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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha remitido copias de investigaciones a la Fiscalía, a la Corte Suprema de Justicia y al Caso 08 de la misma JEP para que se adelanten los respectivos procesos judiciales en contra de un mayor general del Ejército, seis agentes del Estado y tres civiles, señalados por Dairo Antonio Úsuga David, alias ‘Otoniel’, por su presunta colaboración con grupos paramilitares.
Estas personas fueron mencionadas en las declaraciones rendidas por el exjefe del Clan del Golfo ante la JEP, los días 9, 10 y 11 de abril de 2024, en el marco del Caso 03 que investigan los crímenes relacionados con asesinatos y desapariciones forzadas cometidos por actores armados; y el Caso 06 que se centra en la victimización de los miembros de la Unión Patriótica (UP).
La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, después de un exhaustivo ejercicio de recolección de pruebas, tomó la decisión de remitir estos casos a las autoridades judiciales competentes. Los testimonios entregados por ‘Otoniel’, implican directamente a varios funcionarios y civiles en acciones que habrían facilitado el accionar de grupos paramilitares, en particular los Bloques Centauros y Vencedores de Arauca de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en los departamentos de Casanare y Arauca.
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Implicados en las declaraciones de ‘Otoniel’
Entre los investigados por la JEP se encuentra el Mayor General Carlos Omairo Lemus Pedraza, quien fue comandante de la Brigada XVIII del Ejército Nacional entre 2000 y 2003. Según el testimonio del exjefe paramilitar, Lemus habría colaborado con los paramilitares, permitiendo la expansión de estos grupos en la región de Arauca. Junto a él, también figuran varios exgobernadores y exfuncionarios como Julio Acosta Bernal, exgobernador de Arauca, y Helí Cala López, exgobernador encargado de Casanare, quienes habrían facilitado la presencia y operación de los paramilitares en sus respectivas regiones.
Otros nombres destacados incluyen a Óscar Raúl Iván Flórez Chávez, exgobernador de Casanare, y Milton Rodríguez Sarmiento, exsenador, ambos señalados por su presunta participación en la consolidación del control paramilitar en Casanare y su apoyo a las AUC. También se mencionan empresarios como Andrés Rueda Gómez, exsecretario de infraestructura de Casanare, y Sergio Hernández Gamarra, exrector de la Universidad de Cartagena, quienes habrían colaborado financieramente con las AUC en contratos que favorecieron a estos grupos.
Las AUC, en particular los Bloques Centauros y Vencedores de Arauca, perpetraron graves violaciones a los derechos humanos, incluidos asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, desplazamientos masivos y otras formas de violencia contra la población civil, con la presunta complicidad de actores estatales y civiles en la región.
Los casos 03 y 06 de la JEP
Las declaraciones de ‘Otoniel’ se enmarcan dentro de los Casos 03 y 06 de la JEP. El Caso 03 investiga los crímenes relacionados con asesinatos y desapariciones forzadas cometidos por actores armados, mientras que el Caso 06 se centra en la victimización de los miembros de la Unión Patriótica (UP), partido político de izquierda cuyos integrantes fueron sistemáticamente perseguidos y asesinados durante las décadas de 1980 y 1990.
La Jurisdicción ha señalado que las acciones de los implicados podrían enmarcarse en el delito de concierto para delinquir agravado, considerado como un delito de lesa humanidad. Este tipo de crímenes son imprescriptibles, lo que significa que no caducan con el tiempo y pueden ser perseguidos judicialmente sin límite temporal. La Corte Suprema de Justicia ya ha declarado penalmente responsables a varios miembros de los Bloques Centauros y Vencedores de Arauca por crímenes de lesa humanidad y violaciones al derecho internacional humanitario cometidos entre los años 2000 y 2006.
La colaboración de estos actores estatales con los paramilitares no solo permitió que estos grupos incrementaran su poder en las regiones de Casanare y Arauca, sino que también consolidó un control territorial que generó múltiples violaciones a los derechos humanos. En Casanare, por ejemplo, actores políticos y empresariales facilitaron contratos y recursos que financiaron las operaciones del Bloque Centauros, mientras que en Arauca, las AUC, con el respaldo de autoridades locales y miembros de la fuerza pública, lograron consolidar su dominio para combatir a otros grupos insurgentes y controlar la región.
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La JEP consideró que estos nuevos elementos de prueba aportan significativamente al esclarecimiento de los patrones de violencia que marcaron estas regiones del país. Asimismo, subrayó la importancia de estos testimonios para desentrañar la compleja red de alianzas entre actores estatales, civiles y grupos paramilitares que perpetuaron la violencia en el país en diferentes territorios durante décadas.
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