JEP rechazó amnistía a Mauricio Parra en el caso de homicidio de dueño de Surtifruver
La Sala de Amnistía o indulto de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) consideró que no son de su competencia dos homicidios agravados por los cuales es procesado Parra, señalado de ser colaborador de la extinta guerrilla de las Farc. La Sala solo estudiaría su ingreso por el delito de lavado de activos.
La Sala de Amnistía o Indulto de la JEP rechazó la solicitud de amnistía del empresario de Mauricio Parra. La justicia especial señaló que no le compete estudiar dos casos en los que se le investiga por los delitos de homicidio agravado pues no tendrían que ver con el conflicto armado. El primer delito corresponde al homicidio de Alonso Orjuela Pardo, socio de Surtifruver, perpetrado en octubre de 2016. Al analizar este hecho, la JEP consideró que el crimen no fue cometido en relación con la pertenencia a las Farc de Parra y, por lo tanto, no tuvo que ver con el conflicto armado.
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La Sala de Amnistía o Indulto de la JEP rechazó la solicitud de amnistía del empresario de Mauricio Parra. La justicia especial señaló que no le compete estudiar dos casos en los que se le investiga por los delitos de homicidio agravado pues no tendrían que ver con el conflicto armado. El primer delito corresponde al homicidio de Alonso Orjuela Pardo, socio de Surtifruver, perpetrado en octubre de 2016. Al analizar este hecho, la JEP consideró que el crimen no fue cometido en relación con la pertenencia a las Farc de Parra y, por lo tanto, no tuvo que ver con el conflicto armado.
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En cuanto al homicidio de Luis Gerardo Ochoa, la Sala dijo que no tiene competencia, puesto que el crimen fue cometido en Pitalito, Huila, el 6 de abril de 2017 y la Jurisdicción Especial para la Paz solo investiga crímenes del conflicto armado cometidos antes del 1 de diciembre de 2016. La Sala, sin embargo, determinó que sí es competente para analizar un eventual otorgamiento del beneficio de amnistía a Parra por el delito de lavado de activos, cometidos como miembro activo de las Farc-EP.
Esta decisión cobija a su hija Paola Andrea Parra en condición de colaboradora, quien se encuentra investigada por ese delito y el de enriquecimiento ilícito. “En 2019, la Sala de Amnistía o Indulto concedió el beneficio de libertad condicionada a Parra y a su hija por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. A su vez, negó la libertad condicionada por el homicidio agravado del señor Orjuela al determinar que no estaba relacionado con el conflicto armado. Por ello el señor Parra continuó privado de la libertad”, informó la JEP.
Mauricio Parra fue mencionado por primera vez, en el caso, por el testigo Fernando Bahamón, un hombre que se sometió a la Ley de Justicia y Paz como antiguo guerrillero de las Farc, condenado por extorsión y abuso sexual. Bahamón, en mayo de 2017, dijo conocer a Parra desde el año 1995, indicando que supuestamente trabajaba llevando remesas y traficando combustible. Luego, un mes después, mencionó a Parra como presunto homicida de Jhonny Alonso Orjuela y como posible testaferro del bloque Sur de las extintas Farc.
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Bahamón, que decía ser integrante de la columna Teófilo Forero de las Farc, es el testigo estrella en tres casos de familias que, aparentemente, fueron testaferras de esa guerrilla: los Chaux, los Falla y los Parra. Por otro lado, el crimen de Jhonny Orjuela, el dueño de Surtifruver. El 15 de junio de 2017, investigadores de la Fiscalía recibieron su primer testimonio y se refirió a Mauricio Parra como un socio de las Farc, entregó detalles en abundancia y esa fue su puerta de entrada.
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El Espectador contó, en marzo de 2019, la existencia de más de 30 documentos oficiales que ponen en tela de juicio sus declaraciones. Reportes, incluso elaborados por el mismo ente investigativo, han alertado que sus versiones son incongruentes, inconsistentes, incomprobables. Ha sido condenado seis veces por delitos como acceso carnal violento, hurto agravado, simulación de investidura y extorsión, entre otros. Hasta la Corte Suprema ha desenmascarado sus palabras. Aun así, la Fiscalía paga su vivienda, cubre sus gastos y con sus declaraciones ha enviado a siete personas a la cárcel.
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