JEP y ONU crean alianza que activa Monitoreo y Verificación de Sanciones Propias

La ejecución y el cumplimiento de las sanciones propias que impone la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tendrá un protocolo de verificación y monitoreo por parte de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas, así lo anunció el presidente de la Sección de Primera Instancia de la justicia transicional, el magistrado Camilo Andrés Suárez, este martes. El jurista hace parte de la Sección encargada de imponer las sanciones a los comparecientes que entreguen verdad y reparación a las víctimas del conflicto armado.

“La pena no solo debe orientarse a la comisión del delito, sino a las víctimas. Identificar y reparar el daño causado siendo este lugar en donde cobra todo sentido la sanción propia. La sentencia es la providencia que pone fin al ejercicio de la acción penal. Es el escenario de confesión de la verdad y del juicio de responsabilidad de la culpa”, resaltó el magistrado ante Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión de la ONU.

Lea aquí: Los reparos de las víctimas a las sanciones propias de la JEP

Suárez consideró que la importancia de la sanción propia recae especialmente sobre el victimario que reconoce la verdad y brinda reparación a las víctimas. El componente de verdad, justicia y reparación que fue avalado por la Corte Constitucional dejó claro que los comparecientes con sentencias de la JEP tendrán sanciones máximas de ocho años. Ese monto lo recordó el magistrado Suárez a la vez que señaló que el sistema de verificación y monitoreo servirá para analizar el cumplimiento de estas.

“El mecanismo de monitoreo y verificación de sanciones propias no solo contribuye al cumplimiento y proceso de legitimación de las sanciones al reportar los resultados para la ejecución de la sentencia, sino que facilitará la articulación a nivel nacional, regional y local de los componentes e instituciones que deben garantizar las condiciones para implementar este tipo de sanciones”, explicó el magistrado Suárez.

Lea también: Esto es lo que esperan las víctimas de las sanciones propias de la JEP

Las sanciones propias que se acordaron en el pacto final de paz relacionan penas entre los cinco y ocho años, y estas tienen todo tipo de escenarios, desde el lugar de ejecución de la pena, así como las condiciones y efectos de estas. Entre otras cosas, comprenderá las restricciones efectivas de libertad y derechos tales como la restricción de residencia y de movimiento que sean necesarias para su ejecución. Además, aclaró que las sanciones deberán garantizar la no repetición.

“La sanción propia no solo es expresión de un juicio de culpabilidad, sino que busca identificar y reparar un daño causado e involucrar al compareciente en la restauración de dicho daño”, resaltó Suárez y recordó que si bien las sanciones propias no conllevan a la cárcel abarca componentes retributivos y restaurativos que toda víctima debe tener. “La sanción tendrá como objetivo no solo la reparación y satisfacción a través de los proyectos restaurativos, sino también reestablecer el equilibrio entre victimas y victimarios. Es decir, que los responsables sean tratados como tales y la sanción restaurativa sea evidencia que están bajo la ley y no por encima de ella”.

Le puede interesar: Avanza plan para que los máximos responsables del conflicto paguen en Bogotá sanciones de la JEP

Las sanciones propias se imponen, según Suárez, luego de un exhaustivo análisis sobre las responsabilidades de los victimarios. La Sala de Reconocimiento de la JEP identifica los casos más graves, verifican el reconocimiento de verdad y responsabilidad, y por último, se empieza a proyectar la sanción sobre los máximos responsables.

“La Sección de Primera Instancia es el órgano para verificar el cumplimento de las sanciones impuestas por la JEP, así como el competente para otorgar autorizaciones por desplazamiento para fijar horario y el cumplimiento de la sanción restaurativa. Esta sanción se impone a todo tipo de comparecientes, a los exmiembros de las Farc que se hayan acogido al Acuerdo de Paz, a los miembros de la fuerza pública, a los agentes de Estado no miembros de la fuerza pública, a los terceros quienes hayan cometido delitos en el marco del conflicto armado”, resaltó el magistrado.

Contexto: Conozca cómo serán las sanciones propias según el presidente de la JEP

Si bien las sanciones propias pasan por un filtro especial de la Jurisdicción Especial para la Paz, que en este caso, es la Sección de Primera Instancia, el Acuerdo de Paz fijó que habrá una ayuda internacional en las tareas de verificación de las condiciones para la ejecución y cumplimiento de las sanciones propias. Tendrá la responsabilidad de articular sus acciones con entidades nacionales, territoriales e internacionales relacionadas con el monitoreo, así como con las diferentes autoridades gubernamentales e instituciones representativas de las comunidades para verificar que se estén cumpliendo.

Además de ello, será el encargado de articular acciones con las autoridades tradicionales o instituciones representativas de los pueblos indígenas, negros, afrocolombianos, raizales, palenqueros, Rrom y prevenir dificultades sobre la implementación de las sanciones en territorios donde existan tales comunidades.

Lea aquí: En Sumapaz avanza piloto de sanciones propias de la JEP

Por su parte, Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión de la ONU, resaltó una vez más la labor que ha adelantado la JEP en materia de justicia para apoyar la implementación del Acuerdo de Paz. Estimó que la firma de este protocolo es una contribución de los entes internacionales para apoyar la paz en Colombia. “La firma de este protocolo representa una contribución de la Misión de Verificación a la JEP, pero también es parte del apoyo más amplio que reciben de los fondos, agencias y programas de las Naciones Unidas. Reitero nuestro compromiso colectivo para seguirlos apoyando”, dijo este martes.

El alto funcionario resaltó que el sistema integral es la columna vertebral del Acuerdo de Paz porque materializa la centralidad de las víctimas y contribuye a la reconciliación. “Es por ello que los avances y logros de la JEP son indispensables para que se cumplan las aspiraciones que los colombianos depositaron en el Acuerdo de Paz”, resaltó.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

La ejecución y el cumplimiento de las sanciones propias que impone la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tendrá un protocolo de verificación y monitoreo por parte de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas, así lo anunció el presidente de la Sección de Primera Instancia de la justicia transicional, el magistrado Camilo Andrés Suárez, este martes. El jurista hace parte de la Sección encargada de imponer las sanciones a los comparecientes que entreguen verdad y reparación a las víctimas del conflicto armado.

“La pena no solo debe orientarse a la comisión del delito, sino a las víctimas. Identificar y reparar el daño causado siendo este lugar en donde cobra todo sentido la sanción propia. La sentencia es la providencia que pone fin al ejercicio de la acción penal. Es el escenario de confesión de la verdad y del juicio de responsabilidad de la culpa”, resaltó el magistrado ante Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión de la ONU.

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Suárez consideró que la importancia de la sanción propia recae especialmente sobre el victimario que reconoce la verdad y brinda reparación a las víctimas. El componente de verdad, justicia y reparación que fue avalado por la Corte Constitucional dejó claro que los comparecientes con sentencias de la JEP tendrán sanciones máximas de ocho años. Ese monto lo recordó el magistrado Suárez a la vez que señaló que el sistema de verificación y monitoreo servirá para analizar el cumplimiento de estas.

“El mecanismo de monitoreo y verificación de sanciones propias no solo contribuye al cumplimiento y proceso de legitimación de las sanciones al reportar los resultados para la ejecución de la sentencia, sino que facilitará la articulación a nivel nacional, regional y local de los componentes e instituciones que deben garantizar las condiciones para implementar este tipo de sanciones”, explicó el magistrado Suárez.

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Las sanciones propias que se acordaron en el pacto final de paz relacionan penas entre los cinco y ocho años, y estas tienen todo tipo de escenarios, desde el lugar de ejecución de la pena, así como las condiciones y efectos de estas. Entre otras cosas, comprenderá las restricciones efectivas de libertad y derechos tales como la restricción de residencia y de movimiento que sean necesarias para su ejecución. Además, aclaró que las sanciones deberán garantizar la no repetición.

“La sanción propia no solo es expresión de un juicio de culpabilidad, sino que busca identificar y reparar un daño causado e involucrar al compareciente en la restauración de dicho daño”, resaltó Suárez y recordó que si bien las sanciones propias no conllevan a la cárcel abarca componentes retributivos y restaurativos que toda víctima debe tener. “La sanción tendrá como objetivo no solo la reparación y satisfacción a través de los proyectos restaurativos, sino también reestablecer el equilibrio entre victimas y victimarios. Es decir, que los responsables sean tratados como tales y la sanción restaurativa sea evidencia que están bajo la ley y no por encima de ella”.

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Las sanciones propias se imponen, según Suárez, luego de un exhaustivo análisis sobre las responsabilidades de los victimarios. La Sala de Reconocimiento de la JEP identifica los casos más graves, verifican el reconocimiento de verdad y responsabilidad, y por último, se empieza a proyectar la sanción sobre los máximos responsables.

“La Sección de Primera Instancia es el órgano para verificar el cumplimento de las sanciones impuestas por la JEP, así como el competente para otorgar autorizaciones por desplazamiento para fijar horario y el cumplimiento de la sanción restaurativa. Esta sanción se impone a todo tipo de comparecientes, a los exmiembros de las Farc que se hayan acogido al Acuerdo de Paz, a los miembros de la fuerza pública, a los agentes de Estado no miembros de la fuerza pública, a los terceros quienes hayan cometido delitos en el marco del conflicto armado”, resaltó el magistrado.

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Si bien las sanciones propias pasan por un filtro especial de la Jurisdicción Especial para la Paz, que en este caso, es la Sección de Primera Instancia, el Acuerdo de Paz fijó que habrá una ayuda internacional en las tareas de verificación de las condiciones para la ejecución y cumplimiento de las sanciones propias. Tendrá la responsabilidad de articular sus acciones con entidades nacionales, territoriales e internacionales relacionadas con el monitoreo, así como con las diferentes autoridades gubernamentales e instituciones representativas de las comunidades para verificar que se estén cumpliendo.

Además de ello, será el encargado de articular acciones con las autoridades tradicionales o instituciones representativas de los pueblos indígenas, negros, afrocolombianos, raizales, palenqueros, Rrom y prevenir dificultades sobre la implementación de las sanciones en territorios donde existan tales comunidades.

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Por su parte, Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión de la ONU, resaltó una vez más la labor que ha adelantado la JEP en materia de justicia para apoyar la implementación del Acuerdo de Paz. Estimó que la firma de este protocolo es una contribución de los entes internacionales para apoyar la paz en Colombia. “La firma de este protocolo representa una contribución de la Misión de Verificación a la JEP, pero también es parte del apoyo más amplio que reciben de los fondos, agencias y programas de las Naciones Unidas. Reitero nuestro compromiso colectivo para seguirlos apoyando”, dijo este martes.

El alto funcionario resaltó que el sistema integral es la columna vertebral del Acuerdo de Paz porque materializa la centralidad de las víctimas y contribuye a la reconciliación. “Es por ello que los avances y logros de la JEP son indispensables para que se cumplan las aspiraciones que los colombianos depositaron en el Acuerdo de Paz”, resaltó.

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