La Sala de Amnistía o Indulto de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le otorgó amnistía a Víctor Ramón Vargas, alcalde electo de Campoalegre (Huila). El exintegrante de las Farc recibió el beneficio por el delito de porte ilegal de armas de uso personal por el que había sido condenado en mayo de 2011.
Como consecuencia de esta decisión, entidades como la Procuraduría, Contraloría y la Policía deberán eliminar de sus bases de datos los antecedentes de Vargas que estén relacionados con este caso. No obstante, la Sala pidió más información de otros procesos que puedan existir en contra del alcalde.
Víctor Ramón Vargas es un viejo conocido de la historia de la guerra. En abril de 2011, cuando fue capturado en una operación entre la Policía, el Ejército y la Fiscalía, se supo que era un integrante de la red de apoyo del Bloque Caribe de las Farc y contra quien pesa orden de captura por el delito de concierto para delinquir agravado con fines de narcotráfico.
Además, las autoridades señalaron que en su contra había una circular roja de la Interpol emitida por las autoridades de España por presuntos vínculos con la organización terrorista ETA. Fue por esa vinculación que el gobierno del país europeo pidió la entrega de Vargas, pues aseguró que tenía pruebas de que se había aliado con el grupo para atentar contra dignidades colombianas en sueño español.
Sin embargo, esa extradición nunca se concretó. Vargas es más conocido en expedientes judiciales como alias Chato o Juancho, y sus antecentes muestran que delinquía en el sur de Bolívar, específicamente en la vereda Chontaduro, municipio de Montecristo. Según su historia criminal, habría planeado crímenes contra los expresidentes Juan Manuel Santos, Álvaro Uribe Vélez y Andrés Pastrana Arango.
Ahora, desde su desmovilización, Vargas ha intentado resolver sus cuentas pendientes con la justicia. Por eso, esta reciente decisión de la Sala de Amnistía le despeja el camino. Aunque por ahora no tiene ninguna prohibición para ejercer cargos públicos, todavía hace falta que la JEP defina su situación jurídica y resuelva, de fondo, si hay algún otro caso por el que tiene que rendir cuentas.
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