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La Jurisdicción Especial para la Paz realizó una intervención en el osario colectivo del Cementerio de San Agustín en Samaná (Caldas) con la intención de recuperar cuerpos de víctimas de desaparición forzada.
Durante este procedimiento se recuperaron 171.806 estructuras óseas, 42 de ellas muestran signos de violencia asociados al conflicto armado, las cuales fueron remitidas al Instituto Nacional de Medicina Legal para que puedan ser finalmente identificadas.
La diligencia se dio en el marco de la medida cautelar ordenada por la Sección de Ausencia de Reconocimiento y Verdad (SARV), para proteger los cementerios de Norcasia, Samaná y Victoria (Caldas).
Con ello se busca dar respuesta efectiva a los familiares de víctimas de desaparición forzada en el Magdalena medio caldense.
“Las familias de las víctimas de desaparición forzada no estamos solas”, fue el mensaje que dejaron madres y padres que atendieron al llamado de la JEP para participar de la intervención.
Precisamente este tipo de escenarios han sido identificados por la Jurisdicción como espacios complejos para la recuperación de víctimas de desaparición forzadas en el país.
El problema se debe a que, en muchas ocasiones, las víctimas fueron depositadas allí sin ningún tipo de control o registro y esto dificulta el reconocimiento de las personas que permanecen allí, expuso la JEP.
Por ello, en el marco de esta decisión judicial y ante el reconocimiento de estas dificultades, se ordenó la realización de este ejercicio piloto en el cementerio de Samaná.
Según expuso la JEP, las familias de las víctimas son una pieza clave del procedimiento, por lo que a cada núcleo familiar se le explicó cada uno de los pasos que se seguía en el cementerio.
El siguiente paso será esperar a que Medicina Legal logre extraer los perfiles genéticos y realice cruces o búsquedas dentro de las bases de datos de personas dadas por desaparecidas.
Además, la Jurisdicción también informó que el resto de estructuras óseas que fueron recuperadas sin signos de violencia serán depositadas en un “Santuario de la Memoria”, siguiendo una de las órdenes que fueron emitidas en las medidas cautelares.
Para la realización de este procedimiento se contó con el apoyo de los expertos forenses del Grupo de Apoyo Técnico Forense (GATEF), quienes son parte de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) y del equipo colombiano interdisciplinario de Trabajo Forense y Asistencia Psicosocial (EQUITAS).
Estos equipos trabajaron en un área de 16.502 metros cuadrados, con 2.25 metros de alto. Finalmente, la Jurisdicción espera que, a partir de esta intervención, se puedan construir metodologías que se puedan replicar en otros sectores del país.
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