JEP ordena protección del cementerio de Riosucio, donde estarían restos de 42 desaparecidos

La Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decretó medidas cautelares sobre el cementerio El Carmen, de Riosucio (Caldas), ante la posibilidad de que allí permanezcan los restos de decenas de desaparecidos. En un resguardo indígena del municipio hay reportes de 125 personas que desaparecieron en el conflicto y organizaciones de víctimas le demostraron a la JEP que hay fuertes indicios de que los restos de por lo menos 42 estén en el camposanto.

“La información analizada por la Sección indica que, preliminarmente, podrían ser 200 las presuntas víctimas de desaparición forzada en ese municipio, si se tiene en cuenta que el registro de las desaparecidas en el resguardo indígena de San Lorenzo da cuenta de 125 personas identificadas y 27 no identificadas; y que las inspecciones realizadas en toda el área de Riosucio por el Cuerpo de Bomberos reportan 240 personas con posible identidad y 148 no identificadas”, señaló la JEP en un comunicado.

Organizaciones como el Consejo Regional Indígena de Caldas (Cridec), el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), el Cabildo indígena de San Lorenzo y el Equipo Colombiano de Trabajo Forense y Asistencia Psicosocial (Equitas) fueron quienes le pidieron a la JEP proteger el cementerio El Carmen. En sus escritos, manifestaron que en el predio se vienen realizando trabajos que pueden afectar los datos sobre los cuerpos que reposan en un área especial destinada para cuerpos que no han sido identificados.

“De las 125 desapariciones reportadas por el resguardo, 47 habrían ocurrido entre 1985 y 2009. Y en 42 de estos registros el cementerio de Riosucio podría ser el lugar de disposición final de las víctimas pertenecientes a este pueblo indígena”, continúa el comunicado de la JEP. En las órdenes de la decisión judicial también hay un llamado a la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas para que coordine “las acciones pertinentes en este caso”, dentro de las funciones que le otorgó el Acuerdo de Paz con las Farc.

Todavía no se han establecido responsabilidades, pero la JEP reseñó que, según el Centro de Memoria Histórica y la Fiscalía, en este sector del país operaron diversos grupos al margen de la ley. “Entre ellos, las extintas Farc-EP, especialmente el Frente 47, que operaba en la región, integrantes de la fuerza pública, estructuras paramilitares y otros grupos armados no identificados”, dijo la entidad en el comunicado. Asimismo, se pidió más información a las autoridades locales para esclarecer las cifras de víctimas.

La Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decretó medidas cautelares sobre el cementerio El Carmen, de Riosucio (Caldas), ante la posibilidad de que allí permanezcan los restos de decenas de desaparecidos. En un resguardo indígena del municipio hay reportes de 125 personas que desaparecieron en el conflicto y organizaciones de víctimas le demostraron a la JEP que hay fuertes indicios de que los restos de por lo menos 42 estén en el camposanto.

“La información analizada por la Sección indica que, preliminarmente, podrían ser 200 las presuntas víctimas de desaparición forzada en ese municipio, si se tiene en cuenta que el registro de las desaparecidas en el resguardo indígena de San Lorenzo da cuenta de 125 personas identificadas y 27 no identificadas; y que las inspecciones realizadas en toda el área de Riosucio por el Cuerpo de Bomberos reportan 240 personas con posible identidad y 148 no identificadas”, señaló la JEP en un comunicado.

Organizaciones como el Consejo Regional Indígena de Caldas (Cridec), el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), el Cabildo indígena de San Lorenzo y el Equipo Colombiano de Trabajo Forense y Asistencia Psicosocial (Equitas) fueron quienes le pidieron a la JEP proteger el cementerio El Carmen. En sus escritos, manifestaron que en el predio se vienen realizando trabajos que pueden afectar los datos sobre los cuerpos que reposan en un área especial destinada para cuerpos que no han sido identificados.

“De las 125 desapariciones reportadas por el resguardo, 47 habrían ocurrido entre 1985 y 2009. Y en 42 de estos registros el cementerio de Riosucio podría ser el lugar de disposición final de las víctimas pertenecientes a este pueblo indígena”, continúa el comunicado de la JEP. En las órdenes de la decisión judicial también hay un llamado a la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas para que coordine “las acciones pertinentes en este caso”, dentro de las funciones que le otorgó el Acuerdo de Paz con las Farc.

Todavía no se han establecido responsabilidades, pero la JEP reseñó que, según el Centro de Memoria Histórica y la Fiscalía, en este sector del país operaron diversos grupos al margen de la ley. “Entre ellos, las extintas Farc-EP, especialmente el Frente 47, que operaba en la región, integrantes de la fuerza pública, estructuras paramilitares y otros grupos armados no identificados”, dijo la entidad en el comunicado. Asimismo, se pidió más información a las autoridades locales para esclarecer las cifras de víctimas.