En aras de seguir construyendo la memoria histórica de la sociedad colombiana,la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) solicitó al ministerio de Relaciones Exteriores dar celeridad al trámite que busca que el gobierno de los Estados Unidos desclasifique los archivos que contienen información clave sobre la toma del Palacio de Justicia en 1985.
La solicitud de la JEP fue presentada en el marco de un trámite cautelar que presentó Helena Urán, hija del magistrado Carlos Horacio Urán, víctima de lo sucedido en el Palacio de Justicia en la década de los 80, que estudia la posibilidad de ordenar medidas cautelares para proteger la Casa del Florero, las Caballerizas del Cantón Norte y el Cementerio Sur en Bogotá.
El magistrado ponente de la JEP, Raúl Eduardo Sánchez, ordenó a la Cancillería que en diez días hábiles deberá presentar un informe donde explique de qué manera ha trabajado con la Embajada de Colombia en los Estados Unidos para que el gobierno del país norteamericano levante la reserva a la información que es necesaria tenerla en el país para garantizar los derechos de las víctimas de de la toma y retoma del Palacio de Justicia.
La JEP considera que la Cancillería “debe promover y garantizar los derechos humanos de sus ciudadanos y de las víctimas del conflicto armado”.
¿Por qué la JEP le llamó la atención al Ministerio de Relaciones Exteriores?
El 16 de diciembre de 2023 en audiencia pública la Jurisdicción Especial para la Paz ya le había ordenado al Ministerio de Relaciones Exteriores realizar gestiones diplomáticas para obtener del gobierno de los Estados Unidos la desclasificación de los archivos reservados, sin embargo, en la segunda página del auto presentado por la JEP, especifican que no recibió ninguna respuesta de esa entidad por lo que tuvo que ordenar al Ministerio cumplimiento nuevamente.
Por tal motivo, el coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Asuntos Consulares y Cooperación Judicial del Ministerio de Relaciones Exteriores, señaló el 15 de febrero del presente año que por medio de un correo electrónico enviado el 8 de febrero le solicitaron a la Embajada de Colombia en los Estados Unidos "realizar las gestiones diplomáticas tendientes a obtener la desclasificación de los archivos reservados relacionados con los hechos del Palacio de Justicia”. Adicionalmente, recalcó que carecían de injerencia ante las autoridades norteamericanas para llevar a cabo las diligencias solicitadas o para dar una respuesta directa sobre el tema.
Cabe resaltar que si bien esta Sala Dual entiende que el Ministerio carece de injerencia en cuanto a los términos que tienen las autoridades de los Estados Unidos para responder acerca de la solicitud de desclasificación de archivos o el sentido en que emitirá esa respuesta, lo cierto es que, pasado un término de seis meses desde que se remitió por competencia a la Embajada este asunto, el ministerio de Relaciones Exteriores debe estar en disponibilidad para rendir informe acerca de las labores que han adelantado a fin de solicitar formalmente la desclasificación de los citados archivos.
JEP
La JEP indicó que la solicitud de Helena Urán Bidegain representa los derechos a la verdad, a la reparación y a la no repetición de las víctimas de los hechos ocurridos el seis y siete de noviembre de 1985 en el Palacio de Justicia.
Asimismo, citó que el Acuerdo Final de Paz estableció como principio que las víctimas dispongan del Sistema Integral de Verdad Justicia Reparación y no Repetición, “manteniendo como eje central los derechos de las víctimas y la gravedad del sufrimiento infligido por las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario y las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto” .
Hasta el momento la Cancillería no se ha pronunciado al respecto.
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