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Julieta Lemaitre, magistrada del caso 01 de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció que siete antiguos integrantes de las Farc del Bloque Noroccidental por crímenes de guerra relacionados con tomas de rehenes, privaciones de la libertad, tortura, desaparición forzada, tratos crueles e inhumanos. Se trata de Luis Óscar Úsuga (Isaías Trujillo o el Viejo), Jesús Mario Arenas (Marcos Urbano), Pedro Baracutao, Rodolfo Restrepo Ruiz (Víctor Tirado), Martín Cruz Vega (Rubín Morro), Ovidio Antonio Mesa Ospina (Anderson o Carranza) y Jhovermán Sánchez Arroyave (Rubén Cano o Manteco).
El Bloque Noroccidental se convirtió en la segunda estructura guerrillera que más secuestros perpetró en el país, después del Bloque Oriental. Durante el conflicto, operaron en Antioquia, norte del Chocó, el sur de Córdoba, Caldas y Risaralda. Además, entre sus filas, llegaron a tener una suma de 3.145 combatientes y 923 milicianos.
Un total de 314 personas fueron víctimas por el delito de secuestro, presuntamente, bajo el liderazgo de estos siete comparecientes, entre las que se encuentran, el exgobernador de Antioquia Guillermo Gaviria y el exconsejero de paz Gilberto Echeverri. De esas 314, 142 son víctimas directas, 147 son familiares y allegados de los secuestrados y 25 más son familiares de víctimas asesinadas o dadas por desaparecidas después de haber estado cautivas.
Para llegar a esta imputación, la Sala de Reconocimiento de la JEP revisó informes, escuchó versiones voluntarias de 40 comparecientes; a 211 víctimas a través de sus abogados y, de forma directa, a 91 víctimas que tenían observaciones a las versiones voluntarias, y memoriales escritos. “Después de contrastar toda la información, la Sala seleccionó a estos siete antiguos comandantes de Frentes del Bloque Noroccidental como los máximos responsables de los secuestros de la región”, determinó la jurisdicción.
A partir de este momento, los siete comparecientes están llamados a reconocer responsabilidad tanto por las órdenes que dieron de cometer secuestros y asesinatos, como por omitir el control de las personas que estaban a su cargo y que, de manera reiterada, maltrataron a las personas secuestradas, según concluyó la investigación. “Imputamos a los superiores por no haber controlado a la guardia”, dijo la magistrada Lemaitre durante una rueda de prensa que anunció la decisión.
Cerca del 25 % de todos los casos de secuestro del país fueron cometidos bajo el mando de estos comparecientes. Además, según pudo constatar la JEP, este crimen de guerra siguió tres patrones criminales: para financiar su estructura, para forzar el intercambio de guerrilleros presos y para controlar los territorios donde operaron: toda Antioquia, el sur de Córdoba, el norte del Chocó, Risaralda y Caldas.
En la imputación, la Sala también le ordenó a los comparecientes y a la Unidad de Búsqueda de Personadas Dadas por Desaparecidas (UBPD) que brinden toda la información disponible para encontrar a las víctimas de desaparición en medio del cautiverio. “La JEP identifica 17 personas desaparecidas por las que sus familiares han preguntado en el proceso judicial y les da a los comparecientes un máximo de 30 días hábiles para aportar lo que sepan sobre el paradero de estas personas”, dictamina la jurisdicción.
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