Johana Bahamón explica ley para que mujeres cabeza de familia salgan de prisión

Hoy en día, en Colombia hay un total de 176.009 personas privadas de la libertad. La cifra es del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y, de ese total, el 7,1 % son mujeres, incluyendo madres cabeza de familia, que están a punto de vivir un momento histórico para la política penitenciaria colombiana. Desde marzo de este año entró a regir la ley de utilidad pública (2292 de 2023) que busca que al menos 5.000 mujeres cabeza de familia con detención intramural puedan salir a la libertad, para trabajar en servicios no remunerados, como una forma de cumplir su pena de forma sustitutiva y restaurativa. Y si hay alguien en Colombia que conoce casi a la perfección la importancia de esta política es la Fundación Acción Interna.

Hoy en día, en Colombia hay un total de 176.009 personas privadas de la libertad. La cifra es del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y, de ese total, el 7,1 % son mujeres, incluyendo madres cabeza de familia, que están a punto de vivir un momento histórico para la política penitenciaria colombiana. Desde marzo de este año entró a regir la ley de utilidad pública (2292 de 2023) que busca que al menos 5.000 mujeres cabeza de familia con detención intramural puedan salir a la libertad, para trabajar en servicios no remunerados, como una forma de cumplir su pena de forma sustitutiva y restaurativa. Y si hay alguien en Colombia que conoce casi a la perfección la importancia de esta política es la Fundación Acción Interna.

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En la dirección de esta organización está Johana Bahamón. En diálogo con este diario, la directora expresó que ya tiene listos al menos 60 cupos para las mujeres que sean beneficiadas por esta ley, y quienes podrán encontrar una oportunidad para reintegrarse a la sociedad prestándole un servicio. Ahora bien, no es un camino fácil. Para que las mujeres puedan aplicar a este beneficio deberán cumplir con algunos requisitos como, por ejemplo, que su condena sea por delitos de hurto o tráfico de estupefacientes, con penas inferiores a ocho años. Además, deberán demostrar que, al momento de cometer los delitos, lo hicieron en condición de marginalidad.

Así, el beneficio será concedido por un juez de conocimiento al momento de imponer la pena o por un juez de ejecución de penas en casos en los que las mujeres ya están cumpliendo su condena. Para Bahamón, esta ley es “una oportunidad para demostrar que no todo tiene que resolverse con cárcel”, pero hay varios desafíos por delante, como el acompañamiento jurídico y psicosocial, y la sensibilización al empresariado que, a fin de cuentas, les dará una oportunidad laboral a las mujeres liberadas.

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¿Cuántos cupos ofrece Acción Interna y cuál será el papel de la fundación para fortalecer la ley de utilidad pública?

Tenemos destinados 60 cupos. La idea es que las mujeres que entren puedan estar en nuestra ruta de empleabilidad con empresas aliadas, la cual es paralela a la realización del servicio comunitario. Entonces, aparte de cumplir con sus horas de utilidad pública, que deben ser un mínimo de cinco y un máximo de 20 semanales (no más de ocho por día), y que por cada cinco se sustituye una semana de privación de la libertad que se le imponga o que tenga pendiente por cumplir, esperamos que ellas puedan estar con nosotros aprendiendo y preparándose para el trabajo.

Vamos también a capacitarlas en los oficios donde tengamos oferta laboral: gastronomía, confección, servicios generales, construcción, entre otros. Acá lo que hacemos es una ruta directa hacia el empleo. Es muy importante que el sector privado esté con nosotros durante esta ruta de intervención porque son ellos quienes les van a dar esta oportunidad laboral. Es un trabajo paralelo: mientras, por un lado, las estamos capacitando, por el otro estamos trabajando, sensibilizando y consiguiendo espacios para que ellas puedan trabajar en empresas.

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¿Cómo garantizar, entonces, que luego de que las mujeres puedan cumplir con el servicio comunitario y puedan aplicar a un trabajo remunerado no se presenten casos de estigmatización?

Eso es, precisamente, lo que trabajamos en esta casa con Segundas Oportunidades (programa de reinserción social y económica de Acción Interna), abrir puertas con empresarios y también enviar personas que estén capacitadas y aptas para el trabajo. No es mandar a todo el mundo porque sí, sino que hayan cumplido con los requisitos que exige la ley, en este caso la ley de utilidad pública, y que hayan cumplido con un proceso interno en la fundación. Una vez hayan cumplido con esto y sepamos que están listas, ya serían aptas para mandar a las vacantes de las empresas.

¿En qué consiste ese proceso interno?

Generalmente, un equipo de la fundación va haciendo alianzas con las empresas privadas para contratar a los pospenados. Mientras tanto, otro equipo determina si la persona es apta o no para trabajar. Eso se define gracias al acompañamiento psicosocial y puede pasar que, luego del análisis, el resultado sea que esa persona sigue teniendo una tendencia a la reincidencia. Pero, si la persona no presenta ninguna tendencia de ese tipo, pasa a atención jurídica donde se revisa su caso y luego se le hacen talleres para aplicar a las vacantes.

Hay muchas personas que deben seguir reforzando habilidades antes de entrar a una compañía. ¿Qué es lo que queremos? Que las personas entren a las empresas y no vayan a desertar porque antes, si no había una ruta efectiva, los internos salían de la cárcel sin el conocimiento necesario y la deserción era muy alta, por eso estamos fortaleciendo esa intervención en la ruta de empleabilidad.

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¿Cómo funciona la articulación con el Ministerio de Justicia para la obtención de los cupos?

Hay un convenio entre la fundación y el Ministerio. Entonces, lo que hace la fundación es buscar estas plazas, que es lo más difícil, conseguir las empresas que van a recibir a estas mujeres. Aquí es importante mencionar que si no tienen asegurada su plaza por fuera de la cárcel no van a poder ser beneficiarias de la ley. Entonces, desde antes hay que asegurar esas plazas. Por ejemplo, con este convenio que hicimos fue la forma como aseguramos nuestros 60 cupos.

¿Cuáles serán las reacciones de las mujeres beneficiadas? ¿Hay riesgo de que escapen o hay riesgo de que sean toda una ayuda para la comunidad?

Yo no creo que haya un riesgo de que se escapen y confío en que son personas que saben valorar esta oportunidad. Son mujeres que, así estén por fuera de la cárcel, van a seguir en su condición de condenadas. Entonces creo que ellas saben lo complejo que es esto y la oportunidad que se les está presentando. Confío en nuestra población, sé que lo van a aprovechar y no creo que ninguna quiera volver a la cárcel. También es una ocasión importante para demostrar que sí puede haber penas alternativas, que no todo tiene que ser cárcel, que el ejercicio punitivo no es la única solución y que esta es una buena oportunidad para apostar por estas penas sustitutivas. Pero si llega a suceder, perderían inmediatamente este beneficio.

¿La ley de utilidad pública, desde la óptica de la fundación, se puede entender como un ejercicio de justicia restaurativa?

Sí. Sobre todo porque es trabajo comunitario. Es importante también en este punto que, con estas penas, las mujeres beneficiadas puedan estar con sus hijos, no dejarlos solos. Cuando las mujeres van a la cárcel es su núcleo familiar el que más sufre, sus hijos principalmente, por eso es importante que ellas puedan cumplir su condena, pero al lado de sus familiares. Eso también evita que sus hijos entren al mundo de la delincuencia o las adicciones.

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¿Podría ilustrar algún caso de alguna mujer cabeza de familia que, desde Acción Interna, consideren que puede ser beneficiaria de la ley?

Hay muchos, pero por ahora no podemos dar uno concreto. Ahora, lo que viene es un proceso largo con los abogados, para ver que sí cumplan con los requisitos de ser beneficiarias de esta ley. Hay que demostrar que son madres cabeza de familia, que cuando delinquieron lo hicieron en una situación de marginalidad y que esos delitos hayan sido por: tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; destinación ilícita de muebles o inmuebles, conservación o financiación de plantaciones, hurto, hurto calificado o agravado.

Eso hay que hacerlo con apoyo de abogados mediante un acompañamiento jurídico permanente y también psicosocial, por el reencuentro con sus familias. Y, pues sí, aparentemente hay muchas, pero ¿realmente quienes van a ser beneficiadas? Para eso todavía falta mucho con un proceso muy minucioso para revisar quiénes están cumpliendo con los requisitos.

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¿Cómo funciona el acceso a la justicia para las personas privadas de la libertad? Por favor, explique a nuestros lectores cómo este derecho también aplica para hombres y mujeres en prisión.

El acceso a la justicia se supone que es un derecho, pero infortunadamente en nuestro país eso es muy complejo. Justo hicimos en mayo de 2022 el especial con El Espectador que se llamó “Migrantes y prisioneros del abandono” y en el tema de acceso a la justicia nos dábamos cuenta de que muchas personas no tienen acceso a una defensa. Entonces, los defensores públicos son quienes se hacen cargo de estos procesos y estas personas también están con una sobrecarga laboral. Entonces, las personas condenadas acceden precisamente a aceptar su condena, sabiendo que pudo haber procesos mucho más ágiles y fáciles, pero al verse en este entramado y declarase culpables, pues lo terminan aceptando. Entonces, es muy triste porque realmente en este caso siento que el acceso a la justicia es para personas que tienen el privilegio de poderlo tener.

¿Cómo se podría mejorar este escenario desde Acción Interna, por ejemplo, con la representación jurídica?

Desde la fundación hacemos un trabajo muy interesante con el equipo jurídico y es que nosotros les damos la oportunidad con nuestro equipo de abogados para otorgarles un servicio digno: darles el tiempo que se requiere, revisar sus procesos, si hay que hacer una casación, pues se hace la casación. Desde Acción Interna somos un mano para ellos, para ayudarlos porque también nosotros buscamos trabajar en cooperación, con el Gobierno por ejemplo, entonces en este caso, desde la fundación, lo que hacemos es atender estos casos, sobre todo a los más vulnerables de los vulnerables, porque en la cárcel también hay más vulnerabilidad en unas personas que en otras, entonces tenemos un equipo muy robusto que trabaja todos los días. Al año atendemos alrededor de 1.000 casos de personas privadas de la libertad.

¿Hay aires de optimismo después de que se firmara el decreto que reglamenta la ley de utilidad pública?

¡Claro! Es una oportunidad para demostrar que sí hay opciones y no todo tiene que ser ir a la cárcel. Además, que estas mujeres no son las grandes cabezas de estructuras criminales, son mujeres condenadas por delitos menores de ocho años. Hay que hacer un acompañamiento constante porque no se lo esperaban, entonces hay que prepararlas para la libertad.

¿Hay algo que quizás quisiera agregar?

Hay dos cosas que son clave: La primera es sensibilizar a los empresarios, a las organizaciones y a las oenegés que las vayan a recibir. Hay que hacer un llamado a los jueces porque son ellos quienes definen quiénes van a salir. Segundo, es muy importante el tema de comunicaciones, que la gente se entere de esto, no mucha gente lo sabe. Hay que hacer una campaña para contarles también a las mismas internas. No queremos generar falsas expectativas y que piensen que todas van a poder salir porque eso no es así. Esta parte de comunicación para las internas, para las organizaciones y para los jueces es fundamental.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.