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Este miércoles 2 de diciembre, el Congreso hizo por fin una esperada elección: la de los siete miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. En 2015, vía reforma constitucional, la cuestionada Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura dejó de existir, para dar paso a este nuevo organismo. Sin embargo, enredos burocráticos -dicho de la manera más simple- retardaron el cambio durante casi cinco años. Ahora, hay seis nuevos nombres que estarán a cargo de investigar y sancionar a los abogados, fiscales y jueces del país. Deberían ser siete nombres nuevos, pero Magda Victoria Acosta, ternada por el presidente Duque, ya hacía lo mismo justamente desde la Sala Disciplinaria de la Judicatura.
Así las cosas, esta Comisión nace con dos polémicas a cuestas. La primera es sobre Acosta, pues los magistrados del país, ha dicho la jurisprudencia, no pueden acudir a las puertas giratorias para saltar de corte en corte. Por esa vía salieron de la Judicatura hace unos años Francisco Ricaurte -hoy en juicio por su supuesta participación en el cartel de la toga- y Pedro Munar, aunque su situación difería de la de Acosta en algo esencial: fueron sus propios compañeros de Sala Plena quienes los eligieron para esos cargos cuando, a su vez, Ricaurte y Munar habían votado por ellos para llegar a la Corte Suprema. En otras palabras, “yo me elijo, tú me eliges”. No es lo mismo con Acosta, en medio de todo. (Lea también: Congreso eligió a los integrantes de la Comisión de Disciplina Judicial)
La segunda polémica, la más delicada, involucra al excontralor de Bogotà Juan Carlos Granados, quien también venía ternado por el jefe de Estado. En 2018, la Fiscalía le imputó cargos nada más y nada menos que por el escándalo de corrupción de Odebrecht, con base en el testimonio de Federico Gaviria, un empresario que ya había sido condenado por el carrusel de la contratación y que, con Odebrecht, terminó aceptando haber sido parte del engranaje de sobornos de la multinacional brasileña con el cual consiguió millonarios contratos en 12 países, entre ellos Colombia. El asunto no termina ahí: lo más grave es que Granados, quien ahora tendrá la tarea de sancionar a jueces y fiscales de todo el país, será llamado a juicio.
Este diario estableció que, el próximo 7 de diciembre, habrá audiencia para que la Fiscalía lea el escrito de acusación en su contra, el cual conoció El Espectador en su integridad. “Acorde con los elementos probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida, se puede afirmar con probabilidad de verdad que a partir del año 2011 Juan Carlos Granados como candidato a la Gobernación de Boyacá y durante el periodo en el que ejerció como primer mandatario del departamento, años 2012 a 2015, se concertó con otras personas, entre ellas los directivos de la firma Odebrecht [...] para cometer varios delitos”, dice el escrito de acusación. (Le puede interesar: Los enredos de la elección del nuevo contralor de Bogotá)
Según la Fiscalía, esa concertación fue con Luiz Antonio Bueno, Eder Ferracuti y Eleuberto Martorelli, además de Plinio Olano (quien ya fue a juicio y resultó absuelto) y el propio Federico Gaviria. El documento dice que la finalidad de esas reuniones era “que varios contratos estatales en los que tenía injerencia el gobernador Granados Becerra fueran adjudicados o direccionados ilícitamente en favor de la firma Odebrecht”. La Fiscalía asegura que en una reunión específica en casa del exsenador Plinio Olano en Sopó (Cundinamarca) se discutió el proyecto vial Duitama - Charalá - San Gil y que la conclusión del encuentro fue que Odebrecht apoyaría la campaña de Granados a la Gobernación con $200 millones.
“Como cumplimiento de los compromisos ilícitos adquiridos en campaña”, se lee en la acusación, Granados habría designado a un subordinado suyo, Bernardo Umbarila, para interactuar con Odebrecht, la cual finalmente se habría retirado de la iniciativa por encontrarla no viable financieramente. Para la Fiscalía, sin embargo, el delito se consumó y, por eso, acusa a Granados de tres delitos: concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y tráfico de influencias en servidor público. Él, por su parte, asegura que es inocente y por eso, en vez de aceptar cargos, decidió enfrentar a la Fiscalía en juicio. La Corte Suprema tendrá la última palabra en este caso. (Noticia relacionada: Estos son los ternados a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial)