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El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, el magistrado Roberto Carlos Vidal López, y la Sala de Reconocimiento de Verdad comparecieron ante los medios de comunicación para comunicar esta nueva acción judicial contra las antiguos líderes de las FARC. Julieta Lemaitre, magistrada relatora del caso 01, que investiga graves delitos cometidos por el desaparecido grupo armado, anunció que imputará diez exintegrantes del Comando Conjunto Central (CCC) de las FARC.
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La Sala de Reconocimiento de Verdad les imputó los crímenes de guerra de toma de rehenes, homicidio y atentados a la dignidad personal, tratos crueles e inhumanos y los crímenes de lesa humanidad asesinato, desaparición forzada, esclavitud, violencia sexual, tortura y otros actos inhumanos. Estos hechos, de acuerdo a las investigaciones de la JEP, ocurrieron en Tolima, Huila y Quindío durante los años noventa y 2000 y que eran parte de la estrategia del grupo guerrillero para tomarse Bogotá.
Los guerrilleros que serán imputados por la JEP son: Luis Eduardo Rayo, alias Marlon; Enoc Capera Trujillo, alias Giovanni; Jhon Jairo Oliveros Grisales, Armando Pipas; Nelson Antonio Jiménez Gantiva, Gonzalo; Édgar Ramírez Medina, ‘Onofre Camargo’; Víctor Hugo Silva, alias ‘Erick’ o ‘el Chivo’, Raúl Agudelo, ‘Olivo Saldaña’ y Wilson Ramírez Guzmán, conocido como ‘Teófilo’. Los ocho son máximos responsables por su liderazgo. Ostentaron el mando sobre seis frentes, tres columnas y tres compañías, además de las comisiones Financiera Manuelita Sáenz y Política René González.
Así mismo, la Sala determinó que Álvaro Henner López, conocido como alias ‘J.J’ y Gustavo Bocanegra Ortegón, alias Donald son máximos responsables por su participación en hechos graves y representativos del secuestro en el Tolima. “Aunque no tuvieran mando sobre las estructuras del Comando Conjunto Central son responsables de hechos graves y representativos del secuestro en el Tolima. Esta estructura de las antiguas FARC adoptó la política de financiarse a través de los secuestros por medio de la Comisión Financiera Manuelita Sáenz. “Esta Comisión Financiera creó un sofisticado sistema de secuestro y extorsión para cumplir con la cuota de dinero que debía ser entregada al Secretariado”, señaló la magistrada Lemaitre.
¿Qué sigue en el proceso judicial?
Como parte del trámite judicial y su obligación de aportar verdad plena, detallada y exhaustiva, y de reparar a las víctimas, la JEP espera la ampliación de la información entregada por los comparecientes frente a hechos concretos, como entregar información de personas que habrían sido secuestradas y luego desaparecidas. En ese sentido, los 10 imputados tienen 30 días hábiles para entregar información ante la Jurisdicción y la Unidad de Búsqueda de Personadas Dadas por Desaparecidas que conduzca a la búsqueda, localización e identificación de las víctimas.
La Sala, además, fijó un término de 30 días hábiles para que los comparecientes reconozcan o no su responsabilidad en los hechos e identifiquen la participación de las milicias en la toma de rehenes y otras graves privaciones de la libertad. Quienes reconozcan su responsabilidad podrían recibir una sanción propia y quienes no su proceso será remitido a la UIA para que inicie un juicio adversarial donde podrían ser condenados hasta con 20 años de cárcel.
El contexto histórico de esta determinación
En su máximo periodo de expansión el Comando Conjunto Central llegó a tener 1.180 miembros, siendo la más pequeña de las estructuras regionales de las Farc-EP. Comparativamente, el Bloque Sur estuvo conformado por aproximadamente 2.300 hombres en armas y el Bloque Oriental por 7.100. Esta variación numérica llevó a la Sala a determinar que el porcentaje de secuestros que cometió el Comando Conjunto Central es incluso menor a su tamaño proporcional.
Así, de 5.219 víctimas únicas de secuestro reportadas en los registros del Sistema de Justicia y Paz, conocido como SIJYP, la base de datos más completa aportada a la JEP, 111 víctimas, que corresponden al 2% del total, señalan directamente al Comando Conjunto Central como la estructura responsable. Por estos secuestros se encuentran acreditadas en el Caso No.01 144 víctimas, de 3.410 víctimas del Caso 01.
La gran mayoría de los hechos reportados por las víctimas acreditadas en el Caso 01 sucedió en el Tolima (87%) y el resto en el norte del Huila (13%). La mayor cantidad de víctimas fueron secuestradas por el Frente 21, que controlaba el Cañón de las Hermosas en el suroccidente del Tolima. Este frente 21 fue el responsable del 38% de los secuestros cometidos por el Comando Conjunto Central, seguido por el frente 25, en el suroriente del Tolima y norte del Huila, fue el segundo frente que más secuestró, con el 13,3%.
A pesar de su tamaño menor frente a otras estructuras, el Comando Conjunto Central jugó un papel importante en la manera como la extinta guerrilla adoptó la política de financiarse a través de los secuestros. En esta estructura funcionó la Comisión Financiera Manuelita Sáenz, que creó un complejo sistema de financiamiento por medio de “nóminas” de extorsión enfocado en sectores de la región: arroz, transporte, café, petrolero, contratación pública y energía, así como tasas a la cerveza y a la gasolina, identificando personas y empresas que debían aportar una tasa, o ser secuestrados como penalidad.
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