JEP inicia trámite para sancionar a militares que reconocieron falsos positivos
Los militares que aceptaron su rol en los falsos positivos de Catatumbo tendrán la oportunidad de presentarle a la JEP propuestas para reparar a las víctimas, que harán parte de las sanciones que imponga el Tribunal para la Paz.
Los militares retirados que han aceptado su rol en los falsos positivos cometidos en la subregión de Catatumbo tendrán cinco días para presentarle a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sus propuestas de reparación a las víctimas. Aunque no es obligatorio, se trata del primer paso que debe agotar la Sala de Reconocimiento de Verdad para echar a andar el proceso de imposición de sanciones en el marco de la justicia creada con el Acuerdo de Paz.
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Es el paso que sigue, según el funcionamiento de la JEP, luego de que una docena de militares aceptaran en Ocaña (Norte de Santander) su responsabilidad y le pidieran perdón a las víctimas por haber asesinado a civiles y hacerlos pasar como bajas en combate. Esto ocurrió en el subcaso Catatumbo del macrocaso 03, en el que se investigan al menos 6.402 falsos positivos que ocurrieron en todo el país. Tras el reconocimiento, viene la reparación.
En la JEP, sin embargo, no se imponen necesariamente penas de cárcel. Los militares implicados en esta estela de crímenes tendrán que entregar propuestas de obras, trabajos o actividades con las que puedan reparar a sus víctimas. Según explicó la JEP en un comunicado, deben ser proyectos detallados y, “de acuerdo con la Ley, en el documento deberán indicar obligaciones, objetivos, fases, horarios y lugar, así como las personas que los ejecutarán y dónde residirán”.
(Le puede interesar: ¿Qué pasó en la audiencia de reconocimiento de la JEP por falsos positivos?)
Una vez lleguen las propuestas de los militares, la Sala de Reconocimiento se las hará llegar a las víctimas y a la Procuraduría, que podrán hacer comentarios. Ahora bien, tampoco es obligatorio para los implicados en falsos positivos allegar estos documentos. La Sala puede formular las sanciones que le parezcan apropiadas y enviarlas a la Sección de Reconocimiento del Tribunal para la Paz, que es la instancia que sigue en la JEP, para que se emita la sentencia.
No obstante, en el comunicado con el que dio a conocer este paso la JEP indicó: “La formulación de sanciones propias tendrá el mismo espíritu participativo del proceso restaurativo que se ordenó previo a la audiencia de reconocimiento”. Según explicó, primero habrá espacios de pedagogía con las víctimas y los militares, para que, posteriormente los expertos de justicia transicional avancen en la construcción de ideas concretas de sanciones propias.
“Este trabajo tendrá una duración máxima de 3 meses. A través de este proceso la JEP busca sentar las bases de las sanciones que podrían ser impuestas a los comparecientes”, explicó la Jurisdicción. Hasta ahora este es el primer caso de la justicia especial que llega a esta avanzada fase, así que todavía hay mucha tela por cortar y, sobre todo, dudas por despejar sobre cómo será el proceso de reparación y qué tipo de trabajos o actividades se pueden constituir en una sanción.
(Lea también: “Yo no di la orden”: general (r) Paulino Coronado ante las víctimas y la JEP)
General (r) Paulino Coronado ampliará su reconocimiento
En paralelo, el máximo oficial del Ejército que ha sido imputado en la JEP por falsos positivos tendrá un nuevo espacio para reconocer su rol en el entramado criminal. El pasado 27 de abril, en Ocaña y ante las víctimas, el general retirado Paulino Coronado dijo: “Acepto mi responsabilidad por exceso de confianza al haber asumido como cierto lo manifestado por mis subalternos en cuanto a que las operaciones militares eran legales, cuando no lo fueron. Acepto mi responsabilidad por no haber investigado para sancionar estas falsas operaciones”.
Después, sin embargo, Coronado radicó un escrito en la JEP en el que ampliaba su reconocimiento. Es decir, aceptaba su responsabilidad más allá de lo que ya había hecho en Ocaña. Cuando las víctimas se enteraron, le pidieron a la Sala de Reconocimiento que citara a una nueva audiencia, “para ellos, esta manifestación no puede hacerse únicamente por escrito, sino que también debe quedar consignada en un pronunciamiento público”, explicó la JEP. La audiencia, entonces, se hará el 1 de junio, en Bogotá.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Los militares retirados que han aceptado su rol en los falsos positivos cometidos en la subregión de Catatumbo tendrán cinco días para presentarle a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sus propuestas de reparación a las víctimas. Aunque no es obligatorio, se trata del primer paso que debe agotar la Sala de Reconocimiento de Verdad para echar a andar el proceso de imposición de sanciones en el marco de la justicia creada con el Acuerdo de Paz.
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Es el paso que sigue, según el funcionamiento de la JEP, luego de que una docena de militares aceptaran en Ocaña (Norte de Santander) su responsabilidad y le pidieran perdón a las víctimas por haber asesinado a civiles y hacerlos pasar como bajas en combate. Esto ocurrió en el subcaso Catatumbo del macrocaso 03, en el que se investigan al menos 6.402 falsos positivos que ocurrieron en todo el país. Tras el reconocimiento, viene la reparación.
En la JEP, sin embargo, no se imponen necesariamente penas de cárcel. Los militares implicados en esta estela de crímenes tendrán que entregar propuestas de obras, trabajos o actividades con las que puedan reparar a sus víctimas. Según explicó la JEP en un comunicado, deben ser proyectos detallados y, “de acuerdo con la Ley, en el documento deberán indicar obligaciones, objetivos, fases, horarios y lugar, así como las personas que los ejecutarán y dónde residirán”.
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Una vez lleguen las propuestas de los militares, la Sala de Reconocimiento se las hará llegar a las víctimas y a la Procuraduría, que podrán hacer comentarios. Ahora bien, tampoco es obligatorio para los implicados en falsos positivos allegar estos documentos. La Sala puede formular las sanciones que le parezcan apropiadas y enviarlas a la Sección de Reconocimiento del Tribunal para la Paz, que es la instancia que sigue en la JEP, para que se emita la sentencia.
No obstante, en el comunicado con el que dio a conocer este paso la JEP indicó: “La formulación de sanciones propias tendrá el mismo espíritu participativo del proceso restaurativo que se ordenó previo a la audiencia de reconocimiento”. Según explicó, primero habrá espacios de pedagogía con las víctimas y los militares, para que, posteriormente los expertos de justicia transicional avancen en la construcción de ideas concretas de sanciones propias.
“Este trabajo tendrá una duración máxima de 3 meses. A través de este proceso la JEP busca sentar las bases de las sanciones que podrían ser impuestas a los comparecientes”, explicó la Jurisdicción. Hasta ahora este es el primer caso de la justicia especial que llega a esta avanzada fase, así que todavía hay mucha tela por cortar y, sobre todo, dudas por despejar sobre cómo será el proceso de reparación y qué tipo de trabajos o actividades se pueden constituir en una sanción.
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General (r) Paulino Coronado ampliará su reconocimiento
En paralelo, el máximo oficial del Ejército que ha sido imputado en la JEP por falsos positivos tendrá un nuevo espacio para reconocer su rol en el entramado criminal. El pasado 27 de abril, en Ocaña y ante las víctimas, el general retirado Paulino Coronado dijo: “Acepto mi responsabilidad por exceso de confianza al haber asumido como cierto lo manifestado por mis subalternos en cuanto a que las operaciones militares eran legales, cuando no lo fueron. Acepto mi responsabilidad por no haber investigado para sancionar estas falsas operaciones”.
Después, sin embargo, Coronado radicó un escrito en la JEP en el que ampliaba su reconocimiento. Es decir, aceptaba su responsabilidad más allá de lo que ya había hecho en Ocaña. Cuando las víctimas se enteraron, le pidieron a la Sala de Reconocimiento que citara a una nueva audiencia, “para ellos, esta manifestación no puede hacerse únicamente por escrito, sino que también debe quedar consignada en un pronunciamiento público”, explicó la JEP. La audiencia, entonces, se hará el 1 de junio, en Bogotá.
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