JEP ordena a la Unidad de Protección garantizar la seguridad de Pastor Alape

La seguridad de los desmovilizados de las Farc, según la Corte Constitucional, está en un estado de emergencia. Así lo determinó hace unos días cuando declaró el estado de cosas inconstitucional, explicando que a la fecha son casi 300 excombatientes asesinados en Colombia. En medio de ese panorama, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó a las autoridades garantizar la seguridad de Pastor Alape, excomandante de la guerrilla y delegado en el Consejo Nacional de Reincorporación.

Antecedentes: Pastor Alape denuncia que su esquema de seguridad fue reducido

Una sección de la JEP ordenó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que en menos de diez días envíe un informe respondiendo si ya implementó las medidas adicionales de seguridad a favor de Alape. El representante de Comunes, partido político de los exFarc, ha alertado por más de un año situaciones en las cuales su seguridad se ha visto mermada. La JEP le respondió que tiene toda la razón y que la UNP debe tomar cartas para evitar posibles ataques en su contra.

Además, se ordenó al director de la UNP, Alfonso Campo, que en el término de treinta (30) días, “remita informe en que se presente una estrategia y un protocolo aprobados con indicadores de evaluación y seguimiento con inclusión del enfoque diferencial, teniendo en cuenta las diversidades territoriales y topográficas del país con relación a las condiciones que se aplican a los beneficiarios de las medidas y el cuerpo de escoltas que los acompañan sobre las formas en que se prestan los servicios de transporte y desplazamiento para garantizar la seguridad”.

Lea: Pastor Alape entregó información sobre explosivos instalados por las Farc

Desde principios de 2021, Alape ha alertado al Ministerio del Interior, del cual depende la UNP, que su seguridad ha disminuido. Allegó las quejas a la JEP, entidad ante la cual la Unidad de Protección respondió que el exguerrillero contaba con 11 escoltas, tres funcionarios de la Policía y una mujer de protección de una unión temporal. Además, dos vehículos convencionales y tres blindados, un chaleco antibalas y un celular.

Sin embargo, el pasado 16 de noviembre, en un informe Alape señaló que su esquema de seguridad es así, pero solo en el papel. Explicó que en un viaje de Medellín a Bogotá, parte de su grupo de escoltas fue enviado en una aerolínea diferente a la cual le asignaron, en medio de sus funciones como líder político de reincorporación. Además, que en un desplazamiento a los Montes de María uno de los vehículos se apagó en pleno camino, lo cual representa un riesgo para su seguridad. Dijo que a finales de año únicamente contaba con dos vehículos y que, aparte, el mantenimiento de ellos no era el adecuado.

Lea también: Pastor Alape y “Martín Llanos” piden hablar juntos del conflicto armado ante la Comisión de la Verdad

“Desde mediados del mes de noviembre se ha reducido la capacidad de respuesta del esquema de protección por no contar con la totalidad de vehículos asignados mediante resolución de la Mesa Técnica de Seguridad y Protección, lo cual impide el acompañamiento de la totalidad de los agentes escoltas. A pesar de ello, con todos los riesgos, continúo cumpliendo con todas mis responsabilidades con el Acuerdo Final de Paz y la reincorporación”, señaló Alape.

Así las cosas, la UNP deberá responder a la JEP por las denuncias de Alape, las cuales van a cumplir un año. Sin embargo, no es el único informe que la Unidad debe rendir ante las autoridades judiciales. En el marco del estado de cosas inconstitucional del Acuerdo de Paz, la Corte Constitucional le ordenó reevaluar el riesgo de los esquemas de protección colectiva en los espacios especiales para reincorporados. De ser necesario, deberán fortalecerlos en un término de cuatro meses.

En contexto: Corte Constitucional declara que hay una violación masiva del Acuerdo de Paz

Igualmente, la Corte ordenó a la Procuraduría a que adopte un mecanismo especial de vigilancia del cumplimiento de la sentencia, con el apoyo de la Defensoría del Pueblo. Del mismo modo, a través de una Sala Especial de Seguimiento, se deberá realizar un estudio en el que se verifique el cumplimiento de las órdenes emitidas por el alto tribunal. El Gobierno Nacional y el Consejo Superior de la Judicatura adoptarán las medidas administrativas y financieras necesarias para el funcionamiento de dicho seguimiento.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

La seguridad de los desmovilizados de las Farc, según la Corte Constitucional, está en un estado de emergencia. Así lo determinó hace unos días cuando declaró el estado de cosas inconstitucional, explicando que a la fecha son casi 300 excombatientes asesinados en Colombia. En medio de ese panorama, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó a las autoridades garantizar la seguridad de Pastor Alape, excomandante de la guerrilla y delegado en el Consejo Nacional de Reincorporación.

Antecedentes: Pastor Alape denuncia que su esquema de seguridad fue reducido

Una sección de la JEP ordenó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que en menos de diez días envíe un informe respondiendo si ya implementó las medidas adicionales de seguridad a favor de Alape. El representante de Comunes, partido político de los exFarc, ha alertado por más de un año situaciones en las cuales su seguridad se ha visto mermada. La JEP le respondió que tiene toda la razón y que la UNP debe tomar cartas para evitar posibles ataques en su contra.

Además, se ordenó al director de la UNP, Alfonso Campo, que en el término de treinta (30) días, “remita informe en que se presente una estrategia y un protocolo aprobados con indicadores de evaluación y seguimiento con inclusión del enfoque diferencial, teniendo en cuenta las diversidades territoriales y topográficas del país con relación a las condiciones que se aplican a los beneficiarios de las medidas y el cuerpo de escoltas que los acompañan sobre las formas en que se prestan los servicios de transporte y desplazamiento para garantizar la seguridad”.

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Desde principios de 2021, Alape ha alertado al Ministerio del Interior, del cual depende la UNP, que su seguridad ha disminuido. Allegó las quejas a la JEP, entidad ante la cual la Unidad de Protección respondió que el exguerrillero contaba con 11 escoltas, tres funcionarios de la Policía y una mujer de protección de una unión temporal. Además, dos vehículos convencionales y tres blindados, un chaleco antibalas y un celular.

Sin embargo, el pasado 16 de noviembre, en un informe Alape señaló que su esquema de seguridad es así, pero solo en el papel. Explicó que en un viaje de Medellín a Bogotá, parte de su grupo de escoltas fue enviado en una aerolínea diferente a la cual le asignaron, en medio de sus funciones como líder político de reincorporación. Además, que en un desplazamiento a los Montes de María uno de los vehículos se apagó en pleno camino, lo cual representa un riesgo para su seguridad. Dijo que a finales de año únicamente contaba con dos vehículos y que, aparte, el mantenimiento de ellos no era el adecuado.

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“Desde mediados del mes de noviembre se ha reducido la capacidad de respuesta del esquema de protección por no contar con la totalidad de vehículos asignados mediante resolución de la Mesa Técnica de Seguridad y Protección, lo cual impide el acompañamiento de la totalidad de los agentes escoltas. A pesar de ello, con todos los riesgos, continúo cumpliendo con todas mis responsabilidades con el Acuerdo Final de Paz y la reincorporación”, señaló Alape.

Así las cosas, la UNP deberá responder a la JEP por las denuncias de Alape, las cuales van a cumplir un año. Sin embargo, no es el único informe que la Unidad debe rendir ante las autoridades judiciales. En el marco del estado de cosas inconstitucional del Acuerdo de Paz, la Corte Constitucional le ordenó reevaluar el riesgo de los esquemas de protección colectiva en los espacios especiales para reincorporados. De ser necesario, deberán fortalecerlos en un término de cuatro meses.

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Igualmente, la Corte ordenó a la Procuraduría a que adopte un mecanismo especial de vigilancia del cumplimiento de la sentencia, con el apoyo de la Defensoría del Pueblo. Del mismo modo, a través de una Sala Especial de Seguimiento, se deberá realizar un estudio en el que se verifique el cumplimiento de las órdenes emitidas por el alto tribunal. El Gobierno Nacional y el Consejo Superior de la Judicatura adoptarán las medidas administrativas y financieras necesarias para el funcionamiento de dicho seguimiento.

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