JEP incluye tortura y persecución en juicios por falsos positivos de La Popa

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tomó una decisión histórica para los casos de ejecuciones extrajudiciales que habrían sido perpetrados por hombres del batallón La Popa en la Costa Caribe colombiana. Además de responder por los delitos de asesinatos y desapariciones forzadas, presentadas como bajas en combate por agentes del Estado, varios de los 12 máximos responsables también serán imputados por los delitos de tortura y persecución.

La decisión la tomó la Sección de Reconocimiento de Verdad de la JEP, luego de estudiar la investigación que había concluido que el batallón La Popa funcionó como un grupo criminal que asesinó a indígenas, campesinos, personas en situación de vulnerabilidad e, incluso, a personas en condición de discapacidad. En total, la jurisdicción especial ha evidenciado que los 12 militares investigados perpetraron 135 ejecuciones extrajudiciales.

Los hechos ocurrieron en el Cesar, La Guajira, Atlántico y Magdalena y la JEP señala que algunas de las víctimas eran integrantes de los pueblos indígenas wiwa y kankuamo, así como de los Consejos Comunitarios Kusuto Ma-Gende y José Prudencio Padilla. Otras eran campesinas y otras en situación de vulnerabilidad o de discapacidad. Aunque en este caso ya había 12 militares que aceptaron haber participado en los hechos, la JEP explicó que son entre cuatro y seis exuniformados los que tendrá que responder por esos dos delitos.

“La magistratura verificó, respecto del delito de tortura, que en algunos de los asesinatos se causó intencionalmente dolor o sufrimientos graves, físicos o mentales. También se configuró el delito de persecución, dado que algunos de los asesinatos reconocidos por los comparecientes se cometieron con motivaciones étnicas, es decir, por pertenencia de las víctimas a los pueblos indígenas kankuamo y wiwa”, explicó la Sección de Reconocimiento.

La JEP agregó: “Este crimen se enmarca en un contexto donde ciertos comparecientes ejercieron medidas de control social, como restricciones alimentarias, limitaciones arbitrarias de horarios y restricciones de tránsito y circulación para la población”. Otro de los puntos que confirmó la Sección de Reconocimiento es que, en las ejecuciones extrajudiciales imputados a miembros del batallón La Popa, ocurrió un patrón macrocriminal entre los miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares que operaban en la zona.

“Este patrón se materializó en tres modalidades: La primera, las víctimas fueron entregadas vivas o muertas por los paramilitares a los miembros de la fuerza pública. La segunda, las víctimas fueron asesinadas por integrantes del batallón La Popa, luego de ser señaladas en algunos casos de pertenecer o auxiliar a la subversión. Y la tercera, las víctimas procedentes de pueblos indígenas fueron estigmatizadas y señaladas de ser integrantes de grupos armado”, explicó la JEP.

La Sección de Reconocimiento de Verdad tomó estas decisiones, luego de analizar la imputación que ya había hecho la Sala de Reconocimiento. “Mientras que la Sala de Reconocimiento señaló que este patrón implicó una “degradación” del fenómeno, la Sección precisó que los dos patrones evidencian la degradación del conflicto armado y, en los dos, las actuaciones de los diversos actores generaron violencias sistemáticas y masivas en contra de la población civil”, aclaró la JEP.

La Sección de Reconocimiento confirmó otro punto clave en el que ha insistido la Sala y los investigadores de las ejecuciones extrajudiciales: “Los crímenes cometidos no fueron aislados, aleatorios o azarosos. Por el contrario, corroboró que hubo una división de tareas para su realización, que las víctimas no participaban en las hostilidades y que, por tanto, se configuró en un ataque a la población civil generalizado y/o sistemático”.

Ahora, los militares que serán imputados por estos dos nuevos delitos, deberán decidir si los aceptan o no. De no hacerlo, irían a juicio. La JEP ya la imputó cargos a 12 máximos responsables que ya aceptaron su participación en los 135 ejecuciones extrajudiciales. Por esto caso ya está en juicio el general (r) Publio Hernán Mejía, quien no aceptó ninguno de los cargos formulados por la JEP.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tomó una decisión histórica para los casos de ejecuciones extrajudiciales que habrían sido perpetrados por hombres del batallón La Popa en la Costa Caribe colombiana. Además de responder por los delitos de asesinatos y desapariciones forzadas, presentadas como bajas en combate por agentes del Estado, varios de los 12 máximos responsables también serán imputados por los delitos de tortura y persecución.

La decisión la tomó la Sección de Reconocimiento de Verdad de la JEP, luego de estudiar la investigación que había concluido que el batallón La Popa funcionó como un grupo criminal que asesinó a indígenas, campesinos, personas en situación de vulnerabilidad e, incluso, a personas en condición de discapacidad. En total, la jurisdicción especial ha evidenciado que los 12 militares investigados perpetraron 135 ejecuciones extrajudiciales.

Los hechos ocurrieron en el Cesar, La Guajira, Atlántico y Magdalena y la JEP señala que algunas de las víctimas eran integrantes de los pueblos indígenas wiwa y kankuamo, así como de los Consejos Comunitarios Kusuto Ma-Gende y José Prudencio Padilla. Otras eran campesinas y otras en situación de vulnerabilidad o de discapacidad. Aunque en este caso ya había 12 militares que aceptaron haber participado en los hechos, la JEP explicó que son entre cuatro y seis exuniformados los que tendrá que responder por esos dos delitos.

“La magistratura verificó, respecto del delito de tortura, que en algunos de los asesinatos se causó intencionalmente dolor o sufrimientos graves, físicos o mentales. También se configuró el delito de persecución, dado que algunos de los asesinatos reconocidos por los comparecientes se cometieron con motivaciones étnicas, es decir, por pertenencia de las víctimas a los pueblos indígenas kankuamo y wiwa”, explicó la Sección de Reconocimiento.

La JEP agregó: “Este crimen se enmarca en un contexto donde ciertos comparecientes ejercieron medidas de control social, como restricciones alimentarias, limitaciones arbitrarias de horarios y restricciones de tránsito y circulación para la población”. Otro de los puntos que confirmó la Sección de Reconocimiento es que, en las ejecuciones extrajudiciales imputados a miembros del batallón La Popa, ocurrió un patrón macrocriminal entre los miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares que operaban en la zona.

“Este patrón se materializó en tres modalidades: La primera, las víctimas fueron entregadas vivas o muertas por los paramilitares a los miembros de la fuerza pública. La segunda, las víctimas fueron asesinadas por integrantes del batallón La Popa, luego de ser señaladas en algunos casos de pertenecer o auxiliar a la subversión. Y la tercera, las víctimas procedentes de pueblos indígenas fueron estigmatizadas y señaladas de ser integrantes de grupos armado”, explicó la JEP.

La Sección de Reconocimiento de Verdad tomó estas decisiones, luego de analizar la imputación que ya había hecho la Sala de Reconocimiento. “Mientras que la Sala de Reconocimiento señaló que este patrón implicó una “degradación” del fenómeno, la Sección precisó que los dos patrones evidencian la degradación del conflicto armado y, en los dos, las actuaciones de los diversos actores generaron violencias sistemáticas y masivas en contra de la población civil”, aclaró la JEP.

La Sección de Reconocimiento confirmó otro punto clave en el que ha insistido la Sala y los investigadores de las ejecuciones extrajudiciales: “Los crímenes cometidos no fueron aislados, aleatorios o azarosos. Por el contrario, corroboró que hubo una división de tareas para su realización, que las víctimas no participaban en las hostilidades y que, por tanto, se configuró en un ataque a la población civil generalizado y/o sistemático”.

Ahora, los militares que serán imputados por estos dos nuevos delitos, deberán decidir si los aceptan o no. De no hacerlo, irían a juicio. La JEP ya la imputó cargos a 12 máximos responsables que ya aceptaron su participación en los 135 ejecuciones extrajudiciales. Por esto caso ya está en juicio el general (r) Publio Hernán Mejía, quien no aceptó ninguno de los cargos formulados por la JEP.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.