La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó a distintas instituciones del Estado que adelanten una serie de medidas para garantizar y mejorar la búsqueda e identificación de personas desaparecidas en el marco del conflicto armado. Dentro de las medidas que ordenó la jurisdicción transicional está, principalmente, la conformación de mesas técnicas para identificar y proteger las zonas en las que, al parecer, podrían encontrarse un gran número de desaparecidos.
De acuerdo con lo impartido por la JEP, se realizarán mesas técnicas entre el 3 y el 10 de julio de este año, para que distintas organizaciones y entidades estatales se sienten y tracen una ruta conjunta. A la primera de estas mesas fueron convocadas, además de las víctimas, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF), el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y los ministerios de Minas y Vivienda.
Este primer encuentro tiene como finalidad la revisión y establecimiento de planes que permitan el avance de proyectos de infraestructura de transporte, priorizando y garantizando una búsqueda previa por parte de Medicina Legal y la UBPD en las zonas que se tengan previstos proyectos, pero que también sean lugares de especial interés forense. Esto con el fin de que haya armonía entre el desarrollo económico y los procesos a favor de las víctimas dentro de la justicia restaurativa.
Por otra parte, el 10 de junio , la JEP dispuso una reunión entre la UBPD y Medicina Legal. Este encuentro busca explicar la metodología actual de identificación de personas dadas por desaparecidas, y se recibirán las propuestas de las organizaciones solicitantes para la mejora de los procesos de búsqueda.
La Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad (SARV) de la JEP también ordenó que las distintas entidades diseñen un plan nacional para la toma masiva de muestras biológicas que permita agilizar su recolección y así contribuir con las búsquedas. Asimismo, recalcaron que estas acciones “permitirá avanzar en los trámites de 23 medidas cautelares que lidera la SARV para proteger puntos de interés forense en donde se podrían hallar víctimas de desaparición forzada”.
Aunque en primer momento la JEP buscaba que estas acciones se tomaran solo a nivel local o territorial, las órdenes fueron extendidas a nivel nacional con el objetivo de resolver las fallas estructurales que dificultan su misión a las entidades y familias buscadoras.
Hasta la fecha, la SARV ha adoptado 23 medidas cautelares para proteger zonas donde se podrían hallar víctimas de desaparición forzada. Estas acciones, asegura la jurisdicción, han permitido “la exhumación de 1.265 cuerpos, de los cuales 94 han sido identificados y 61 entregados dignamente a sus familias”.
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