El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el magistrado Roberto Carlos Vidal, enfatizó durante los últimos días en una presunta falta de recursos para desarrollar las sanciones propias a través de programas de justicia restaurativa. Vidal ha asegurado que la deuda sería de $450.000 millones y que el Gobierno Nacional tiene responsabilidad en ello. Incluso, se lo dejó claro al presidente Gustavo Petro en una carta.
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De acuerdo con el documento conocido por Caracol Radio, el magistrado Vidal le envió un oficio al presidente Petro, cuyo asunto es el siguiente: Preocupación por la falta de direccionamiento de los recursos previamente asignados para la imposición y el cumplimiento de sanciones propias y de las medidas de contribución a la reparación por parte de comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz.
Según lo había explicado Vidal en entrevista con El Espectador, el dinero se habían gestionado desde el gobierno de Iván Duque y se aprobaron finalmente a través de cinco artículos del nuevo Plan Nacional de Desarrollo, tras dos años de trabajo con el Ministerio de Hacienda. “El Minhacienda accedió a esa asignación que fue estudiada, porque les dijimos que íbamos a hacer y en qué lugares y que para eso necesitábamos $450.000 millones”, aseguró. No obstante, que tiene información de que el dinero se reorientó y no ha llegado a la JEP.
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En la carta dirigida a Petro, el magistrado Vidal pone de presente la arquitectura jurídica y financiera del Acuerdo de Paz de 2016, el cual dio origen a la JEP, expone que al Gobierno Nacional le corresponde disponer de los recursos necesarios para el cumplimiento y financiación. Y agregó que Petro debe procurar por garantizar que la JEP cuente con los recursos necesarios para el cumplimiento de su misionalidad, sobretodo en lo concerniente a la reparación integral de las víctimas.
El magistrado Vidal recordó, además, que el país firmó un acuerdo de cooperación con la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional, en octubre de 2021, en el que se comprometió a “continuar apoyando los procesos pertinentes ante las diferentes instancias judiciales interconectadas, incluyendo la justicia ordinaria, el sistema de Justicia y Paz y la Jurisdicción Especial para la Paz”.
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Y que, en definitiva, “la preocupación de la magistratura, y particularmente de instancias como el Órgano de Gobierno de la Jurisdicción, radica en que los recursos, entre otros aquellos definidos por el Comité Directivo del Fondo Colombia en Paz, y que estarían destinados a la materialización de los planes, programas y proyectos que permiten la realización de los derechos de las víctimas a la justicia, verdad, reparación y no repetición, se estarían orientando a otras líneas de financiación o intervención gubernamental”.
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