JEP niega sometimiento de exalcalde de San Pedro de Urabá por incumplimientos
Según la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción señaló que sus aportes, así como los de un exconcejal y un exsecretario de Educación del mismo municipio, fueron “precarios” respecto a sus alianzas con paramilitares.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le cerró las puertas al exalcalde de San Pedro de Urabá (Antioquia) entre 2011 y 2003, Eugenio Hoyos De La Ossa, y a otros exfuncionarios de ese municipio por incumplir sus compromisos para entregar verdad sobre los apoyos políticos que recibieron por parte del Bloque Elmer Cárdenas de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu).
Además del exalcalde, la JEP negó el sometimiento del exconcejal Jorge William Pérez Alvis y del exsecretario de Educación de 2001 a 2006 de ese mismo municipio. Los tres antiguos funcionarios fueron condenados en la justicia ordinaria por el delito de concierto para delinquir agravado, en la modalidad de promoción de grupos al margen de la ley. Según las pesquisas de autoridades judiciales, habrían recibido apoyo de estructuras paramilitares.
La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP estableció que los tres exfuncionarios “incumplieron el régimen de condicionalidad de la JEP y no brindaron información relevante para las víctimas ni para la sociedad en general”. Entre otros motivos para negar la solicitud, la sala concluyó que los aportes de verdad fueron “precarios” y que los exfuncionarios fueron reticentes a referirse a sus relaciones probadas con paramilitares.
“Sumado esto, la magistratura subrayó que en cuatro ocasiones les solicitó a los tres exfuncionarios que presentaran sus escritos de compromiso claro, concreto y programado, los cuales fueron presentados de manera precaria tres años después, en un claro detrimento de sus obligaciones con la JEP”, añadió la Jurisdicción mediante un comunicado.
Para la JEP, la relación de los tres investigados era de vital interés para el macrocaso 08, que investiga los crímenes cometidos por la fuerza pública, u otros agentes del Estado, en asociación con paramilitares o terceros civiles durante el conflicto armado.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le cerró las puertas al exalcalde de San Pedro de Urabá (Antioquia) entre 2011 y 2003, Eugenio Hoyos De La Ossa, y a otros exfuncionarios de ese municipio por incumplir sus compromisos para entregar verdad sobre los apoyos políticos que recibieron por parte del Bloque Elmer Cárdenas de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu).
Además del exalcalde, la JEP negó el sometimiento del exconcejal Jorge William Pérez Alvis y del exsecretario de Educación de 2001 a 2006 de ese mismo municipio. Los tres antiguos funcionarios fueron condenados en la justicia ordinaria por el delito de concierto para delinquir agravado, en la modalidad de promoción de grupos al margen de la ley. Según las pesquisas de autoridades judiciales, habrían recibido apoyo de estructuras paramilitares.
La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP estableció que los tres exfuncionarios “incumplieron el régimen de condicionalidad de la JEP y no brindaron información relevante para las víctimas ni para la sociedad en general”. Entre otros motivos para negar la solicitud, la sala concluyó que los aportes de verdad fueron “precarios” y que los exfuncionarios fueron reticentes a referirse a sus relaciones probadas con paramilitares.
“Sumado esto, la magistratura subrayó que en cuatro ocasiones les solicitó a los tres exfuncionarios que presentaran sus escritos de compromiso claro, concreto y programado, los cuales fueron presentados de manera precaria tres años después, en un claro detrimento de sus obligaciones con la JEP”, añadió la Jurisdicción mediante un comunicado.
Para la JEP, la relación de los tres investigados era de vital interés para el macrocaso 08, que investiga los crímenes cometidos por la fuerza pública, u otros agentes del Estado, en asociación con paramilitares o terceros civiles durante el conflicto armado.
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