Este miércoles 9 de octubre, el magistrado Roberto Vidal, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), y Laura Sarabia, directora del Departamento Administrativo para la Presidencia (Dapre), sostuvieron una reunión para definir el futuro de los recursos que debe garantizar el Ejecutivo para cumplir con las sanciones que impondrá ese organismo de justicia transicional a máximos responsables a través de proyectos restaurativos, y acordaron que, en principio, se podrán ejecutar $100.000 millones para ese fin.
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La reunión se dio luego de que El Espectador reveló que desde el 11 de diciembre de 2023 se había pactado la apertura de una subcuenta para transferir más de $470.000 millones para temas restaurativos y proyectos de reparación temprana. De ese universo de recursos, un total de $316.000 millones habían sido destinados únicamente al mecanismo restaurativo, a través del cual se impondrán sanciones propias a los máximos responsables del conflicto, pues, cabe recordar, estas sanciones no son cárcel.
El problema giró entorno a la creación de esa subcuenta, pues, para la JEP, esta debía ser administrada por la Unidad para las Víctimas. Sin embargo, para poder abrir ese fondo, era necesario cerrar la cuenta general a la cual se le asignaron más de $470.000 millones y abrir una nueva con solo la asignación de $316.000 millones, pues los otros $150.000 millones restantes quedaron asignados para las reparaciones tempranas, a cargo de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) y la Agencia para la Renovación del Territorio (ART).
Esos recursos para los proyectos relacionados con la paz, que incluyen la justicia restaurativa que tiene en cuenta la JEP, son administrados por el Fondo Colombia en Paz, el cual asigna la plata a diferentes entidades y entrega los recursos con la aprobación del Dapre, luego de que la subcuenta sea aceptada por el Consejo Directivo del Fondo, en el cual tienen asiento los ministerios de Hacienda, Ambiente y Agricultura, así como el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) y hasta un delegado del sector privado, el cual asigna la Casa de Nariño. Esa subcuenta, por ahora, no ha sido abierta, por lo que no hay dónde consignar el dinero ni quien lo ejecute para garantizar los proyectos restaurativos.
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En la reunión de este miércoles, el magistrado Vidal y la directora Sarabia establecieron la hoja de ruta que guiará la ejecución de los recursos para los proyectos restaurativos, los cuales debe garantizar el Gobierno. Durante el encuentro participó también Wilmer Leal, director del Fondo Colombia en Paz, con quien se acordó, además, la realización de mesas técnicas para definir las entidades que ejecutarán los primeros $100.000 millones. Si bien antes la subcuenta iba a ser manejada por la Unidad para las Víctimas, esta propuesta no tuvo futuro, pues, según fuentes que conocen de cerca el proceso, la entidad tiene intereses mayores en temas de reparación colectiva, mientras que la Jurisdicción busca que la plata sea destinada a cumplir las sanciones.
Ahora, la labor de ejecutar esos recursos estará en manos de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), según le dijeron a este diario fuentes enteradas del proceso. El siguiente paso es realizar un trabajo técnico con entre la JEP y la entidad, que será supervisado por el Fondo Colombia en Paz y luego será sometido a aprobación por parte del Consejo Directivo del Fondo. Así mismo, el gobierno Petro se comprometió a apoyar las mesas técnicas entre la JEP y la ARN para la aprobación de la subcuenta, que será manejada por esta última. Además, este diario conoció que el Ejecutivo deberá presentar el tema ante Consejo Directivo, continuar con los trámites presupuestales que se puedan hacer el 2024 y entregar el resto del dinero para las sanciones propias entre 2025 y 2026.
“La reunión marca un avance significativo en la implementación de los compromisos adquiridos por el Gobierno del presidente Gustavo Petro en el marco del Acuerdo de Paz, especialmente en lo que respecta a garantizar el apoyo financiero necesario para cumplir con las responsabilidades judiciales y de reparación que corresponden a la JEP”, señaló el Dapre mediante un comunicado.
“Acabamos de terminar una mesa de trabajo con la directora del Dapre y el coordinador del Fondo Colombia en Paz, en la que, junto con la JEP, hemos convenido una hoja de ruta que, en primer lugar, confirma y asegura la disponibilidad permanente de los recursos para sustentar el cumplimiento de las decisiones judiciales de la Jurisdicción”, preció el magistrado Roberto Vidal, presidente de la JEP.
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