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La Jurisdicción Especial para la Paz terminó su intervención en el cementerio de Dabeiba. De acuerdo con la JEP, los magistrados habrían evidenciado que ya no existen más puntos en el cementerio Las Mercedes que no hayan sido intervenidos para la búsqueda de cuerpos de víctimas de desaparición forzada. Después de más de dos años de búsqueda, la Sección de Ausencia de Reconocimiento anunció esta decisión después de que en este camposanto se hayan encontrado 48 cuerpos de posibles víctimas de ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada.
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Por esto mismo, los jueces de esta jurisdicción señalaron que no es necesario que se mantengan las medidas cautelares que pesaban sobre este cementerio ubicado en el Urabá antioqueño. Según el auto de la JEP, “A la fecha, ha sido agotada la labor de contrastación y las actividades investigativas dirigidas a la garantía de los derechos de las víctimas. Resultado preliminar de ello es la identificación y entrega digna de ocho (8) personas encontradas en el cementerio exclusivamente por órdenes de la JEP, y tres más en conjunto con la Fiscalía General de la Nación”.
Estas medidas cautelares, que fueron impuestas en agosto de 2020, permitieron que la JEP, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, la Fiscalía y Medicina Legal, adelantaran la búsqueda de varias personas que habrían sido desaparecidas por miembros del Ejército en alianza con grupos paramilitares dentro de este camposanto.
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Los hallazgos realizados en este cementerio fueron posibles gracias a las versiones entregadas por varios exmilitares. El primero de ellos fue el sargento (r) William Capera Vargas, quien contó a la JEP las relaciones que mantenían varias unidades militares con integrantes del bloque Elmer Cárdenas de los paramilitares. Estos testimonios fueron ampliados por testigos y militares que lograron entregar 29 fosas comunes en este cementerio.
Según la investigación que adelantó esta jurisdicción, este camposanto era un lugar que la justicia ordinaria desconocía como sitio de interés para la búsqueda de desaparecidos. Además, los testimonios entregados por los comparecientes permitieron aclarar que las unidades BCG-26 Arhuacos, BCG 79, BIGIR y BIBEM se aliaron con los paramilitares para la presentación de resultados y facilitar el tráfico de personas, drogas y armas.
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En este cementerio fue posible probar que la afirmación que entregó Capera de que en los falsos positivos en los que participó las víctimas fueron enterradas en bolsas plásticas suministradas por el municipio. Además, se pudo probar que este camposanto fue alterado por el Ejército para ocultar sus crímenes. Por estos hechos, la JEP imputó a 10 miembros de las Fuerzas Militares por ser los supuestor responsables de los falsos positivos. Como reveló El Espectador, la JEP imputó a Capera, a los coroneles (r) Edie Pinzón, David Herley Guzmán, Efraín Enrique Prada y Jorge Alberto Amor, además de los suboficiales Yair Leandro Rodríguez, Hermes Mauricio Alvarado, Levis de Jesús Contreras, Fidel Iván Ochoa y Jaime Coral.
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