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La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció este miércoles 13 de noviembre una nueva imputación en contra del antiguo secretariado de las Farc por los crímenes relacionados al reclutamiento forzado y violencia sexual contra menores de edad en el marco del macrocaso 07, que investiga, precisamente, el reclutamiento y la utilización de niñas y niños en el conflicto armado.
La determinación de la Sala, además, tuvo en cuenta otros crímenes de guerra que fueron cometidos al interior de las filas de la extinta guerrilla de las Farc como los malos tratos, torturas, homicidios y violencias sexuales reproductivas y por prejuicio en contra de los menores. Según las investigaciones de la Jurisdicción, entre 1996 y 2006 fueron reclutados 18.677 niños y niñas.
Los imputados por estos crímenes y quienes también están llamados a reconocer verdad son los miembros del secretariado y máximos responsables Rodrigo Londoño, Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo, Pastor Alape y Julián Gallo. De acuerdo con la Sala, los seis comparecientes fueron determinantes para la comisión de estos crímenes. Respecto a Rodrigo Granda, según especificó la magistratura, él fue compareciente suplente del secretariado y no habría participado en la definición de políticas de reclutamiento.
Para llegar a esta decisión, la Sala de Reconocimiento de Verdad tuvo en cuenta 77 informes presentados por organizaciones de víctimas, ocho informes que fueron elaborados por instituciones del Estado y más de 1.000 acreditaciones de sobrevivientes de reclutamiento y familiares de niños y niñas desaparecidos tras el reclutamiento. Todo este universo de información permitió a los magistrados de la JEP reconstruir más de 805 historias de reclutamiento de menores de edad, en las cuales 56% son niños y 44% niñas.
“La Sala encontró que los seis comparecientes cuya responsabilidad se individualiza en esta decisión tuvieron el liderazgo de las antiguas Farc participaron en las Conferencias Nacionales Guerrilleras que definieron o tuvieron impacto en las políticas estratégicas de esa guerrilla. Igualmente, como integrantes del último secretariado tuvieron la tarea de guiar la implementación de esas políticas en toda la organización (...) y no tomaron las medidas requeridas para prevenir, contener y sancionar los crímenes de guerra determinadas en este auto”, precisó la Jurisdicción.
De acuerdo con las investigaciones adelantadas por la Sala, para llegar a la decisión, se identificaron cinco patrones macrocriminales: reclutamiento y utilización de niños y niñas, incluidas personas menores de 15 años; malos tratos, torturas y homicidios en contra de niños y niñas reclutados en el marco de su vida intrafilas; violencias reproductivas que afectaron a niñas reclutadas; violencias sexuales en contra de niños y niñas reclutadas y violencias basadas en el prejuicio en contra de niños y niñas reclutadas con orientación sexual o identidad o expresión de género diversas.
“La Sala encontró que los niños y niñas reclutados salieron de las Farc en orden de prevalencia, por deserción o fuga, por capturas, por reincorporaciones en el marco del Acuerdo de Paz, por licenciamientos y otras formas autorizadas por la antigua guerrilla y por abandono por parte del grupo cuando las víctimas tenían heridas o enfermedad. Igualmente, la Sala constató que algunas víctimas relatan haber sufrido violencias graves, en el marco de su proceso de su salida del grupo”, añadió la Sala a través de una comunicación oficial.
Y agregó: “La investigación reveló que tanto las Farc como la Fuerza Pública y otros actores cometieron violencias graves en contra de estas personas, evidenciando la complejidad del contexto en el que se produjo la salida de los niños y niñas del grupo armado”.
Menores con paradero desconocido
De acuerdo con lo analizado por la Jurisdicción, al menos 28% del total del universo de menores reclutados se encuentran desaparecidos. La Sala, en ese contexto, reconoció las labores de búsqueda que los familiares de niños y niñas desaparecidos se han realizado “enfrentando una escasa respuesta estatal, la falta de recursos económicos y el temor ante posibles represalias”.
“En una labor conjunta con la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), se logró la recuperación de 47 cuerpos esqueletizados. La Sala, en conjunto con la UBPD y el Instituto Nacional de Medicina Legal, ha logrado la identificación y entrega de ocho cuerpos recuperados en lugar, de los cuales seis fueron víctimas de reclutamiento y dos de ellos murieron de manera violenta aun siendo menores de 18 años”, añadió la Jurisdicción sobre los esfuerzos por esclarecer el paradero de las víctimas.
Operación Berlín
Uno de los capítulos más significativos relacionado con el reclutamiento forzado, según documentó la JEP, fue la Operación Berlín, realizada entre noviembre del 2000 y enero de 2001. En ese operativo militar fueron identificados al menos 201 menores de 15 años pertenecientes a las filas de la Columna Móvil Arturo Ruiz de las Farc. La Sala logró identificar, entre otros puntos, que sí hubo una participación de altos mandos del grupo armado, incluidos los miembros del secretariado.
“Las experiencias de las víctimas incluyeron violencias basadas en género, tratos crueles, torturas, homicidios y múltiples sufrimientos y daños que permanecen en la actualidad y que se dieron durante el reclutamiento, en su experiencia en los campamentos, en los momentos preparatorios, y durante la tortuosa marcha hacia la región del Magdalena Medio, en medio de operaciones militares dirigidas por el Ejército Nacional”, apuntó la Sala.
¿Qué sigue en el proceso?
Luego de ser notificados, los exintegrantes del antiguo secretariado tendrán un plazo de 30 días hábiles para reconocer (o no) los hechos y su responsabilidad. Así mismo, tendrán la oportunidad de presentar argumentos contrarios y evidencia adicional. Tras el paso de ese mes para analizar la decisión la JEP decidirá si fija una fecha para una audiencia pública de reconocimiento de verdad, en caso de que haya reconocimiento y aporte a la verdad plena. Esta audiencia o audiencias serán preparadas y desarrolladas con la participación de las víctimas. Si los comparecientes niegan su responsabilidad, el caso será remitido a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP. Los comparecientes que nieguen su responsabilidad tienen derecho a un juicio adversarial, y de ser vencidos en juicio, podrán ser condenados hasta a 20 años de cárcel.
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