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El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Roberto Vidal, le respondió en las últimas horas al Secretariado de las FARC, que le envió una carta al presidente Gustavo Petro, en la que dicen que esa jurisdicción ha tenido varios incumplimientos que, de persistir, los llevaría a apartarse de las decisiones de ese tribunal. Vidal explicó que todos los comparecientes deben cumplir sus compromisos ante la JEP y que reciben esa carta como una opinión, pero no como una amenaza al trabajo que realiza la jurisdicción.
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Las declaraciones las hizo el magistrado Vidal, en medio de una rueda de prensa en Bogotá. En ella, reiteró a todos los firmantes del Acuerdo de Paz que no les corresponde emitir órdenes ni orientaciones acerca de la manera como la magistratura debe cumplir con su mandato constitucional, y que, por el contrario, deben cumplir sus compromisos ante esa jurisdicción.
“El propósito principal de esta jurisdicción transicional es el esclarecimiento de la verdad y la garantía de los derechos de las víctimas. La imputación de los crímenes bajo el derecho internacional a los máximos responsables es una obligación constitucional y legal que este tribunal está desarrollando y seguirá cumpliendo con el mayor rigor y transparencia”, explicó.
En este sentido, el magistrado consideró que la carta que envió el Secretariado de las extintas FARC al Gobierno Petro es una opinión respetable, pero no es una amenaza al trabajo que realiza la jurisdicción. Señaló, además, que es inaceptable relacionar la deserción del proceso de paz y su retorno a las armas, con el trabajo que realiza la JEP. “Es inaceptable atribuir un asunto tan complejo a la actividad de la JEP donde lo que hemos hecho es buscar la garantía y el procesamiento adecuado de los comparecientes”.
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Por último, el magistrado Vidal le hizo un llamado a la sociedad, a las víctimas, a los organismos internacionales, a los organismos de control, las altas cortes, la Fiscalía General de la Nación y al Gobierno para rodear el Acuerdo Final de Paz y velar por el respeto y autonomía de la JEP.
La carta enviada por el Secretariado se conoció este martes. En ella, los exjefes guerrilleros dijeron que las decisiones de la JEP están creando una inseguridad jurídica para los excombatientes. “A pesar de nuestro cumplimiento con relación a la jurisdicción, nos preocupa el empeño de la JEP por alejarse del espíritu y la letra de lo acordado, haciendo sus propias interpretaciones a un texto que es claro en sus propósitos de paz, dado el carácter político del Acuerdo que firmamos con el Estado, pretendiendo llevarlo un terreno judicial positivista, más propio de un sometimiento a la justicia”, dice la carta.
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En concreto, el Secretariado dice además que la JEP tiene la idea de dictar resoluciones por cada macrocaso —actualmente hay 11 abiertos—, cuando la ley estatutaria de ese tribunal señala que debe haber una resolución única de conclusiones; la poca diligencia de la JEP en la resolución de amnistías; y la vinculación en las investigaciones de exintegrantes de esa guerrilla de escala media y baja del mando. Según la carta, esto es contrario a buscar a los máximos responsables y “centrar el esfuerzo en los casos más representativos que constituyen patrones de conductas violatorias del DIH y los Derechos Humanos”.
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