Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) les ordenó a tres gobernaciones y 19 alcaldías del Caribe construir un espacio de memoria en torno al canal del Dique, la bifurcación artificial del río Magdalena que en medio del conflicto armado fue depósito de cuerpos de víctimas de desaparición y otros crímenes. La decisión la dieron a conocer los magistrados de la Sección de Ausencia de Reconocimiento en Cartagena, donde durante todo el 20 de octubre estuvieron escuchando a las víctimas de esta región, que les pidieron tomar medidas cautelares sobre un proyecto de intervención de este ecosistema, que podría poner en riesgo los restos de sus familiares.
(Lea también: No fluye la adjudicación del Canal del Dique)
La audiencia continuará el 21 de octubre, pero los magistrados ordenaron desde ya la primera medida cautelar, que según explicaron, tiene un enfoque de restaurar a las víctimas. La orden consiste en que, en toda la zona de influencia del canal del Dique, se debe construir una “Ruta de Memoria”, que, según la decisión, debe estar “constituida por lugares, y monumentos de memoria, demarcada por placas conmemorativas y delineadas narrativas ubicadas en lugares públicos en cercanías del cuerpo acuático a lo largo del Canal, así como por las otras formas de acción restaurativa que se acuerden en el escenario técnico de concertación”.
Además, la JEP ordenó: “Las placas conmemorativas y narrativas deberán guardar relación entre sí, de forma tal que configuren una ruta de memoria con el significado vital del canal, del cimarronaje, de la desaparición, de la búsqueda y de las vidas de los seres queridos ausentes; los entes territoriales deberán comprometerse con su mantenimiento en el tiempo. Con la instalación de cada placa se contempla a su vez la siembra y el cuidado de al menos un árbol que contribuya a la reforestación y permita de esta manera una protección integral (ambiental, social, forense)”.
(Le puede interesar: Canal del Dique: las comunidades exigen consulta previa)
Todos estos detalles de cómo debe ser el espacio de memoria del canal del Dique salieron a flote en las audiencias y en encuentros previos de las víctimas con miembros de la Jurisdicción. Por ejemplo, muchas de las víctimas pertenecen al pueblo afro, y de ahí la importancia de visibilizar la historia del cimarronaje en esta ruta. Además, los habitantes de la zona le han expresado a la JEP que el río es un ecosistema del que obtienen su sustento, pero que debe ser entendido en red. Por eso la orden es construir una ruta, para que se vea la zona como más que puntos de interés forense o con potencial de desarrollo económico.
De entender el canal del Dique como esa red “se deriva la necesidad de proteger no solamente un compendio de lugares de interés forense, sino la salvaguarda de la red en su conjunto, es decir, los vínculos entre los municipios que configuran el canal, desde una aproximación tanto cultural, socioambiental como forense”, dice la decisión, que tuvo ponencia de los magistrados María del Pilar Valencia y Alejandro Ramelli. Este último fue el togado que lideró la investigación que halló decenas de víctimas de falsos positivos ocultas en el cementerio de Dabeiba como cuerpos no identificados.
Al cierre del primer día de la diligencia, la magistrada María del Pilar Valencia, co-relatora del trámite cautelar, leyó las órdenes con enfoque restaurativo que preliminarmente ha adoptado la Sección en el marco de la audiencia pública en Cartagena. pic.twitter.com/SseGj707kk
— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) October 20, 2022
(Lea también: Las inquietudes ambientales de las obras en el Canal del Dique)
Las gobernaciones de Atlántico, Bolívar y Sucre, así como los 19 municipios cubiertos por la decisión tendrán seis meses para acatar la orden de la JEP. Según explicaron los magistrados, no hay lugar a una prórroga. El Ministerio de Cultura, el Centro Nacional de Memoria Histórica y la Red Colombiana de Lugares de Memoria deberán prestar la asesoría técnica necesaria para llevar a buen puerto la ruta de memoria. Asimismo, del proceso debe participar la empresa que se quede con el billonario contrato de dragado del canal del Dique, un proceso que continúa en estudio en la Agencia Nacional de Infraestructura.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.