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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) respondió a las menciones que le hizo el presidente Gustavo Petro a esa autoridad en la carta que el jefe de Estado le envió al secretario general de la ONU, Antonio Guterres. En la misiva, el primer mandatario aseguró que “habrá un empeño adicional para que la JEP se consolide como modelo, referente, para y de todas las naciones del mundo” Sin embargo, los comentarios no cayeron bien en la JEP, que ahora le pide al Gobierno que respete su independencia.
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El presidente Petro señaló en la carta enviada a la ONU que “la JEP habrá de cumplir, sin dubitación alguna, con las normas que la crearon para garantizar la justicia (...) La JEP tendrá que tener en cuenta toda la Competencia Personal a ella asignada. Esta no podrá ser limitada ni condicionada”. Por otra parte, el pasado 13 de julio, durante la presentación del anterior informe de la Misión de la ONU, el canciller Álvaro Leyva puso sobre la mesa que la JEP debería admitir a paramilitares y que tanto el Estado como las FARC pueden usar instrumentos del Derecho Internacional Humanitario para “acelerar procedimientos”.
En ese momento, Leyva dijo que, con las cosas así, “por ejemplo, el quitar de por medio trabas que impiden el acceso de paramilitares a la Jurisdicción Especial para la Paz sin justificación alguna; la apertura del macrocaso de la responsabilidad del Estado por ser actor del conflicto armado, ya por acción, ya por omisión”.
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Ante las declaraciones del Ejecutivo, el presidente de la JEP, magistrado Roberto Carlos Vidal, dijo este viernes que “el Acuerdo Final para la Construcción de una Paz Estable y Duradera creó un órgano judicial, la Jurisdicción Especial para La Paz (JEP), independiente de todos los poderes públicos”. Vidal resaltó que “la JEP está encargada de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al derecho internacional humanitario cometidas con ocasión del conflicto armado y ocurridas hasta el 1 de diciembre de 2016″.
El togado agregó que “desde sus inicios, la JEP ha tomado decisiones con absoluta independencia de todos los poderes públicos, únicamente sometida a los mandatos de la Constitución Política y a las normas que rigen el Estado de Derecho” y que eso debe seguir respetándose. Y, enfatizó, en que por más de que esa jurisdicción haya sido originada por el Acuerdo Final de Paz, “no les confiere tutoría alguna sobre su gestión a las partes firmantes del mismo. Por lo tanto, al Gobierno y a las extintas Farc-EP no les está permitido emitir órdenes y orientaciones sobre el sentido de las decisiones de la JEP”.
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Aunado a lo anterior, el magistrado señaló que “los ciudadanos, las instituciones y las personas sometidas a la JEP tienen distintos mecanismos para controvertir las decisiones de la jurisdicción, tal como lo contemplan las normas que regulan a la Jurisdicción Especial para la Paz y el ordenamiento constitucional colombiano”. De acuerdo con Vidal, aunque esas opciones siempre han estado abiertas, “es muy distinto a que una persona o institución ejerza tutoría sobre las decisiones y el funcionamiento de la Jurisdicción. Respetar el Acuerdo Final de Paz es también respetar la autonomía de la JEP”.
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