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La Sala de Definición de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) recibió a 33 uniformados del Ejército, quienes son investigados por falsos positivos. Los militares son investigados por haber participado en el asesinato y presentación como baja en combate del esposo de la senadora indígena Aida Quilcué, José Edwin Legarda en el 2008. Los uniformados fueron llamados por la JEP luego de que la jurisdicción evidenciara que los hechos correspondían a una ejecución extrajudicial.
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El asesinato de Legarda ocurrió en el municipio de Totoró (Cauca) cuando se encontraba movilizándose en una camioneta. De acuerdo con la investigación, los uniformados le dispararon indiscriminadamente al vehículo en el que se movilizaba. La Procuraduría, a la hora de evaluar el proceso, evidenció varias inconsistencias que dieron pie a que la JEP aceptara el asesinato como una ejecución extrajudicial y aceptara investigar lo sucedido.
“Se tiene que el homicidio en contra del señor José Edwin Legarda Vásquez se encuadra en los supuestos de las ejecuciones extrajudiciales, toda vez que se presentó como una operación militar en apariencia legítima y sobre los cuales, la Jurisdicción Ordinaria condenó a algunos de estos comparecientes al encontrarlos penalmente responsables por los hechos referenciados”, afirmó la Sala en una resolución.
“José Edwin Legarda Vásquez y Liliana Valdés Penna se transportaban en un vehículo tipo camioneta de placas QER 856, el 16 de diciembre de 2008, aproximadamente a las 5:00 de la mañana, sobre la vía que conduce del corregimiento de Gabriel López hacia Totoró (Cauca), cuando en el sector denominado San Pedro recibieron varios disparos ocasionados por armas de fuego tipo fusil. Las evidencias físicas halladas en el lugar de los hechos indican que las armas pertenecían a soldados del Séptimo Pelotón de la Compañía Galeón del Batallón José Hilario López de esta ciudad”, aseguró la jurisdicción.
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Con ponencia del magistrado Pedro Elías Díaz, la JEP dio 15 días para que los 33 militares implicados le expliquen a la jurisdicción las circunstancias en las que ocurrieron los hechos que terminaron con la vida de Legarda Vásquez. En caso de no comparecer, los uniformados podrán perder los beneficios que entrega la justicia transicional a las personas que contribuyan a la verdad.
Además de esto, el magistrado Díaz le solicitó a los miembros del Ejército que modificaran el plan de colaboración con la jurisdicción después de que los familiares de Legarda Vásquez, incluida la senadora Quilcué, le aseguraran a la JEP que los aportes de los implicados y la medida no los repara por el asesinato de su familiar.
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El asesinato y presentación como baja en combate de Legarda fue conocido como uno de los primeros casos de falsos positivos en el municipio de Totoró contra un indígena. Los hechos ocurrieron cuando militares que hacían parte de la Compañía Galeón número 7, adscrita al Batallón de Infantería José Hilario López interceptaron la camioneta del Consejo Regional Indígena (CRIC) en la que se movilizaba el líder social. Legarda se encontraba regresando a Popayán cuando fue impactado por tres de los 17 disparos que recibió la camioneta.
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