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Una tutela interpuesta por Salvatore Mancuso, antiguo líder de las Autodefensas Unidas de Colombia, fue aprovechada por el Tribunal para la Paz de la JEP para llamarle la atención al Ministerio de Relaciones Exteriores. Mancuso pedía garantías de cara a su esperada audiencia de verdad en la JEP. El órgano de justicia le respondió que sí las tiene y, a la vez, regañó al Consulado de Colombia en Atlanta por hacer poco o nada para comprobar el presente judicial de Mancuso. Sigue preso, a pesar de que hace casi tres años terminó su condena por narcotráfico en Norteamérica.
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En agosto pasado, la JEP le abrió por primera vez un espacio a Mancuso para que en una única audiencia convenza a los magistrados de que puede obtener beneficios, a cambio de contar su verdad de la guerra. Mancuso, de hecho, ha solicitado su ingreso insistentemente y ha prometido tener datos relevadores de su papel en el conflicto armado. Sin embargo, a finales del año pasado presentó una tutela, dado que no tendría como preparar su audiencia, ante lo difícil que le resultaría las visitas de sus abogados y la supuesta falta de conexión desde el Stewart Detention Center de Atlanta.
En últimas, el Tribunal para la Paz de la JEP le respondió que sí ha tenido garantías y que se amplió el plazo para que prepare sus argumentos, hasta marzo próximo. En medio del proceso, el Tribunal solicitó información a entidades que conocen de la situación jurídica de Mancuso. El Ministerio de Justicia, por ejemplo, respondió que ha solicitado hasta 11 veces la extradición del criminal a Colombia y que ocho de esas solicitudes ya están en trámite en Estados Unidos. Para la sorpresa de la JEP, el Ministerio de Relaciones Exteriores le respondió que desconocía la situación de Mancuso.
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“No precisó las razones por las cuales permanece privado de la libertad, ni los procesos que la autoridad foránea adelanta en su contra. Sugirió que la JEP lo consultara directamente con el accionante (Mancuso), pues según indicó (el Ministerio), se trata de una situación propia del señor Mancuso Gómez con las autoridades de inmigración de ese país”, se lee en el documento de la JEP. Lo máximo que llegó a responder el Ministerio fue que desde 2020 tramita una causa ante la Corte del Distrito de Columbia por la cancelación de un proceso de deportación a Italia.
A la JEP le llamó la atención, por otro lado, que el cónsul de Colombia en Atlanta demoró en visitar a Mancuso en la prisión, porque estaba embolatada por detalles de viáticos y tiquetes aéreos para la comisión. “No obstante, frente al requerimiento de tiquetes aéreos, llama a atención que el centro de detención está ubicado a dos horas y media de viaje en automóvil y obviamente no exige traslado en avión”, agregó la JEP. A la final el encuentro sí se dio, hace unos días, y el consulado reportó que Mancuso está en buenas condiciones de salud y que ha requerido constantemente tener un computador para estar al tanto del presente nacional.
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En el documento, la JEP argumentó que el Ministerio de Relaciones Exteriores es el encargado, a través de sus consulados, de proteger los derechos fundamentales de los colombianos en el exterior. Y que la extradición de Mancuso a Colombia, sin lugar a dudas, facilitaría que a justicia nacional lo sentencie a pagar por sus graves crímenes como cabeza de las autodefensas. Sobre todo, teniendo en cuenta que en Estados Unidos paga 14 años unicamente por narcotráfico, aunque hace casi tres se suponía que estaría libre. Ahora, el criminal se prepara para su audiencia de verdad, en la cual deberá sostener cómo fue conexión entre el paramilitarismo y las fuerzas de seguridad del Estado.
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