La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) acaba de enviar una carta al búnker de la Fiscalía con una solicitud urgente: que se investigue posibles interceptaciones ilegales a las comunicaciones de sus magistrados. La misiva de la JEP es enviada en un contexto en el que magistrados de las altas cortes tienen sospechas que sus celulares fueron interceptados de manera irregular.
Más precisamente, el magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez denunció ante la Fiscalía, que sus comunicaciones están siendo intervenidas por los aparatos de inteligencia estatal. Además, la denuncia dice que sus correos y cuentas bancarias también están siendo seguidas.
“La JEP no puede dejar de expresar su preocupación ya que, de comprobarse esta situación, se afectaría su independencia y autonomía; además se configuraría una grave contradicción de los principios democráticos que soportan el Estado Social y Democrático de Derecho adoptado por Colombia; así como una clara amenaza a la seguridad de los Magistrados y Magistradas de esta Jurisdicción”, dice la carta enviada por la JEP a la Fiscalía.
Durante 2023 dice la JEP, sus magistrados recibieron amenazas de muerte por adelantar las funciones “que constitucional y legalmente les fueron asignadas. La gravedad de los hechos impone que se realice una verificación de las causas que los motivaron, así como para determinar a los responsables”.
El pasado lunes 24 de junio, los presidentes del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, quienes integran la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, manifestaron estar preocupados por los hechos denunciados por el magistrado Ibáñez, sobre presuntas interceptaciones, monitoreos y seguimientos ilegales.
Asimismo, los presidentes de los altos tribunales firmaron un documento en el que expresan su rechazo. Señalan, que en caso de comprobarse que efectivamente el magistrado está siendo chuzado, se pone “en riesgo la independencia de la Rama Judicial y constituyen una grave afrenta a la democracia colombiana y la seguridad de los jueces y magistrados que imparten justicia”.
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