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Sor Teresa Gómez, quien fue cuñada de los comandantes paramilitares Vicente y Carlos Castaño Gil, fue llamada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para rendir su versión sobre la situación de conflicto que padecieron algunos habitantes de Córdoba cuando las AUC estaban en auge y cuando, a través, del Fondo Ganadero del departamento despojaron de sus predios a más 150 familias.
La también desmovilizada del Bloque Elmer Cárdenas fue citada por la justicia transicional para que de forma virtual asista a las diligencias los días 6 y 7 de octubre. Su versión lo recibirá la JEP en el marco del Caso 04 que investiga la situación territorial de Urabá. Aunque la mujer fue llamada a rendir versión su solicitud de sometimiento aún no ha sido resuelta.
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Para la JEP resulta pertinente recoger el testimonio de Sor Teresa porque “permitirá profundizar las referencias contenidas en los informes aportados por las organizaciones de víctimas acreditadas ante este despacho relator, así como las referencias en las sesiones de versión voluntaria de quienes han sido vinculados a esta investigación, sin que la diligencia se limite a preguntarle por estos temas, sino sobre todos aquellos que se relacionen con las conductas que se investiga”.
Sor Teresa es clave en la investigación que adelanta la JEP porque, entre otras cosas, participó en el proceso de legalización del despojo de tierras a poseedores y propietarios en toda esa región. Se convirtió en la emisaria directa de reconocidos jefes paramilitares como los hermanos Castaño, y prácticamente, según el expediente, andaba con chequera en mano comprando los predios que previamente le habían despojado a los pobladores de la región.
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Para la justicia ordinaria, de quien recibió una condena de 12 años de prisión, resulta incuestionable que Sor Teresa estuvo involucrada en la asociación criminal paramilitar que diseñó, planeó y ejecutó el proyecto palmicultor. De acuerdo con las autoridades judiciales está claro que Gómez actuó como la encargada de pagar a las personas que, de diversas formas vendían sus propiedades. “Es decir, ejecutó múltiples acciones en la región de Belén de Bajirá. Su actuación fue trascendental ya que la finalidad exclusiva era la de apoderarse ilegalmente de las tierras de las comunidades negras”, reposa en la condena emitida por la justicia ordinaria.
La sentencia para Sor Teresa llegó en octubre de 2015 tras aceptar su responsabilidad en los delitos de destrucción y apropiación de bienes protegidos, deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil, lavado de activos y concierto para delinquir.
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