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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tomó la primera decisión de fondo en el macrocaso de “falsos positivos”: imputó al general (r) del Ejército Paulino Coronado, a otros nueve militares y a un civil por 120 casos de “asesinatos y desapariciones presentadas como bajas en combate” ocurridos en el Catatumbo entre 2007 y 2008. Se trata de una subregión y un periodo priorizado por la Sala de Reconocimiento desde comienzos de este año, pues ya se contaba con avances en la jurisdicción ordinaria y se contó también con las confesiones de varios militares que se sometieron a la justicia especial.
(En contexto: Falsos positivos en la JEP: 78% de las víctimas en el gobierno Uribe)
Este es el primer auto de imputación de por lo menos seis que anunció la JEP en la priorización que estableció para investigar los falsos positivos. Se trata de 120 asesinatos y 24 desapariciones forzadas ocurridas en la convulsa región del Catatumbo y atribuibles al Ejército. “Las desapariciones forzadas y los asesinatos tenían una misma finalidad: responder a la presión por bajas, ‘a como diera lugar’”, dijo la magistrada Catalina Díaz, una de las relatoras del macrocaso 03, quien señaló que las víctimas fueron seleccionadas a través de actividades irregulares de inteligencia.
En concreto, fueron imputados el brigadier general (r) Paulino Coronado Gámez, quien fue el comandante de la Brigada 30; los coroneles Santiago Herrera Fajardo y Rubén Darío Castro Gómez, antiguos comandantes de la Brigada Móvil 15 (BRIM15); el teniente coronel Álvaro Diego Tamayo Hoyos, antiguo comandante del Batallón de Infantería No. 15 ‘General Francisco de Paula Santander’ (BISAN) de Ocaña, el teniente coronel Gabriel de Jesús Rincón Amado, exoficial de operaciones de la BRIM15 y el mayor Juan Carlos Chaparro Chaparro, excomandante del BISAN.
Asimismo, fueron imputados los antiguos oficiales de inteligencia de la Central de Inteligencia de Ocaña (CIOCA): el capitán Daladier Rivera Jácome y al sargento segundo Rafael Antonio Urbano Muñoz; así como al sargento segundo Sandro Mauricio Pérez Contreras quien fue jefe de la sección de inteligencia del BISAN, al cabo primero Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar, excomandante de escuadra en la BRIM15 y al tercero civil Alexander Carretero Díaz, quien trabajó como colaborador de las dos estructuras militares. La Sala de Reconocimiento les imputó a los once les imputó el crimen de guerra de homicidio en persona protegida y crímenes de lesa humanidad de asesinato, y desaparición forzada.
Entre las pruebas que llevaron a la JEP a tomar esta decisión hay: ocho informes aportados por entidades estatales, organizaciones de víctimas y de derechos humanos; 41 versiones de comparecientes (desde soldados hasta generales); las solicitudes de acreditación, y las observaciones de las víctimas y de la Procuraduría a dichas versiones; las inspecciones judiciales a 21 procesos de la jurisdicción ordinaria y 28 de la penal militar; la contrastación y análisis de 258 libros de documentos oficiales (programas operacionales, misiones tácticas, actas de pago de recompensas y de levantamiento de cadáveres, órdenes del día, radiogramas operacionales) obtenidos en los archivos de la Brigada 30 y el BISAN.
Si bien la JEP reconoció que muchas de las pruebas ya habían sido recaudadas por la justicia ordinaria, en rueda de prensa la magistrada Catalina Díaz destacó dos avances que logró la Sala de Reconocimiento en el esclarecimiento de los falsos positivos. Por un lado, dijo, rescataron piezas procesales que destacaron, por ejemplo, las organizaciones de víctimas en sus informes. Y, por otro lado, “nosotros logramos demostrar muy en detalle cómo estos 120 casos no son aislados, no son inconexos, espontáneos y no se tratan de decisiones aisladas de los perpetradores, por el contrario, tenían un mismo fin: responder a la presión institucional”, dijo la magistrada Díaz.
A renglón seguido agregó: “Queremos entregarle al país el mayor rigor en evidencia y por eso estas 284 están llenas de citas de pruebas en el expediente: de las versiones libres, de toda la información que nos remitió el Ministerio de Defensa”. Sobre este mismo punto agregó el magistrado Óscar Parra, otro de los relatores del macrocaso 03: “En ocasiones encontramos casos que llevaban 10 años de investigaciones, sin que hubiera condenas en firme. Si bien hemos tomado tres años en tomar esta decisión, comparado con el tiempo que le tomó a la justicia ordinaria, en un tiempo que sí es más corto estamos dando resultados al país sobre el esclarecimiento de los patrones”.
Lo que se viene
Los imputados tienen 30 días para decidir si reconocen los hechos y aceptan su responsabilidad o si, por el contrario, los rechazan. En el mismo periodo, las víctimas acreditadas en el macrocaso y la Procuraduría pueden allegar sus comentarios frente a lo que ha presentado la JEP. Si los comparecientes niegan su responsabilidad, se remitirá el caso a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), que actúa como la fiscalía al interior de esta justicia especial, para un juicio adversarial. De ser hallados culpables allí, podrían enfrentar hasta 20 años de cárcel.
En caso de que el general (r) Coronado y los demás señalados en este subcaso acepten su responsabilidad, la Sala de Reconocimiento fijará una audiencia pública para que se oficialice este reconocimiento. Luego los mismos magistrados trabajarían en una resolución de conclusiones y remitirían el expediente al Tribunal para la Paz para que imponga una sanción propia que podría incluir, o no, la privación de la libertad de los militares implicados.
Ya en febrero de este año, cuando la JEP hizo pública la estrategia con la que comenzaría a esclarecer el caso de falsos positivos, dijo que en el caso de Norte de Santander se concentraría en lo ocurrido en Catatumbo entre 2007 y 2008. Los datos que obtuvo la Sala ubicaban a este departamento de sexto en la lista por número de víctimas: le antecedían Antioquia, Meta, Cesar, Caquetá y Huila. Según el cruce de información que hizo la justicia especial en su momento, entre 1985 y 2016 hubo 420 víctimas de esta práctica y el 90% de esos casos se registraron entre 1999 y 2008.
Asimismo, en el informe que la Fiscalía envió a la JEP sobre las muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate, se relacionaba que la Segunda División del Ejército, con jurisdicción en Norte de Santander y Boyacá, es una de las cuatro divisiones con mayor número de acusaciones por falsos positivos. Nueve de los diez municipios con mayor número de víctimas en el departamento están ubicados en Catatumbo y la Sala observó algunos comportamientos en los datos que, consideró, merecían revisarse.
(Lea también: “Falsos positivos”: puntos de encuentro entre la JEP y la Fiscalía)
“El Carmen, Ábrego y Teorama presentan concentraciones relevantes para explicar el fenómeno estudiado en el 2007, pese a que este año presenta una distribución similar de víctimas en la mayoría de los municipios de la región. Llama la atención que dos de los municipios que mayor número de víctimas concentran en 2007 no reportan ninguna víctima en el año anterior. En el año 2008 la mayor cantidad de víctimas se concentran en el municipio de Ocaña, lo cual implica un cambio importante en relación con el año 2007. Después del elevado número de víctimas que se reportó en 2007-2008, en el año 2009 solo un municipio de la región de Catatumbo presenta víctimas”, dijo la JEP.
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A su vez, la JEP identificó dos patrones en estos casos del Catatumbo, adjudicados a la Brigada Móvil 15 y el Batallón de Infantería No. 15 Francisco de Paula Santander del Ejército: “por un lado, el asesinato de personas en estado de indefensión que son previamente seleccionadas en el sector, en parte, con base en prejuicios y estigmatización; y por el otro, una suerte de sofisticación del patrón criminal, consistente en reclutar víctimas de otros territorios, engañarlas y asesinarlas en el Catatumbo y reportar su muerte como baja en combate”.
Entre las víctimas de falsos positivos del Catatumbo en estos años había personas en condición de discapacidad mental, personas señaladas que serían consumidores problemáticos de drogas, y hasta líderes sociales y políticos. Y, con base en los avances que logró la justicia ordinaria, así como con los datos que, a través de informes entregaron las Madres Víctimas de los Falsos Positivos (Mafapo), el Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez y la Asociación Minga, la JEP advertía desde febrero que este subcaso de los falsos positivos tenía un avance significativo y arrojaría resultados pronto.