JEP ordenó cárcel en contra de alto funcionario del Ministerio del Interior
Se trata del director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Franklin Castañeda Villacob, quien incumplió con las medidas cautelares que buscaban proteger un cementerio en Aguachica (Cesar), en el que habría víctimas de desaparición forzada.
La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la Jurisdicción especial para la paz (JEP) ordenó el arresto del director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Franklin Castañeda Villacob, por haber incumplido las medidas cautelares que buscaban proteger el Cementerio de los Pobres, ubicado en Aguachica (Cesar), en donde podría haber víctimas de desaparición forzada.
El 16 de marzo de este año la Sección había ordenado la creación de una mesa interinstitucional para la creación de una política pública en la que se establecieran los parámetros para la intervención de cementerios en el país en los que podría haber cuerpos de personas no identificadas, para lo que se dio un plazo de 90 días. El auto también ordenaba al Ministerio del Interior, en máximo 30 días, emitir una circular de obligaciones a los alcaldes y gobernadores, durante el empalme que estos realizarían con los nuevos mandatarios, para atender de manera eficaz la situación de las víctimas de desaparición forzada y el tratamiento de los cementerios.
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El documento expone que en el 21 de septiembre de 2023 el funcionario presentó la metodología para la construcción de la política publica y la circular de obligaciones a alcaldes y gobernadores. Sin embargo, la JEP le solicitó entregar el plan completo que incluía un cronograma con todas las actividades y el documento final del plan a implementar, documentos que fueron pedidos posteriormente en varias ocasiones y fue señalado de tardar más de tres meses para iniciar las labores que ya se le habían ordenado.
Sobre esta situación, la JEP expuso que “las instituciones y autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de buena fe con lo establecido en el Acuerdo Final. En consecuencia, las actuaciones de todos los órganos y autoridades del estado, los desarrollos normativos del Acuerdo Final y su interpretación y aplicación deberán guardar coherencia e integralidad con lo acordado, preservando los contenidos, los compromisos, el espíritu y los principios del Acuerdo Final”.
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Debido al incumplimiento de estas medidas y que a la fecha, según la JEP, no se ha terminado de formular la política pública que se le encargó, deberá pagar dos días de arresto inconmutable, que deberá cumplir en las instalaciones de la Policía Nacional en Bogotá, además mantendrán abierto el incidente hasta el 30 de abril de 2024.
El Ministerio del Interior respondió por medio de un comunicado que era respetuoso de las decisiones judiciales. Sin embargo, reiteraron que su compromiso se podía evidenciar en los informes que presentaron en las audiencias de noviembre y diciembre que se desarrollaron en Armenia (Quindío) y Riosucio (Caldas). Además, resaltaron la posición del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) puesto que la entidad destacó la importancia de que en las audiencias se hubiera presentado el cronograma y los planes de trabajo. Esta entidad fue quien solicitó las medidas cautelares.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la Jurisdicción especial para la paz (JEP) ordenó el arresto del director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Franklin Castañeda Villacob, por haber incumplido las medidas cautelares que buscaban proteger el Cementerio de los Pobres, ubicado en Aguachica (Cesar), en donde podría haber víctimas de desaparición forzada.
El 16 de marzo de este año la Sección había ordenado la creación de una mesa interinstitucional para la creación de una política pública en la que se establecieran los parámetros para la intervención de cementerios en el país en los que podría haber cuerpos de personas no identificadas, para lo que se dio un plazo de 90 días. El auto también ordenaba al Ministerio del Interior, en máximo 30 días, emitir una circular de obligaciones a los alcaldes y gobernadores, durante el empalme que estos realizarían con los nuevos mandatarios, para atender de manera eficaz la situación de las víctimas de desaparición forzada y el tratamiento de los cementerios.
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El documento expone que en el 21 de septiembre de 2023 el funcionario presentó la metodología para la construcción de la política publica y la circular de obligaciones a alcaldes y gobernadores. Sin embargo, la JEP le solicitó entregar el plan completo que incluía un cronograma con todas las actividades y el documento final del plan a implementar, documentos que fueron pedidos posteriormente en varias ocasiones y fue señalado de tardar más de tres meses para iniciar las labores que ya se le habían ordenado.
Sobre esta situación, la JEP expuso que “las instituciones y autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de buena fe con lo establecido en el Acuerdo Final. En consecuencia, las actuaciones de todos los órganos y autoridades del estado, los desarrollos normativos del Acuerdo Final y su interpretación y aplicación deberán guardar coherencia e integralidad con lo acordado, preservando los contenidos, los compromisos, el espíritu y los principios del Acuerdo Final”.
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Debido al incumplimiento de estas medidas y que a la fecha, según la JEP, no se ha terminado de formular la política pública que se le encargó, deberá pagar dos días de arresto inconmutable, que deberá cumplir en las instalaciones de la Policía Nacional en Bogotá, además mantendrán abierto el incidente hasta el 30 de abril de 2024.
El Ministerio del Interior respondió por medio de un comunicado que era respetuoso de las decisiones judiciales. Sin embargo, reiteraron que su compromiso se podía evidenciar en los informes que presentaron en las audiencias de noviembre y diciembre que se desarrollaron en Armenia (Quindío) y Riosucio (Caldas). Además, resaltaron la posición del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) puesto que la entidad destacó la importancia de que en las audiencias se hubiera presentado el cronograma y los planes de trabajo. Esta entidad fue quien solicitó las medidas cautelares.
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