JEP ordena a la ANI que garantice búsqueda de desaparecidos en el Canal del Dique

Una decisión de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y al concesionario que manejará el megaproyecto (que todavía no está definido), que adopte varios protocolos técnicos para asegurar la búsqueda, recuperación, identificación y entrega digna a sus familiares de los cuerpos de las víctimas desaparecidas que podrían estar en el Canal del Dique. Estos protocolos permitirán asegurar la búsqueda a través de todo este canal. La búsqueda de estas víctimas se desarrollaría a lo largo de los 115 kilómetros que van desde el municipio de Calamar (Bolívar) hasta la bahía de Cartagena, atravesando este departamento y el departamento del Atlántico.

En contexto: Ciénagas, camarones y paramilitares en el canal del Dique

Esta decisión de la JEP está encaminada dentro de unas medidas cautelares que existen sobre el Canal del Dique. En este lugar, según un estudio presentado por el Grupo de Análisis de la Información de esta jurisdicción, ocurrieron entre 6.765 y 9.638 desapariciones forzadas en el marco del conflicto armado en Colombia, entre los años 1991 y 2015. Estas desapariciones habrían ocurrido en un total de 121 puntos de disposición de cadáveres, según testimonios de exparamilitares como Uber Bánquez, alias Juancho Dique.

El excomandante del Frente Canal del Dique, que operaba desde el límite entre Bolívar y Sucre hasta Cartagena y la frontera con Atlántico, ha entregado varios testimonios sobre los hechos ocurridos en este canal. Juancho Dique afirmó que participó en varias masacres que terminaron con desapariciones en las aguas de este canal. Según Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, serían más de 2.000 víctimas las que habrían sido lanzadas a este cuerpo de agua.

Lea: “No salíamos a buscar candidatos, ellos nos buscaban a nosotros”: “Juancho Dique”

Esta decisión de la JEP se conoce días después de que la propia ANI suspendiera el proceso de licitación que buscaba dar con el contratista encargado de desarrollar el proyecto para la “restauración de ecosistemas degradados del Canal del Dique”, una megaobra que tendría un costo de $3.2 billones. Aunque todo estaba listo para que el contrato se entregara antes de que acaba el gobierno Duque la semana pasada, la Agencia decidió suspender el trámite por una serie de advertencia, no solo de organizaciones sociales que pidieron garantías para la búsqueda de desaparecidos en este lugar, sino también de la Contraloría que advirtió problemas con el único oferente, la empresa española Sacyr.

Con el proceso de licitación suspendido, la JEP le advirtió a la ANI que le debe anunciar a quien se quede con ese billonario contrato que debe garantizar la búsqueda de los desaparecidos. En octubre de este año, la jurisdicción especial celebrará una audiencia pública para evaluar las medidas de protección y recuperación de los cuerpos, aunque aún no es claro si para esa época habrá contratista.

En esta audiencia se planearán los protocolos que deberá seguir quien quede con el negocio si se llega a encontrar cuerpos de víctimas de desaparición forzada. Según el auto de esta jurisdicción, “el protocolo tendrá que estar informado por las recomendaciones técnicas de las entidades del Estado, cuyas competencias y funciones se encuentren relacionadas con la búsqueda de personas dadas por desaparecidas”.

Lea aquí: La disputa en la ANI detrás del aplazamiento de la licitación del Canal del Dique

Esta decisión surge al responder una solicitud presentada por varias organizaciones de víctimas organizadas en la plataforma La Ruta del Cimarronaje, que solicitó a esta jurisdicción que se pronunciara sobre los posibles peligros de desconocimiento a la hora de realizar búsquedas de desaparecidos dentro de las obligaciones del futuro contratista.

La Sección de Ausencia de Reconocimiento, en esta misma decisión, negó la solicitud de esta plataforma de suspender el proceso de licitación del proyecto, debido a que este tipo de solicitudes corresponden por competencia a los jueces administrativos y solo en casos extremadamente específicos a la JEP.

Lea también: Las inquietudes ambientales de las obras en el Canal del Dique

La jurisdicción especial también informó que había logrado identificar tres patrones de sitios de posible interés forense que estarían relacionados con el Canal del Dique. Esta sección declaró que se trata de tres municipios del departamento de Bolívar, uno de estos sitios se encuentra en el municipio de Calamar, mientras que los otros están relacionados con las obras finales de este canal sobre el municipio de Arjona que se extiende hasta la ciénaga de Cartagena.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Una decisión de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y al concesionario que manejará el megaproyecto (que todavía no está definido), que adopte varios protocolos técnicos para asegurar la búsqueda, recuperación, identificación y entrega digna a sus familiares de los cuerpos de las víctimas desaparecidas que podrían estar en el Canal del Dique. Estos protocolos permitirán asegurar la búsqueda a través de todo este canal. La búsqueda de estas víctimas se desarrollaría a lo largo de los 115 kilómetros que van desde el municipio de Calamar (Bolívar) hasta la bahía de Cartagena, atravesando este departamento y el departamento del Atlántico.

En contexto: Ciénagas, camarones y paramilitares en el canal del Dique

Esta decisión de la JEP está encaminada dentro de unas medidas cautelares que existen sobre el Canal del Dique. En este lugar, según un estudio presentado por el Grupo de Análisis de la Información de esta jurisdicción, ocurrieron entre 6.765 y 9.638 desapariciones forzadas en el marco del conflicto armado en Colombia, entre los años 1991 y 2015. Estas desapariciones habrían ocurrido en un total de 121 puntos de disposición de cadáveres, según testimonios de exparamilitares como Uber Bánquez, alias Juancho Dique.

El excomandante del Frente Canal del Dique, que operaba desde el límite entre Bolívar y Sucre hasta Cartagena y la frontera con Atlántico, ha entregado varios testimonios sobre los hechos ocurridos en este canal. Juancho Dique afirmó que participó en varias masacres que terminaron con desapariciones en las aguas de este canal. Según Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, serían más de 2.000 víctimas las que habrían sido lanzadas a este cuerpo de agua.

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Esta decisión de la JEP se conoce días después de que la propia ANI suspendiera el proceso de licitación que buscaba dar con el contratista encargado de desarrollar el proyecto para la “restauración de ecosistemas degradados del Canal del Dique”, una megaobra que tendría un costo de $3.2 billones. Aunque todo estaba listo para que el contrato se entregara antes de que acaba el gobierno Duque la semana pasada, la Agencia decidió suspender el trámite por una serie de advertencia, no solo de organizaciones sociales que pidieron garantías para la búsqueda de desaparecidos en este lugar, sino también de la Contraloría que advirtió problemas con el único oferente, la empresa española Sacyr.

Con el proceso de licitación suspendido, la JEP le advirtió a la ANI que le debe anunciar a quien se quede con ese billonario contrato que debe garantizar la búsqueda de los desaparecidos. En octubre de este año, la jurisdicción especial celebrará una audiencia pública para evaluar las medidas de protección y recuperación de los cuerpos, aunque aún no es claro si para esa época habrá contratista.

En esta audiencia se planearán los protocolos que deberá seguir quien quede con el negocio si se llega a encontrar cuerpos de víctimas de desaparición forzada. Según el auto de esta jurisdicción, “el protocolo tendrá que estar informado por las recomendaciones técnicas de las entidades del Estado, cuyas competencias y funciones se encuentren relacionadas con la búsqueda de personas dadas por desaparecidas”.

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Esta decisión surge al responder una solicitud presentada por varias organizaciones de víctimas organizadas en la plataforma La Ruta del Cimarronaje, que solicitó a esta jurisdicción que se pronunciara sobre los posibles peligros de desconocimiento a la hora de realizar búsquedas de desaparecidos dentro de las obligaciones del futuro contratista.

La Sección de Ausencia de Reconocimiento, en esta misma decisión, negó la solicitud de esta plataforma de suspender el proceso de licitación del proyecto, debido a que este tipo de solicitudes corresponden por competencia a los jueces administrativos y solo en casos extremadamente específicos a la JEP.

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La jurisdicción especial también informó que había logrado identificar tres patrones de sitios de posible interés forense que estarían relacionados con el Canal del Dique. Esta sección declaró que se trata de tres municipios del departamento de Bolívar, uno de estos sitios se encuentra en el municipio de Calamar, mientras que los otros están relacionados con las obras finales de este canal sobre el municipio de Arjona que se extiende hasta la ciénaga de Cartagena.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.