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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) rechazó definitivamente el sometimiento de los sargentos (r) del Ejército Gustavo Arévalo Moreno y Bernardo Alfonso Garzón, dentro del caso por la toma y retoma del Palacio de Justicia en 1985. Según la jurisdicción, estos militares en retiro, no hicieron los aportes suficientes a la verdad para ser aceptados.
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La decisión la tomó la sección de apelación de ese tribunal al estudiar un recurso de apelación a la decisión que los había expulsado en primera instancia en julio de 2023 por no aportar a la verdad. Aunque los exmilitares argumentaron que sí habían aportado elementos nuevos sobre su participación en estos hechos, la JEP concluyó nuevamente que no lo hicieron.
“Comoquiera que ninguno de los dos apelantes tiene en su contra una sentencia condenatoria ejecutoriada, no resultaba necesario que presentaran programas de reparación y garantías de no repetición. No obstante, el deber de aportar a la verdad sí resultaba inalterable ante dicha situación judicial (...) En últimas, la estrategia de los comparecientes ante la JEP fue la dilación. Prefirieron reproducir en la JEP los alegatos y argumentos defensivos propios del foro penal, y el ofrecimiento de datos imprecisos, etéreos y carentes de soportes probatorios”, explica el fallo de la justicia especial.
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Hace 38 años, 30 guerrilleros del M-19 se tomaron el Palacio de Justicia para hacerle un juicio popular al entonces presidente, Belisario Betancur. Luego, el Ejército perpetró una retoma violenta en un edificio colmado de magistrados de las cortes, empleados, abogados, guerrilleros y visitantes. La toma y retoma resultaron en más de 100 muertos y, entonces, el reporte de 11 desaparecidos.
Por estos hechos fue condenado, entre otras personas, el general retirado Jesús Armando Arias Cabrales a 35 años de cárcel por la desaparición de cinco civiles. De acuerdo con la investigación que hubo en su contra, el general fungió como comandante de la Brigada XIII (Bogotá), la cual lideró lo que las Fuerzas Militares denominaron el “plan tricolor” que buscaba, según su dicho, establecer el orden y recuperar a los rehenes del M-19.
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Precisamente, en enero de este año, el Gobierno Nacional ordenó retirar todas las condecoraciones que recibió el general (r) Arias Cabrales La decisión se fundamenta en el Decreto 1070 de 2015, el cual establece la pérdida del derecho al uso de condecoraciones para militares condenados por delitos dolosos.
Esto significa que Jesús Armando Arias Cabrales fue despojado de la Medalla por Servicios Distinguidos en Orden Público, que obtuvo en 1985; la Orden al Mérito Militar Antonio Nariño, en grado de Gran Cruz, que recibió en 1986; la Orden al Mérito Naval Almirante Padilla, en grado de Gran Oficial que le fue entregada en 1989; y la Cruz de la Fuerza Aérea al Mérito Aeronáutico en grado de Gran Oficial recibida en 1989.
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