JEP rechaza el desplazamiento de desmovilizados de las FARC en Caquetá
Los firmantes de paz de Miravalle en San Vicente del Caguán, Caquetá, manifiestan su salida del antiguo ETCR debido a los combates entre el EMC y la Segunda Marquetalia. La JEP hace un llamado urgente al Gobierno Nacional para que tome medidas que logren desarticular los grupos armados ilegales que se pelean por el control del territorio.
Luego de conocerse un comunicado de un grupo de excombatientes de las FARC víctimas de desplazamiento en Caquetá, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) rechazó las amenazas del frente Iván Díaz del Estado Mayor Central (EMC) que obligaron a estos firmantes a desplazarse del antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Miravalle, en zona rural de San Vicente del Caguán.
El 26 de junio, el frente Iván Díaz del EMC, que actualmente mantienen mesas de diálogos de paz con el Gobierno de Gustavo Petro y está en un supuesto cese al fuego en diversos territorios, publicó un panfleto donde hacía señalamientos contra los habitantes del ETCR Centro Poblado Óscar Mondragón y amenazó con desplazarlos. “Los invitamos a que no se expongan permaneciendo en ese territorio manchado de desprestigio paramilitar, el Estado colombiano está en la obligación de reubicarlos y también de protegerlos”, expresa el comunicado de la guerrilla.
La JEP afirma que es una obligación del Estado proteger la vida e integridad de quienes firmaron el Acuerdo de Paz en 2016, con el fin de garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación por los crímenes cometidos por la antigua guerrilla durante el conflicto armado. Así mismo, la Jurisdicción solicita a las autoridades competentes brindar las condiciones y garantías de seguridad, protección y prevención necesarias que hagan posibles el retorno seguro, sostenible y voluntario de los excombatientes al Centro Poblado Óscar Mondragón.
A partir de la información documentada en las audiencias desarrolladas por la JEP en Bogotá y en otros puntos estratégicos del país, En 2020, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad solicitó a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) tomar medidas cautelares de protección ante la estigmatización y violencia que ha sufrido la población en proceso de reincorporación, y que no permite la realización de sus proyectos de vida.
Uno de esos proyectos es Remando por la Paz, que fue creado por un grupo de exguerrilleros del ETCR en Miravalle que actualmente es desplazado. El proyecto apostaba por un ecoturismo en la zona de San Vicente del Caguán, y la actividad deportiva del rafting, donde los firmantes destacaron hasta el punto de representar a Colombia en los mundiales de este deporte en Australia (2019) e Italia (2023).
En marzo de 2024, la JEP había visitado el ETCR para entregar a varios excombatientes los certificados de amnistía presidencial otorgados en 2016, y que hasta el momento no se les había sido notificados. En su reciente comunicado sobre estos hechos de desplazamiento, la Jurisdicción también comento que esta visita se realizaron “actividades para hacer pedagogía con los firmantes de paz. En ellas participaron, al menos, 80 personas que recibieron información sobre los trámites de amnistía de aquella Sala, las libertades, los permisos de salida del país, el régimen de condicionalidad, los Trabajos, Obras y Actividades con contenido Restaurador y la implementación del Sistema Restaurativo”.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Luego de conocerse un comunicado de un grupo de excombatientes de las FARC víctimas de desplazamiento en Caquetá, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) rechazó las amenazas del frente Iván Díaz del Estado Mayor Central (EMC) que obligaron a estos firmantes a desplazarse del antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Miravalle, en zona rural de San Vicente del Caguán.
El 26 de junio, el frente Iván Díaz del EMC, que actualmente mantienen mesas de diálogos de paz con el Gobierno de Gustavo Petro y está en un supuesto cese al fuego en diversos territorios, publicó un panfleto donde hacía señalamientos contra los habitantes del ETCR Centro Poblado Óscar Mondragón y amenazó con desplazarlos. “Los invitamos a que no se expongan permaneciendo en ese territorio manchado de desprestigio paramilitar, el Estado colombiano está en la obligación de reubicarlos y también de protegerlos”, expresa el comunicado de la guerrilla.
La JEP afirma que es una obligación del Estado proteger la vida e integridad de quienes firmaron el Acuerdo de Paz en 2016, con el fin de garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación por los crímenes cometidos por la antigua guerrilla durante el conflicto armado. Así mismo, la Jurisdicción solicita a las autoridades competentes brindar las condiciones y garantías de seguridad, protección y prevención necesarias que hagan posibles el retorno seguro, sostenible y voluntario de los excombatientes al Centro Poblado Óscar Mondragón.
A partir de la información documentada en las audiencias desarrolladas por la JEP en Bogotá y en otros puntos estratégicos del país, En 2020, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad solicitó a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) tomar medidas cautelares de protección ante la estigmatización y violencia que ha sufrido la población en proceso de reincorporación, y que no permite la realización de sus proyectos de vida.
Uno de esos proyectos es Remando por la Paz, que fue creado por un grupo de exguerrilleros del ETCR en Miravalle que actualmente es desplazado. El proyecto apostaba por un ecoturismo en la zona de San Vicente del Caguán, y la actividad deportiva del rafting, donde los firmantes destacaron hasta el punto de representar a Colombia en los mundiales de este deporte en Australia (2019) e Italia (2023).
En marzo de 2024, la JEP había visitado el ETCR para entregar a varios excombatientes los certificados de amnistía presidencial otorgados en 2016, y que hasta el momento no se les había sido notificados. En su reciente comunicado sobre estos hechos de desplazamiento, la Jurisdicción también comento que esta visita se realizaron “actividades para hacer pedagogía con los firmantes de paz. En ellas participaron, al menos, 80 personas que recibieron información sobre los trámites de amnistía de aquella Sala, las libertades, los permisos de salida del país, el régimen de condicionalidad, los Trabajos, Obras y Actividades con contenido Restaurador y la implementación del Sistema Restaurativo”.
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