JEP le cerró la puerta a investigadora del CTI que participó de la Operación Orión

Rosa Elsy Arango Jiménez estuvo varios años en el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, hasta que fue condenada por destruir una prueba. Tocó la puerta de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) asegurando que tenía información sobre narcotráfico, paramilitares y las incursiones militares a la Comuna 13 en Medellín, conocidas como operaciones Orión 1 y 2 y Mariscal. Sin embargo, esa justicia se negó a recibirla tras concluir que los hechos por los que fue condenada nada tienen que ver con el conflicto armado.

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Tras un largo trámite, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP rechazó el sometimiento de Arango Jiménez. Es decir, concluyó que la exinvestigadora del CTI no tiene cabida en la jurisdicción creada tras la firma del Acuerdo de Paz para investigar y sancionar lo ocurrido en el conflicto. En concreto, porque la exfuncionaria fue condenada por unos hechos que no tienen relación con la guerra y, a pesar de que los magistrados le pidieron insistentemente que aclarara cómo podría contribuir al esclarecimiento del conflicto, la mujer no presentó lo que le requerían.

Tras analizar el expediente, concluyó la Sala, “se vislumbra claramente que el móvil —del crimen cometido por Arango Jiménez— no fue algo distinto al intento burdo de ocultar una falencia en el ejercicio de su labor”. Resulta que, hacia 2008, cuando la mujer trabajaba en el CTI, le entregó a una fiscal una serie de documentos para que ella adelantara las audiencias de legalización de captura de un sicario conocido como alias El Mono, vinculado con el homicidio del policía Juan Fernando García Cano. Entre los elementos estaba una entrevista que le había realizado al supuesto homicida.

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Pero Arango Jiménez había olvidado incluir en el formato de entrevista datos como el nombre y número de identificación de El Mono. “Al ser requerida por la fiscal, Rosa Elsy Arango ocultó la entrevista realizada y aportó un nuevo formato para enmendar con ello los datos faltantes”, recogió la JEP del expediente. Fue entonces que terminó siendo investigada por destruir evidencia y, posteriormente, condenada a 96 meses de prisión. El Tribunal de Medellín confirmó la sentencia en 2016, con lo que la última puerta que le faltaba por tocar a la exfuncionaria era la de la JEP.

Pero la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas concluyó: “De las piezas procesales analizadas no se advierte que el conflicto armado haya sido la causa directa o indirecta para que Arango Jiménez hubiera decidido suprimir el documento en el que recibió la entrevista de alias El Mono, así como tampoco se tiene por probado que dicha actuación tuviera alguna relación con el homicidio del señor Juan Fernando García Cano, del cual igualmente se desconoce que hubiera sucedido en el marco del conflicto”. Aunque le habían pedido que aclarara esa relación, la exfuncionaria no aportó más información.

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No obstante, la Sala de Reconocimiento de Verdad ya había pedido escuchar en declaración jurada a la exinvestigadora del CTI. En concreto, en el caso 08, en el que se investigan crímenes cometidos por paramilitares en alianza con la Fuerza Pública y otros funcionarios. Al rechazar el sometimiento de Arango, la Sala de Definición ordenó que le comunicaran de la decisión a sus colegas, para que tomen medidas frente a ese testimonio. En cualquier caso, Arango todavía puede impugnar y pedirle al Tribunal para la Paz que defina si su caso tiene cabida, o no, en la justicia especial.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Rosa Elsy Arango Jiménez estuvo varios años en el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, hasta que fue condenada por destruir una prueba. Tocó la puerta de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) asegurando que tenía información sobre narcotráfico, paramilitares y las incursiones militares a la Comuna 13 en Medellín, conocidas como operaciones Orión 1 y 2 y Mariscal. Sin embargo, esa justicia se negó a recibirla tras concluir que los hechos por los que fue condenada nada tienen que ver con el conflicto armado.

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Tras un largo trámite, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP rechazó el sometimiento de Arango Jiménez. Es decir, concluyó que la exinvestigadora del CTI no tiene cabida en la jurisdicción creada tras la firma del Acuerdo de Paz para investigar y sancionar lo ocurrido en el conflicto. En concreto, porque la exfuncionaria fue condenada por unos hechos que no tienen relación con la guerra y, a pesar de que los magistrados le pidieron insistentemente que aclarara cómo podría contribuir al esclarecimiento del conflicto, la mujer no presentó lo que le requerían.

Tras analizar el expediente, concluyó la Sala, “se vislumbra claramente que el móvil —del crimen cometido por Arango Jiménez— no fue algo distinto al intento burdo de ocultar una falencia en el ejercicio de su labor”. Resulta que, hacia 2008, cuando la mujer trabajaba en el CTI, le entregó a una fiscal una serie de documentos para que ella adelantara las audiencias de legalización de captura de un sicario conocido como alias El Mono, vinculado con el homicidio del policía Juan Fernando García Cano. Entre los elementos estaba una entrevista que le había realizado al supuesto homicida.

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Pero Arango Jiménez había olvidado incluir en el formato de entrevista datos como el nombre y número de identificación de El Mono. “Al ser requerida por la fiscal, Rosa Elsy Arango ocultó la entrevista realizada y aportó un nuevo formato para enmendar con ello los datos faltantes”, recogió la JEP del expediente. Fue entonces que terminó siendo investigada por destruir evidencia y, posteriormente, condenada a 96 meses de prisión. El Tribunal de Medellín confirmó la sentencia en 2016, con lo que la última puerta que le faltaba por tocar a la exfuncionaria era la de la JEP.

Pero la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas concluyó: “De las piezas procesales analizadas no se advierte que el conflicto armado haya sido la causa directa o indirecta para que Arango Jiménez hubiera decidido suprimir el documento en el que recibió la entrevista de alias El Mono, así como tampoco se tiene por probado que dicha actuación tuviera alguna relación con el homicidio del señor Juan Fernando García Cano, del cual igualmente se desconoce que hubiera sucedido en el marco del conflicto”. Aunque le habían pedido que aclarara esa relación, la exfuncionaria no aportó más información.

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No obstante, la Sala de Reconocimiento de Verdad ya había pedido escuchar en declaración jurada a la exinvestigadora del CTI. En concreto, en el caso 08, en el que se investigan crímenes cometidos por paramilitares en alianza con la Fuerza Pública y otros funcionarios. Al rechazar el sometimiento de Arango, la Sala de Definición ordenó que le comunicaran de la decisión a sus colegas, para que tomen medidas frente a ese testimonio. En cualquier caso, Arango todavía puede impugnar y pedirle al Tribunal para la Paz que defina si su caso tiene cabida, o no, en la justicia especial.

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