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Juan Guillermo Arcila pasó de ser un distinguido hombre de negocios en Miami a un hombre con un prontuario judicial a cuestas. Este martes 11 de agosto, una jueza de los Estados Unidos le informó que deberá pasar 51 meses privado de la libertad por cuenta del descalabro de Quarzo Bal Harbour, un proyecto que se ofreció a los inversores desde 2007 bajo la promesa de ser un proyecto de alta rentabilidad anual, pero que, casi desde el inicio, estuvo condenado al fracaso. Arcila lo sabía, determinó la justicia estadounidense, pero siguió captando fondos del público hasta 2016. Por eso fue hallado culpable. (Lea también: Quarzo Bal Harbour, ¿hotel de lujo en Miami que resultó pirámide de colombianos?)
“Este fue el negocio más complicado de toda mi vida. Lo comencé con las mejores intenciones, quería un beneficio financiero para todos, incluido yo mismo. Cometí un error, cometí un delito (...) Estoy muy arrepentido”, dijo Arcila en la audiencia que se transmitió por Zoom y en la cual estuvieron presentes más de 125 personas, en su mayoría inversionistas del proyecto que creyeron en Arcila, en su socio Carlos Mahecha, y perdieron su dinero. “Les pido a todos ustedes que me perdonen por todas las molestias que les causé junto a sus familias”, agregó con la voz quebrada.
La pandemia jugó en su favor. Por cuenta del COVID-19, las cárceles estadounidenses están en una difícil situación; según el portal Prison Insider, en ese país van más de 92.000 casos en prisiones y 747 reclusos han fallecido por el nuevo coronavirus. “Yo no le quiero causar más problemas a la Agencia”, dijo la jueza de su caso, Marcia Cooke, haciendo referencia a la Agencia Federal de Prisiones. Es por eso que Arcila permanecerá en detención domiciliaria hasta el próximo 5 de enero, fecha que puso la jueza Cooke para revisar sus condiciones de arresto. Si para ese momento la crisis por el coronavirus en las cárceles ha menguado, Arcila podría ir preso.
“Estos casos son siempre muy difíciles”, señaló la funcionaria judicial, después de haber escuchado a varias de las víctimas de Arcila y su socio, el también colombiano Carlos Mahecha. En la audiencia tuvieron la oportunidad de hablar inversores del proyecto Quarzo Bal Harbour, algunos de los cuales no ocultaron su ira y le pidieron a la jueza Cooke la máxima pena que pudiera darle a Arcila. “Juan Arcila no tiene empatía, corazón, ni decencia”, dijo una mujer. “Para él, este es un problema de estatus social. Para nosotros, es un problema de supervivencia”, dijo una pareja. (Le puede interesar: Las preguntas que deja la inversión de cientos de miles de dólares del general (r) Montoya)
El fiscal del caso, Sean Cronin, tuvo la oportunidad de dar durante la audiencia algunos nuevos detalles con respecto a Arcila, quien fue detenido el 3 de diciembre del año pasado por este caso y luego quedó en libertad bajo fianza, con la restricción de no poder salir del país -su pasaporte permanece en poder de las autoridades estadounidenses, confirmó la jueza Cooke-. El fiscal Cronin dijo que Arcila amenazó a inversores con reportarlos ante las autoridades colombianas de impuestos (es decir, la DIAN) porque varios de ellos no habían registrado el dinero que metieron a Quarzo Bal Harbour en sus declaraciones de renta.
Durante su tiempo como condenado, Arcila no podrá involucrarse en negocios que impliquen recaudar recursos del público. Así quedó establecido desde que pagó US$100.000 para quedar libre y así se lo recordó también la jueza Cooke, quien le indicó que tuviera cuidado con las decisiones que tomara para generar ingresos y le advirtió que si detectaba que él incumplía alguna norma, lo enviaría a la cárcel de inmediato. En abril de este año, Arcila creó una página web para pedir dinero que, dijo, iría para aliviar a personas de la tercera edad que sufrían por la pandemia. Al enterarse, el fiscal Cronin llamó al abogado de Arcila y le dijo que debía acabar su iniciativa so pena de ser arrestado de nuevo.
Como reveló El Espectador, en febrero de este año, Arcila aceptó cargos. El documento en que quedó consignada esa aceptación indicaba que Arcila podía recibir una sentencia de hasta 20 años en prisión, y los inversores que estuvieron presentes en la audiencia de ayer pedían un castigo para Arcila de no menos de 10 años privado de la libertad. Por eso, al escuchar que estaría detenido cuatro años y tres meses, la decepción fue un sentimiento generalizado. “Es una victoria con sabor a derrota”, dijo uno de los inversionistas de Quarzo Bal Harbour a este diario.
“¿Dónde está Carlos Mahecha?”
Durante la audiencia, fueron varios los afectados por Arcila que reclamaron haberles creído a él y a su socio, Carlos Mahecha. Lo dijeron una y otra vez, al punto que la jueza Marcia Cooke preguntó: “¿Dónde está Carlos Mahecha?”. “En Colombia, su señoría”, le respondieron. Se trata de Carlos Mahecha Díaz, un hombre que hasta no hace mucho era reconocido, simplemente, como miembro de la clase alta de la sociedad bogotana. Él y su esposa, Anastasia Casas, eran accionistas de la sociedad dueña de las clínicas El Country y La Colina en la capital. Ahora, la pareja y sus hijos están llamados a juicio civil también en EE.UU.
Mahecha, su esposa y Camilo y Felipe Mahecha Casas tuvieron que ver con el negocio de Quarzo Bal Harbour. El agente que designó la Corte de Quiebras del Distrito Sur de Florida para liquidar la sociedad, Drew Dillworth, entregó un extenso reporte a comienzos de 2020 y recomendó a la justicia de su país imputar 18 cargos a los cuatro integrantes de la familia Mahecha Casas, que se resumían en que se aprovecharon de los recursos de los inversionistas, en que los engañaron con promesas de rentabilidad que no podían cumplir y que, incluso, tomaron de esas inversiones para mantener su lujoso estilo de vida.
Los Mahecha Casas residen en Bogotá, en un penthouse cerca del Parque de la 93 que fue reformado hace poco. El pasado 6 de abril, vía correo certificado, la Cancillería colombiana recibió todo el expediente que los involucra, incluida la notificación del “llamamiento a juicio y notificación de pre-juicio en un procedimiento litigioso”, cuyo fin es “la recuperación de activos distraídos [o sustraídos] de la entidad en quiebra por montos superiores a US$40′000.000”. Para ese momento, la misión era ubicarlos y dejarles saber que fueron llamados a juicio civil en Estados Unidos, tarea que el COVID-19 y el cierre de juzgados no ha facilitado.