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La Sección de Apelación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) rechazó definitivamente el sometimiento a la justicia transicional de José Miguel Narváez, exdirector del DAS. La JEP afirmó que Narváez no tenía ningún compromiso con la verdad en relación con el magnicidio del comediante Jaime Garzón, los vínculos del DAS con paramilitares y varios procesos en los que está vinculado. Según esta jurisdicción, Narváez incumplió sus compromisos para entregar la verdad, incluso después de que las víctimas pidieran que se protegiera al exdirector conforme a la verdad que aseguró que iba a contar.
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En el auto, la Sección manifestó que “la solicitud de sometimiento de Narváez Martínez a la JEP creó en las víctimas unas expectativas de acceder a la verdad plena sobre las personas que ordenaron el asesinato y la forma cómo fue planeado, que el solicitante frustró con sus intervenciones posteriores”. Las víctimas esperaban que mediante el sometimiento de Narváez a la JEP pudieran recibir la verdad sobre hechos en los que estuvo involucrado el DAS.
En definitiva, la JEP afirmó que la salida de Narváez corresponde a que las víctimas no accedieron a la verdad que prometió contar. “Las víctimas no obtuvieron lo que prometió el interesado. A pesar de la condena que quedó ejecutoriada en el transcurso del trámite transicional, el solicitante no realizó ningún aporte a la verdad plena y las víctimas han sido espectadoras del espurio y superfluo compromiso con el que Narváez Martínez ha permanecido en la JEP durante más de tres años, con la mayoría de sus procesos y juicios suspendidos por cuenta de su sometimiento voluntario”, afirmó la jurisdicción.
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En marzo de este año, la Sala de Definición de la JEP lo rechazó en primera instancia, ya que la propuesta que presentó no cumplía con la verdad conocida dentro de la justicia ordinaria, instancia donde fue condenado en 2021 a 26 años de prisión por el homicidio de Jaime Garzón. Además, Narváez es procesado por el homicidio del entonces senador Manuel Cepeda Vargas, padre del senador Iván Cepeda y líder de la Unión Patriótica, en 1994. Asimismo, está acusado de ser el determinador del secuestro de la hoy senadora Piedad Córdoba en 1999.
“La JEP, bajo sus propósitos de investigar los crímenes más graves y representativos del conflicto armado, y juzgar a los máximos responsables, le dio un ultimátum a Narváez para que en una diligencia reservada presente una propuesta clara y detallada de aporte a la verdad plena, reparación y no repetición, sobre los graves hechos por los que ha sido investigado en la justicia ordinaria. Por ejemplo, los homicidios de Jaime Garzón Forero, Manuel Cepeda Vargas, sus relaciones con el paramilitarismo, las chuzadas del DAS, el secuestro de Piedad Córdoba, la tortura de Claudia Julieta Duque y otros delitos” afirmó la JEP en su momento.
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Narváez elevo su solicitud de sometimiento ante la JEP en agosto del 2019. Hasta ahora, la jurisdicción logró recoger pruebas que permiten concluir que el exsubdirector “contribuyó en forma directa a las Auc como ideólogo en el diseño o construcción de un patrón de actos ilícitos en contra de la población civil”. Además de ser señalado como “catedrático de las Auc”, y una de las mentes detrás de las persecuciones y exterminaciones contra académicos, periodistas y políticos señalados como aliados de grupos guerrilleros.
A pesar de que Narváez prometió aportar verdad ante la JEP, sus promesas no fueron suficientes para la jurisdicción. Sumado a esto, Narváez siguió argumentando que era inocente sin aportar prueba alguna para demostrarlo. “El interesado no puede insistir en negar la condena en firme en su contra, con el alegato de que ha sido injusta y producto de un contubernio corrupto entre funcionarios judiciales. Ese alegato configura un incumplimiento de su deber con el sistema y subraya su falta de compromiso de aportar a la verdad”, concluyó la JEP, la cual también negó cualquier posibilidad de realizar una audiencia reservada con Narváez para entregar verdad confidencial.
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