JEP y Fiscalía llegan a acuerdos para no cruzarse en la investigación del conflicto

Quedó listo el nuevo acuerdo de cooperación entre la Fiscalía y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), con el objetivo de reducir la impunidad de los crímenes cometidos durante el conflicto armado. Lo primero fue precisar que, como lo ordenó la Corte Constitucional, la Fiscalía no puede restringir la libertad, ni citar a diligencias judiciales, a personas vinculadas con la guerra que sean competencia directa de la JEP. Tal es el caso de exguerrilleros, colaboradores de los paramilitares o militares asociados con falsos positivos.

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La Fiscalía presentará nuevos reportes sobre hechos graves y representativos del conflicto armado, con pruebas sólidas, que complementen los hallazgos de la JEP en cada uno de sus macrocasos. Las investigaciones de la Fiscalía, incluso, podrían ser contrastadas con las propias versiones voluntarias de los comparecientes a la JEP, antes de que esta última defina si formula imputaciones o si define su situación jurídica mediante mecanismos no sancionatorios.

Así lo explicó el presidente de la JEP, el magistrado Eduardo Cifuentes: “La función de investigación de la Fiscalía solo se suspende de manera definitiva cuando la Sala de Reconocimiento de la JEP le notifica al señor Fiscal que, en los tres meses siguientes, va a dictar una resolución de conclusiones y en relación con quienes van a ser imputados y/o aceptan las imputaciones”.

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Por otro lado, la Fiscalía se comprometió a informarle a la JEP si alguna de las personas de su competencia ha cometido delitos posteriores a la firma del Acuerdo de Paz y defraudado el deber de no repetición. Otro de los puntos clave para ambas entidades fue comprometerse a que la JEP sea la única que cite a versiones, impute o prive de su libertad a quienes han aportado su verdad, como antiguos miembros de las Farc o de la Fuerza Pública.

“Un acuerdo que demuestra el compromiso de la Fiscalía con la paz, y el compromiso personal para que la JEP siga cumpliendo sus funciones adecuadamente. Apoyar a la JEP es apoyar la institucionalidad colombiana, es apoyar la idea que se tuvo de cierre de una historia muy larga de conflicto armado que existió en Colombia y que requiere todo el apoyo institucional”, agregó el fiscal Francisco Barbosa.

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El acuerdo entre ambas instituciones llegó luego de varios episodios tensionantes. Uno de ellos, el anuncio en 2021, por parte de la Fiscalía, de la posible imputación al general (r) Mario Montoya por su presunta responsabilidad en 104 ejecuciones extrajudiciales. El ente investigador aseguró tener las pruebas para vincularlo formalmente con los falsos positivos, cuando la JEP tiene informes y testimonios que confluyen en esa hipótesis. Al final, el Tribunal Superior de Bogotá decidió que el expediente es competencia exclusiva de la JEP.

Además, quedaron casos como el del exfiscal de la JEP, Julián Bermeo, quien hace un mes fue condenado a ocho años de prisión por haber recibido hasta US$40.000 por intentar frenar la extradición de Jesús Santrich en 2019. También está el antecedente de Martha Lucía Zamora, directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, quien este año fue declarada inocente por, como lo acusó la Fiscalía, supuestamente participar en la salida del país de varios exguerrilleros sometidos a la JEP.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Quedó listo el nuevo acuerdo de cooperación entre la Fiscalía y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), con el objetivo de reducir la impunidad de los crímenes cometidos durante el conflicto armado. Lo primero fue precisar que, como lo ordenó la Corte Constitucional, la Fiscalía no puede restringir la libertad, ni citar a diligencias judiciales, a personas vinculadas con la guerra que sean competencia directa de la JEP. Tal es el caso de exguerrilleros, colaboradores de los paramilitares o militares asociados con falsos positivos.

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Además, quedaron casos como el del exfiscal de la JEP, Julián Bermeo, quien hace un mes fue condenado a ocho años de prisión por haber recibido hasta US$40.000 por intentar frenar la extradición de Jesús Santrich en 2019. También está el antecedente de Martha Lucía Zamora, directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, quien este año fue declarada inocente por, como lo acusó la Fiscalía, supuestamente participar en la salida del país de varios exguerrilleros sometidos a la JEP.

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