los hechos y conductas atribuidas o rechazar las imputaciones realizadas. Por su parte, en este término las víctimas acreditadas y el Ministerio Público podrán presentar sus observaciones al auto, para lo cual la Magistratura dispondrá espacios de interacción dialógica y restaurativa con enfoque étnico racial, territorial, de género e interseccional.
Al terminar este periodo, y luego de recibir la respuesta de los comparecientes y las observaciones de las víctimas, la JEP, si considera que hay reconocimiento y aporte a la verdad plena, exhaustiva y detallada, fijará fechas para la preparación y realización de Audiencias Públicas de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad. En caso de que alguno de los comparecientes niegue su responsabilidad, se remitirá su caso a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP para que se determine el inicio del proceso adversarial.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Desde Tumaco, Nariño, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció la imputación al exintegrante del secretariado de las Farc y excomandante del Bloque Occidental de esa guerrilla, Pablo Catatumbo, y 14 exjefes de las FARC, por crímenes de guerra y de lesa humanidad de los que son considerados los máximos responsables en Nariño.
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En ese contexto, la JEP imputó a Pablo Catatumbo en su calidad de comandante del Comando Conjunto de Occidente y Edgar López Gómez, más conocido Pacho Chino, como coordinador del Comando Conjunto de Occidente y comandante del Frente 29. También fueron imputados Luis Eduardo Carvajal, conocido como Rambo, Hedier Espinosa Feria, Groelfi Rodríguez Moreno, Wilfrido Ávila Fuentes, Rubiel Torres Mondragón, Arlez Porras Gómez, Fabio Murcia Camacho, Jair Enrique Acosta, Ricardo Palomino Ducuara, Alberto López Palomino, José Geidin Castro, Diego Alberto González y Juan Carlos Caicedo.
¿Qué encontró la JEP?
La JEP determinó que bajo una política de control social y territorial en Nariño por parte de la extinta guerrilla de las FARC, se ejecutaron 6 patrones macrocriminales que generaron daños graves, diferenciados y desproporcionados contra pueblos indígenas, pueblo negro afrocolombiano, comunidades campesinas, poblaciones urbanas y rurales, mujeres y niñas, personas con orientaciones sexuales e identidades y expresiones de género diversas, la naturaleza y los territorios ancestrales y colectivos.
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En este sentido, la JEP encontró que entre 1997 y 2016 se documentaron 314 hechos de asesinatos selectivos, masacres y desapariciones forzadas contra la población civil. La jurisdicción también documentó, entre 1990 y 2016, 334 hechos de desplazamiento forzado, con 27.087 víctimas y 44 confinamientos, asociados a combates, órdenes directas del grupo guerrillero o como consecuencia de otros hechos victimizantes.
La JEP también determinó que entre 2001 y 2015 fueron reclutados 102 niños y niñas con pertenencia étnica. Del total, 13 eran niñas y 89 eran niños. Además, entre 1990 y 2016 se documentaron 168 hechos de violencia sexual y de género contra mujeres y niñas, y violencia por prejuicio contra personas con orientaciones sexuales e identidades y expresiones de género diversas, en los que se identificaron 254 víctimas directas.
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En esta decisión y de manera inédita, la JEP también documentó como esta guerrilla afectó al medio ambiente. En total, la JEP encontró que las extintas FARC llevaron a cabo 71 hechos de destrucción contra la Naturaleza, mediante el vertimiento de más de 70.000 barriles de crudo, derivado de los ataques contra la infraestructura del Oleoducto Trasandino (OTA) y el control y desarrollo de actividades de minería criminal de oro.
En este sentido, se determinó que los hechos ejecutados en el marco de los seis patrones de macrocriminalidad configuran los crímenes de lesa humanidad, exterminio, persecución contra pueblos indígenas y afrocolombianos; mujeres y niñas; y personas con orientaciones sexuales e identidades y expresiones de género diversas; asesinato; desaparición forzada y desplazamiento forzado, entre otros, motivo por el cual fueron imputados los 15 exmiembros de las FARC.
“Los 15 imputados deberán responder de manera diferenciada por los crímenes no amnistiables atribuidos por la Sala, de acuerdo con su rol de liderazgo o participación en la comisión de estos. En las siguientes etapas procesales, los comparecientes podrán reconocer su responsabilidad fáctica, jurídica y restaurativa para satisfacer de manera integral los derechos a la verdad, justicia y reparación que demandan las víctimas”, explicó la JEP.
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¿Qué sigue en el proceso judicial?
Luego de conocerse la imputación, la JEP explicó que luego de que este auto sea notificado a los 15 exmiembros de las FARC, estos tendrán 30 días hábiles para reconocer los hechos y conductas atribuidas o rechazar las imputaciones realizadas. Por su parte, en este término las víctimas acreditadas y el Ministerio Público podrán presentar sus observaciones al auto, para lo cual la Magistratura dispondrá espacios de interacción dialógica y restaurativa con enfoque étnico racial, territorial, de género e interseccional.
Al terminar este periodo, y luego de recibir la respuesta de los comparecientes y las observaciones de las víctimas, la JEP, si considera que hay reconocimiento y aporte a la verdad plena, exhaustiva y detallada, fijará fechas para la preparación y realización de Audiencias Públicas de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad. En caso de que alguno de los comparecientes niegue su responsabilidad, se remitirá su caso a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP para que se determine el inicio del proceso adversarial.
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