JEP realizará audiencia en Popayán por riesgo en seguridad de los exFarc
Según la Jurisdicción, desde el 2020 van 176 muertes violentas contra los excombatientes en el país, 96 de ellas en Cauca, Nariño y Valle.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), realizará el próximo martes 24 de agosto en Popayán una audiencia con el fin de hacer seguimiento a medidas tomadas en 2020 para garantizar la vida de los excombatientes de las extintas Farc. Según la JEP, en el último año 176 asesinatos de exFarc en Colombia, 96 de ellos ocurridos en el suroccidente del país: Cauca, Nariño y Valle.
La JEP sostuvo que por la “grave condición de seguridad que enfrentan los firmantes del Acuerdo de Paz”, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de esta Jurisdicción realizará una audiencia para conocer el estado de las medidas cautelares que adoptó en 2020. En ese momento se dijo que dichas medidas tenían la intención de garantizar la vida y la seguridad de excombatientes de las Farc y el derecho de las víctimas a la verdad.
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Uno de los puntos en los que más se enfocará la JEP en esta audiencia es el incremento de muertes violentas, ya que, según la Jurisdicción, ascienden a por lo menos 276 en el país, concentrando la mayoría en tres departamentos: Cauca, Nariño y Valle del Cauca. La Sección de Ausencia de Reconocimiento sostuvo que, “la disputa por el control de los corredores estratégicos, el poder de los grupos de narcotráfico y las disidencias de las Farc, entre otros factores, son fuente de riesgos no controlados que ameritan mayores esfuerzos de las autoridades con funciones de garantías de seguridad”.
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Así mismo, el tribunal de Paz dijo que Cauca es el departamento que presenta el mayor número de asesinatos: 48. En ese territorio, dijo la JEP, se encuentran los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR): Carlos Patiño (Buenos Aires) y Dagoberto Ortiz (Miranda), que están en proceso de ser reubicados. A su vez, según manifestaron, cerca de 2500 firmantes del acuerdo llevan su tránsito a la vida civil en esta región del país, en 5 ETCR y 27 Nuevas Áreas de Reincorporación, por lo cual preocupa tanto la seguridad de los excombatientes.
Por su parte, la Sección de Ausencia de Reconocimiento ha insistido en que es un deber de la JEP trabajar por prevenir y evitar daños irreparables al cumplimiento de los objetivos del Sistema Integral para la Paz. Según esta Sala, “cada vez que se silencia a los comparecientes se vulneran sus derechos y los de sus familias”, así como “se priva a los colombianos de la verdad y una fuente de reparación”.
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Se conoció que a esta audiencia se convocó a los gobernadores de Cauca, Nariño y Valle del Cauca, así como el consejero presidencial para la Estabilización, el Ministerio de Defensa, el jefe de la Unidad Policial para la Edificación de la Paz (UNIPEP), la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y el director de la Agencia Nacional de Reincorporación.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), realizará el próximo martes 24 de agosto en Popayán una audiencia con el fin de hacer seguimiento a medidas tomadas en 2020 para garantizar la vida de los excombatientes de las extintas Farc. Según la JEP, en el último año 176 asesinatos de exFarc en Colombia, 96 de ellos ocurridos en el suroccidente del país: Cauca, Nariño y Valle.
La JEP sostuvo que por la “grave condición de seguridad que enfrentan los firmantes del Acuerdo de Paz”, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de esta Jurisdicción realizará una audiencia para conocer el estado de las medidas cautelares que adoptó en 2020. En ese momento se dijo que dichas medidas tenían la intención de garantizar la vida y la seguridad de excombatientes de las Farc y el derecho de las víctimas a la verdad.
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Por su parte, la Sección de Ausencia de Reconocimiento ha insistido en que es un deber de la JEP trabajar por prevenir y evitar daños irreparables al cumplimiento de los objetivos del Sistema Integral para la Paz. Según esta Sala, “cada vez que se silencia a los comparecientes se vulneran sus derechos y los de sus familias”, así como “se priva a los colombianos de la verdad y una fuente de reparación”.
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Se conoció que a esta audiencia se convocó a los gobernadores de Cauca, Nariño y Valle del Cauca, así como el consejero presidencial para la Estabilización, el Ministerio de Defensa, el jefe de la Unidad Policial para la Edificación de la Paz (UNIPEP), la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y el director de la Agencia Nacional de Reincorporación.
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