JEP rechaza solicitud del general (r) Uscátegui que pedía no reconocer víctimas de Mapiripán
En abril de 2020, el abogado del militar retirado (condenado a 37 años por la masacre de julio de 1997) también se opuso a ese reconocimiento que la JEP otorgó. Esta justicia especial señaló que la participación de las víctimas en esa jurisdicción es fundamental.
A raíz de una solicitud de revisión que hizo ante la JEP la defensa del general (r) del Ejército Jaime Humberto Uscátegui, excomandante de la Brigada VII del Ejército cuando ocurrió la masacre de Mapiripán en julio de 1997, la Sección de Revisión del Tribunal de esa jurisdicción se pronunció al respecto. Esta justicia nacida del Acuerdo de Paz con las Farc le volvió a negar sus peticiones, las cuales fueron negadas en primera instancia hace un par de meses.
Se trata de una oposición que presentó el abogado del antiguo uniformado sobre una serie de decisiones que tomó esa justicia especial en abril de 2020. Entre ellas, reconoció a dos víctimas en su proceso ante la JEP sobre esa masacre cometida por miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia y de la cual no se sabe con exactitud cuántas personas fueron asesinadas por los hombres de Carlos Castaño y Salvatore Mancuso.
Le podría interesar: Una vez más, JEP niega revisar sentencia del general Uscátegui en la justicia ordinaria
El 27 de abril de 2020, cuando la Sección de Revisión de la JEP acreditó a las víctimas de la masacre, la defensa del general interpuso dicho recurso solicitando que se revocara esa determinación y la representación de las víctimas, la cual lleva el abogado Eduardo Carreño Wilches, miembro del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.
La argumentación de la defensa de Uscátegui se centró en que, supuestamente, se estaba haciendo una interpretación “amplia” sobre las normas de la JEP ya que “no se prevé expresamente la participación de las víctimas”, lo que suponía una afectación a los derechos del debido proceso e igualdad del general retirado. Además, revivió el caso de las falsas víctimas de la masacre que hace algunos años se conoció y fueron procesadas 12 personas. Ninguna de estas hoy se está presentando ante la JEP.
Esta jurisdicción señaló que se debe garantizar la participación de las víctimas “en tanto su participación dota de legitimidad los procesos sobre graves violaciones a los derechos humanos y, además, garantizar su participación como interviniente especial concretiza sus derechos fundamentales al debido proceso y el acceso a la administración de justicia, lo que, a la par, redunda en la materialización de un principio fundante de la JEP: la centralidad de las víctimas”.
(Lea también: Se niega justicia al general (r) Uscátegui y a las víctimas de Mapiripán: magistrada de la JEP)
A finales de enero pasado, la misma sección de revisión rechazó la solicitud del general en retiro de reexaminar la condena que reposa sobre él a 37 años de prisión por su rol en la masacre en el municipio metense. Según esa instancia de la justicia especial, los testimonios presentados por la defensa del alto oficial —entre los que está, por ejemplo, el de Salvatore Mancuso, quien también pidió pista en la JEP— no constituyen nuevas pruebas que puedan llevarlos revisar la sentencia. En abril pasado, le fue negada otra vez esa solicitud de revisión bajo el mismo argumento.
En enero de este año, el general aseguró en un comunicado: “Si se me condena sin escuchar a Mancuso y revisar al menos otras 10 pruebas nuevas que demuestran mi inocencia, y que jamás fueron consideradas por la justicia ordinaria por ser sobrevinientes, se me estaría negando el derecho fundamental a un debido proceso dentro de la JEP. Lo único que pido es que mis pruebas sean admitidas y valoradas con objetividad”.
Uscátegui, condenado por haber omitido su responsabilidad como garante de la Fuerza Pública en la región, además de insistir en su inocencia (dice que Mapiripán se salía de su jurisdicción como comandante), siempre ha dicho que las investigaciones de la Fiscalía se centraron en el sitio a donde llegaron las autodefensas y no de donde salieron: el Urabá antioqueño.
A raíz de una solicitud de revisión que hizo ante la JEP la defensa del general (r) del Ejército Jaime Humberto Uscátegui, excomandante de la Brigada VII del Ejército cuando ocurrió la masacre de Mapiripán en julio de 1997, la Sección de Revisión del Tribunal de esa jurisdicción se pronunció al respecto. Esta justicia nacida del Acuerdo de Paz con las Farc le volvió a negar sus peticiones, las cuales fueron negadas en primera instancia hace un par de meses.
Se trata de una oposición que presentó el abogado del antiguo uniformado sobre una serie de decisiones que tomó esa justicia especial en abril de 2020. Entre ellas, reconoció a dos víctimas en su proceso ante la JEP sobre esa masacre cometida por miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia y de la cual no se sabe con exactitud cuántas personas fueron asesinadas por los hombres de Carlos Castaño y Salvatore Mancuso.
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El 27 de abril de 2020, cuando la Sección de Revisión de la JEP acreditó a las víctimas de la masacre, la defensa del general interpuso dicho recurso solicitando que se revocara esa determinación y la representación de las víctimas, la cual lleva el abogado Eduardo Carreño Wilches, miembro del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.
La argumentación de la defensa de Uscátegui se centró en que, supuestamente, se estaba haciendo una interpretación “amplia” sobre las normas de la JEP ya que “no se prevé expresamente la participación de las víctimas”, lo que suponía una afectación a los derechos del debido proceso e igualdad del general retirado. Además, revivió el caso de las falsas víctimas de la masacre que hace algunos años se conoció y fueron procesadas 12 personas. Ninguna de estas hoy se está presentando ante la JEP.
Esta jurisdicción señaló que se debe garantizar la participación de las víctimas “en tanto su participación dota de legitimidad los procesos sobre graves violaciones a los derechos humanos y, además, garantizar su participación como interviniente especial concretiza sus derechos fundamentales al debido proceso y el acceso a la administración de justicia, lo que, a la par, redunda en la materialización de un principio fundante de la JEP: la centralidad de las víctimas”.
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A finales de enero pasado, la misma sección de revisión rechazó la solicitud del general en retiro de reexaminar la condena que reposa sobre él a 37 años de prisión por su rol en la masacre en el municipio metense. Según esa instancia de la justicia especial, los testimonios presentados por la defensa del alto oficial —entre los que está, por ejemplo, el de Salvatore Mancuso, quien también pidió pista en la JEP— no constituyen nuevas pruebas que puedan llevarlos revisar la sentencia. En abril pasado, le fue negada otra vez esa solicitud de revisión bajo el mismo argumento.
En enero de este año, el general aseguró en un comunicado: “Si se me condena sin escuchar a Mancuso y revisar al menos otras 10 pruebas nuevas que demuestran mi inocencia, y que jamás fueron consideradas por la justicia ordinaria por ser sobrevinientes, se me estaría negando el derecho fundamental a un debido proceso dentro de la JEP. Lo único que pido es que mis pruebas sean admitidas y valoradas con objetividad”.
Uscátegui, condenado por haber omitido su responsabilidad como garante de la Fuerza Pública en la región, además de insistir en su inocencia (dice que Mapiripán se salía de su jurisdicción como comandante), siempre ha dicho que las investigaciones de la Fiscalía se centraron en el sitio a donde llegaron las autodefensas y no de donde salieron: el Urabá antioqueño.