La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) rechazó el sometimiento de la exsenadora Piedad Zuccardi, del Partido de la U, quien ocupó un asiento en el Capitolio entre 1998 y 2014. La excongresista había solicitado ingresar a la justicia transicional en calidad de agente del Estado no integrante de la fuerza pública y, según estipuló la Sala, habría incumplido con sus aportes a la verdad sobre hechos relacionados con el paramilitarismo en el departamento de Bolívar.
Zuccardi, quien también fue crucial para la creación del Partido de la U, fue acusada en la justicia ordinaria en 2013 por sus presuntos vínculos con paramilitares en ese territorio. Para entonces, la Corte Suprema de Justicia le endilgó responsabilidad en el delito de concierto para delinquir y, además, la señaló de favorecer el ingreso y expansión de estructuras ligadas a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
“En concreto, la exsenadora fue acusada de tener vínculos con el Bloque Héroes de Montes de María, Bloque Norte y Bloque Central Bolívar de las AUC en Bolívar, los cuales incursionaron en ese departamento en 1997″, precisó la Jurisdicción a través de un comunicado oficial.
#Atención | Por incumplir con su deber de hacer aportes a la verdad claros, concretos, detallados y exhaustivos sobre hechos relacionados con el paramilitarismo en la Costa Caribe, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas rechazó el sometimiento de la exsenadora Piedad… pic.twitter.com/LWQIRW634t
— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) September 18, 2024
Y añadió: “La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, en su análisis de esta solicitud de sometimiento, tuvo en cuenta la acusación de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en contra de Zuccardi en octubre de 2013. En ella se afirma que las contribuciones de ella y su grupo político, para facilitar la entrada de (Salvatore) Mancuso en el sur de Bolívar, buscaban apoyar el trabajo político de los paramilitares conocidos como ‘Ernesto Báez’ y ‘Diego Vecino’”.
Estas contribuciones, agregó la JEP, tuvieron lugar entre 1998 y 2007, cuando Zuccardi ocupó una curul en el Legislativo entre 2002 y 2006. La excongresista le dijo a la Jurisdicción de paz que ella nunca sostuvo encuentros con miembros de las Autodefensas. Sin embargo, existen pruebas sobre reuniones de la exsenadora con altos mandos paramilitares como Salvatore Mancuso y Carlos Castaño. De acuerdo con Zuccardi, esos encuentros se dieron en calidad de senadora integrante de la Comisión Accidental de Paz del Congreso.
La exsenadora volvió a mencionar lo que ha dicho por años: negó haber promovido el paramilitarismo, reiteró que sus reuniones fueron un tema institucional y argumentó que los testimonios con los cuales fue vinculada a un proceso penal hace más de 10 años por el alto tribunal fueron “inducidos o manipulados”. No obstante, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas respaldó las pruebas recogidas por la justicia ordinaria, las cuales darían cuenta que la exparlamentaria sí contribuyó con el fortalecimiento del proyecto político de las AUC en el Caribe.
“Por lo tanto, la sala encuentra que algunas justificaciones presentadas por Zuccardi para exculparse en sus vínculos con dichos grupos son ‘intrascendentes e impertinentes’. Y que, siguiendo el estándar de verdad dictado por la Sección de Apelación de la JEP para evaluar el sometimiento de estos actores, la magistratura encontró que los aportes de verdad de Zuccardi ‘no son aptos para aceptar el sometimiento en esta Jurisdicción como compareciente voluntaria’”, añadió la JEP.
La Sala concluyó que “resulta evidente que la señora Piedad Zuccardi concertó con miembros pertenecientes a grupos de autodefensas acciones que perseguían un beneficio mutuo e ilegal”, dicta la resolución. La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas ordenó regresar a la Corte Suprema de Justicia los procesos contra la exsenadora del Partido de la U.
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