JEP rechazó solicitud de ingreso de Edilberto Castro Rincón, exgobernador del Meta

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a través de su Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, anunció que tomó la decisión de rechazar la solicitud de sometimiento a la justicia especial del exgobernador del Meta entre 2004 y 2007, Edilberto Castro Rincón. De acuerdo con la Jurisdicción, el portazo que recibe el exmandatario se debe a “la precariedad del aporte a la verdad”.

El expediente en contra de Castro Rincón ya había sido revisado por la justicia ordinaria, la cual estableció que, durante su gestión, el político mantuvo alianzas con alias Don Mario y alias Miguel Arroyave, excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Esto, según las investigaciones de autoridades judiciales, con el fin de obtener réditos electorales a cambio de entregarle a la estructura paramilitar contraprestaciones en dinero a través de contratos con la gobernación.

De acuerdo con lo explicado por la Jurisdicción a través de un comunicado, estas alianzas permitieron al Bloque Centauros “consolidar el control político en el Meta y participar en diferentes foros de paz, lo que luego facilitó su desmovilización y escaños en el Congreso”.

Los primeros pasos que dio la justicia en el expediente en contra de Castro Rincón, detalló la JEP, se dieron tras el asesinato del exgobernador del Meta Carlos Javier Sabogal Mojica y a su contrincante político Euser Rondón Vargas, cuya campaña fue financiada igualmente por las AUC. Esto, dice la JEP, se generó luego de las alianzas de Castro Rincón con los paramilitares.

También fue asesinada Nubia Sánchez Romero, diputada de ese departamento. “Todos ellos presentaron en su momento denuncias que generaron la apertura de procesos penales, disciplinarios y fiscales en contra del exgobernador Castro Rincón, que terminaron en su condena en la justicia ordinaria”, agregó la Jurisdicción en su comunicación oficial.

La JEP también aclaró que ya había cerrado la puerta al exmandatario, pero la decisión fue revocada el 20 de octubre de 2022. “La Sección consideró que las conductas cometidas por el exgobernador podrían tener una relación indirecta con el conflicto armado, y ordenó a la Sala de Definición que le pidiera al señor Castro que presentara un Compromiso Claro Concreto y Programado (...) en el que debía señalar, entre otras, sus aportes a la verdad y el plan de restauración y no repetición”, precisó la justicia especial.

El exgobernador, según explicó la Jurisdicción, no amplió ese compromiso escrito, pese a los reiterados llamados del órgano de justicia transicional para que lo hiciera. Por esta razón, “se llegó a esta conclusión tras la precariedad del aporte a la verdad, por la simple enunciación de los aspectos sobre los cuales iba a dar verdad sin ningún desarrollo de dicho aporte y su reticencia a referirse de forma detallada a sus relaciones y las de otros funcionarios con el Bloque Centauros de las AUC, incluso a pesar de la evidencia recabada por la justicia ordinaria que profirió una sentencia en su contra”.

Para la Sala fue “evidente la falta de transparencia y compromiso del peticionario con la JEP, pues no solo trató de usarla para beneficio propio, sino que el reiterado incumplimiento a las múltiples oportunidades brindadas por este despacho de presentar su escrito, lleva a cuestionar su verdadero interés de satisfacer las exigencias de esta justicia transicional, de aportar al principio de centralidad de las víctimas y de suministrar verdad a la sociedad en general, por lo que no solo es justificado, sino necesario, rechazar su solicitud de sometimiento”, se lee en la decisión.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a través de su Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, anunció que tomó la decisión de rechazar la solicitud de sometimiento a la justicia especial del exgobernador del Meta entre 2004 y 2007, Edilberto Castro Rincón. De acuerdo con la Jurisdicción, el portazo que recibe el exmandatario se debe a “la precariedad del aporte a la verdad”.

El expediente en contra de Castro Rincón ya había sido revisado por la justicia ordinaria, la cual estableció que, durante su gestión, el político mantuvo alianzas con alias Don Mario y alias Miguel Arroyave, excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Esto, según las investigaciones de autoridades judiciales, con el fin de obtener réditos electorales a cambio de entregarle a la estructura paramilitar contraprestaciones en dinero a través de contratos con la gobernación.

De acuerdo con lo explicado por la Jurisdicción a través de un comunicado, estas alianzas permitieron al Bloque Centauros “consolidar el control político en el Meta y participar en diferentes foros de paz, lo que luego facilitó su desmovilización y escaños en el Congreso”.

Los primeros pasos que dio la justicia en el expediente en contra de Castro Rincón, detalló la JEP, se dieron tras el asesinato del exgobernador del Meta Carlos Javier Sabogal Mojica y a su contrincante político Euser Rondón Vargas, cuya campaña fue financiada igualmente por las AUC. Esto, dice la JEP, se generó luego de las alianzas de Castro Rincón con los paramilitares.

También fue asesinada Nubia Sánchez Romero, diputada de ese departamento. “Todos ellos presentaron en su momento denuncias que generaron la apertura de procesos penales, disciplinarios y fiscales en contra del exgobernador Castro Rincón, que terminaron en su condena en la justicia ordinaria”, agregó la Jurisdicción en su comunicación oficial.

La JEP también aclaró que ya había cerrado la puerta al exmandatario, pero la decisión fue revocada el 20 de octubre de 2022. “La Sección consideró que las conductas cometidas por el exgobernador podrían tener una relación indirecta con el conflicto armado, y ordenó a la Sala de Definición que le pidiera al señor Castro que presentara un Compromiso Claro Concreto y Programado (...) en el que debía señalar, entre otras, sus aportes a la verdad y el plan de restauración y no repetición”, precisó la justicia especial.

El exgobernador, según explicó la Jurisdicción, no amplió ese compromiso escrito, pese a los reiterados llamados del órgano de justicia transicional para que lo hiciera. Por esta razón, “se llegó a esta conclusión tras la precariedad del aporte a la verdad, por la simple enunciación de los aspectos sobre los cuales iba a dar verdad sin ningún desarrollo de dicho aporte y su reticencia a referirse de forma detallada a sus relaciones y las de otros funcionarios con el Bloque Centauros de las AUC, incluso a pesar de la evidencia recabada por la justicia ordinaria que profirió una sentencia en su contra”.

Para la Sala fue “evidente la falta de transparencia y compromiso del peticionario con la JEP, pues no solo trató de usarla para beneficio propio, sino que el reiterado incumplimiento a las múltiples oportunidades brindadas por este despacho de presentar su escrito, lleva a cuestionar su verdadero interés de satisfacer las exigencias de esta justicia transicional, de aportar al principio de centralidad de las víctimas y de suministrar verdad a la sociedad en general, por lo que no solo es justificado, sino necesario, rechazar su solicitud de sometimiento”, se lee en la decisión.

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